La cultura de la violación en el Perú

Ella es una chica de 21 años que llamaremos Raquel. Parece extrovertida, segura, seductora. Proyecta mucho más edad de la que tiene. Con ella la conversación fluye, y eso la destaca entre las demás chicas del albergue. Raquel -nos cuenta su psicóloga- ha sido violada una y otra vez desde pequeña en distintas etapas de su vida. Chicas como ella –prosigue- de manera inconsciente han asumido que solo sirven para eso, y van de hombre en hombre buscando el amor que consideran correcto, pero en su camino solo logran encontrar más y más agresión.

¿INFORMES CON PREJUICIOS?

Entrevistamos a la psicóloga Laura Gonzales, ex perito forense para que nos cuente cómo funciona el sistema legal después de hecha una denuncia por violación. El sistema parece estar diseñado para el fracaso: solo en Lima se cuenta con cámaras Gesell, espacios especiales donde las víctimas menores de edad pueden dar su manifestación sin necesidad de enfrentarse a su victimario. ¿Y las víctimas que no son menores de edad? Quedarán, como sabemos, a disposición de cualquier policía y eventualmente de un fiscal.

Luego viene el informe psicológico que emite el perito encargado. Pero, ¿qué tan bien preparados están estos profesionales? Laura comenta que el reto radica en reconocer el nivel de veracidad de la denuncia, pero, en muchos casos, los responsables toman como referencia, innecesariamente, desde la apariencia de la mujer (si la ropa que usa es “provocadora”) hasta su historia sexual previa. Si según el último informe del INEI, entre enero y marzo de este año se registraron 1,390 denuncias por violencia sexual en todo el país, nos preguntamos: ¿cuántas de estas mujeres alcanzarán verdadera justicia?, ¿acaso solo aquellas que puedan demostrar un comportamiento previo “socialmente correcto”?

“Se sigue privilegiando el daño físico”, nos comenta la abogada Clea Guerra representante de la organización feminista Flora Tristán; inferimos que la violencia psicológica en muchos casos, que según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI, alcanza a dos de tres denunciantes, debe ser insuficiente.

MUCHAS NO DENUNCIAN

Existe aún un gran porcentaje de mujeres que no se atreve a denunciar agresiones para evitar la crítica social, o porque simplemente asumen que lo sucedido es normal, como la violación por parte de la pareja: “todavía están en la creencia que dentro del matrimonio está permitido exigir sexo, lo que se conocía anteriormente como el débito sexual. Todavía no se sabe que esto no está permitido por la ley”, nos dice Clea.

Pero, si se consigue que una mujer supere estas taras y denuncie, ¿puede el Estado garantizar funcionarios que recojan de manera responsable su testimonio y acompañar a la víctima a lo largo del proceso?

RESPUESTA INSUFICIENTE

La Defensoría del Pueblo registra en un informe reciente que entre enero del 2012 y junio del 2015, alrededor de 400 mil víctimas de violencia sexual acudieron a establecimientos de salud. El doctor Rafael Chanjan, representante de la Defensoría, comenta que el Estado tiene la obligación de brindar atención médica y psicológica de manera gratuita a todas las víctimas de violencia sexual –como dice la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Pero en dicho informe se halló que solo 1 de los 16 establecimientos de salud supervisados en Lima, Piura, Junín, Arequipa y Puno, cuenta con un ambiente especial de atención que garantiza privacidad y confidencialidad de las víctimas: el Hospital Nacional Madre Niño “San Bartolomé”, en  Lima.

Además, en el artículo 27 de dicha Ley, el Estado se compromete a la creación de hogares de refugio temporal, y programas dirigidos a varones para prevenir conductas violentas. Efectivamente, el MIMP cuenta con el Centro de Asistencia Institucional (CAI) que se encarga de atender a hombres sentenciados por violencia familiar, sin embargo, según cifras oficiales solo se han atendido 608 varones a nivel nacional, lo cual es claramente insuficiente, siendo la violencia de género uno de los tres delitos más denunciados. No es difícil entender que la tasa de feminicidio casi no haya bajado (93 asesinaros en 2014, 86 en 2015 y 176 casos de tentativa de homicidio el mismo año).

