Escribe Andy Phillips Zeballos

Ayer, los maestros en huelga eran los héroes de la educación, hoy, unos insensatos con “intereses políticos” (como si defender la educación fuera una cuestión apolítica). Ni mucho, ni tan poco. No hay que dejar de reconocer que siempre ha existido un componente de impugnación política al régimen político en esta huelga, y que esta impugnación rebasa, por supuesto, algunas de las demandas ya atendidas. Pero tampoco hay que dejar de tomar en cuenta la viabilidad de resolución del conflicto magisterial fuera del marco de una huelga que ha dejado por casi dos meses a miles de niños sin clase. Para mantener una valoración ponderada del núcleo del conflicto, recomendaría no abandonar un eje o marco de debate con sentido común: si las demandas son justas o no, si emancipan u oprimen aún más a los maestros y estudiantes, o si son demandas que ponen por encima la educación nacional o no. Esto es lo fundamental.

Así, deberíamos preguntarnos ¿son las demandas de incremento salarial, igualación salarial para maestros contratados y nombrados justas? Sí. ¿es razonable y justo que se exija al Estado un aumento en la inversión en educación hasta alcanzar el 6% del PIB? Sí. ¿Es pertinente y oportuno revisar la ley general de educación de 2003 y la ley de carrera pública magisterial de 2012? Sí. Y el ejecutivo, tras mucha displicencia, respondió de manera positiva estas demandas en un preacuerdo con el Comité Nacional de Lucha el sábado pasado. Preacuerdo que sería rechazado por las bases horas más tarde.

En este punto, cabe recordar que buena parte de estas demandas ya habían sido suscritas entre el CEN-SUTEP y el MINEDU el año pasado. Entonces, ¿por qué se produce esta huelga en junio-julio de este año? Según N. Lynch, por la amenaza de una evaluación de desempeño para el segundo semestre de 2017 sin aumentos a la vista que los maestros interpretaron como un procedimiento masivo de despido en la carrera docente. Asunto que sigue generando temor entre los maestros y constituye uno de las claves para entender por qué las bases rechazaron este preacuerdo. Interpretan que este gobierno seguirá contratando maestros, más no nombrando, lo que supone que la proporción de maestros con empleo inestable y precario sea cada vez mayor en relación a los maestros que cuentan con empleo fijo, seguro social, pensión, entre otros beneficios.
Que se sepa, ningún profesor se opone a ser evaluado, tal y como ellos hacen en sus aulas. Si seguimos con la misma lógica o marco de debate, y dando por hecho que el gobierno aceptó ejecutar una mayoría de demandas, debemos preguntarnos qué es lo que exige el gobierno a cambio, y si esto continúa siendo justo y razonable. La evaluación por desempeño basada en 6 criterios: a) involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, b) maximiza el tiempo al aprendizaje, c) promueve de forma efectiva el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, d) evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecúa su enseñanza, e) propicia un ambiente respeto y proximidad, f) regula positivamente el comportamiento de los estudiantes.

Como deja claro Spacio Libre en un artículo publicado hace unos días, hay elementos para comenzar a pensar que, siendo la educación un sector estratégico para el desarrollo del país, ciertas propuestas de corte meritocrático tienen cabida. Si desapruebas la primera vez, existen capacitaciones para acceder a otras dos evaluaciones. Obviamente, algunos elementos son discutibles, pero, ¿no es posible seguir discutiendo fuera del marco de una huelga? Sí, pero aparentemente hay tres factores que ejercen una fuerte presión para que la huelga continúe. El primero, como asegura el congresista Zeballos, el fujimorismo (que representa  y gestiona los intereses de los sectores más conservadores del país) estaría en conversaciones con los maestros, a los que habría prometido derogar la Ley de Reforma Magisterial. Además, el fujimorismo, entre otros sectores, apuestan por fragmentar y debilitar la organización sindical. No es un secreto que, para muchos congresistas fujimoristas, la educación es un tema sensible en tanto que han invertido fuertes sumas de dinero en universidades privadas.

El segundo factor es la oportunidad que observan algunos sectores del magisterio para levantar una nueva organización sindical que ‘jubile’ al CEN-SUTEP, el cual, tuvo un papel importante hasta el gobierno de Humala en la articulación y defensa de los intereses de los maestros. Recordemos que, durante el gobierno del expresidente, no se produjo ninguna huelga magisterial de escala nacional. No obstante, el CEN-SUTEP es fuertemente cuestionado por gran parte de los maestros y muchos de ellos, ya no se sienten representados por el mismo. Esta huelga, les ha supuesto un duro golpe, y no son pocos los maestros que consideran que la forma en que se ha desarrollado la huelga ha abierto la posibilidad de erigir un nuevo sindicato más descentralizado, autónomo y democrático. Pero para esto, necesitan acumular victorias y gestos por parte de las autoridades, conseguir ser el único interlocutor válido para el ministerio.

El tercer factor, menos relevante para una mayoría de involucrados, es la lectura que los maestros hacen de la meritocracia. Algunos de ellos exigen meritocracia para todo el aparato estatal y, especialmente, para los altos cargos que cobra un salario que escasos maestros pueden llegar a aspirar. Como decíamos antes, se entiende que al sector de la educación y la sanidad se le exijan mayor calidad y eficiencia en la provisión de servicios. Pero no se justifica que en una gran parte de este Estado centralista se concentre tanto poder, dinero y, que se haya asumido las ‘argollas’, como práctica habitual.

Aquí es cuando las justas demandas dejan paso a otro tipo de debates. Por esta razón, se entiende la pérdida de legitimidad de la huelga tanto para la población en general, como para algunos maestros. La meritocracia en la función pública, la unidad sindical de los trabajadores de la educación y el constante oportunismo con el que el fujimorismo suele intervenir para proteger sus intereses económicos, son asuntos que se pueden resolver fuera de un marco de huelga nacional que deja a cientos de miles de niños sin clase casi por dos meses.  Precisamente a las hijas e hijos de la clase trabajadora. Familias que no cuentan con el privilegio de poder pagar las altas mensualidades (que muchas veces equivalen a la mitad del ingreso familiar mensual) que hoy exigen buena parte de los colegios privados.

Hacen