Nuestro país solo cuenta con unos 40 albergues a disposición de las poblaciones vulnerables, la mayoría con prioridad de atención a menores de edad, dejando de lado a gran cantidad de mujeres víctimas de violencia sexual en su entorno más cercano: “la nueva ley establece un procedimiento rápido para las mujeres víctimas de violencia, dentro de las 48 horas el juzgado de familia debe emitir una medida de protección apenas reciba la denuncia”, advierte el doctor Chanjan, pero el país no cuenta con la infraestructura necesaria que permita que esto se concrete.

EL PROCESO LEGAL REQUIERE MEJORAS

El proceso legal por delito de violación sexual dura como mínimo cinco años, indica la doctora Guerra. Y aunque existen diversos motivos para que se encarcele al acusado durante este tiempo, ninguno de ellos salvaguarda la integridad de la víctima, que en la mayoría de los casos comparte el mismo círculo familiar de su victimario. Por ello la víctima corre riesgo de ser violentada, después de hecha la denuncia.

Por ello, el Doctor Chanjan comenta que la Defensoría del Pueblo recomienda la implementación de programas de capacitación en temas de género para los operadores y funcionarios: “el problema es que hasta la fecha, la Defensoría no tiene conocimiento que se haya llevado algún tipo de curso en esta materia”.

¿Y EL PRÓXIMO GOBIERNO?

Se necesitan medidas urgentes, políticas claras y presupuestos suficientes desde el máximo nivel de gobierno para afrontar este violento flagelo. En ese sentido, el plan de gobierno del presidente electo, propone algunas medidas:

• Creación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres;
• Habilitación en cada comisaría principal distrital de un módulo de atención a la mujer víctima de violencia familiar y sexual, con ambientes adecuados y personal capacitado;
• Fortalecimiento de Centros de Emergencia Mujer en coordinación con municipios distritales;
• Capacitación a profesionales en los establecimientos de salud;
• Campañas preventivas contra el acoso y la violencia contra la mujer;
• Puesta en marcha del programa “Barrio Seguro” –reconociendo que la violencia doméstica y de género y la inseguridad ciudadana son problemáticas interconectadas.

Lo anterior se propone en el marco de la elaboración e implementación de un nuevo “Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2016-2021”. Así, la propuesta en papel del gobierno entrante genera expectativa, al menos la suficiente para intentar salir de ese deshonroso tercer lugar de países con más denuncias por violación sexual.

Pero los cambios necesarios no solo son materia de gestión pública. Seamos conscientes del papel que nos compete. Rechacemos cualquier tipo de violencia, sea física o verbal, sobre todo hacia niños y adolescentes; según un último informe de UNICEF más del 60% de niños han sufrido o sufren violencia: “la violencia que afecta a los niños, niñas y adolescentes contribuye a que los menores desarrollen sentimientos de miedo, socava su autoestima y su capacidad de autocontrol”, expresó María Luisa Fornara, representante de UNICEF en el Perú. Cifras similares de maltrato ha registrado el INEI en su última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (2015), donde el 75% de niños dicen sufrir maltrato en casa o en el colegio, el 35% ha sufrido algún tipo de violencia sexual alguna vez y el 20% en los últimos 12 meses.

Como vemos, la violencia sexual es un hecho traumático que debe ser tratado con especial cuidado ya que responde a una secuencia de acciones que deja en evidencia la desprotección del Estado hacia los menores de edad y las mujeres. Pero el pensamiento sociocultural sigue responsabilizando a la mujer por razones como su forma de vestir o su coquetería. Con esta forma de pensar instaurada de manera inconsciente en la mayoría de funcionarios encargadas de estos casos, denunciar una violación se convierte en un acto de valentía, cuando debería ser una respuesta natural a una agresión.

Hagamos lo que a cada uno le toca. No sigamos siendo cómplices.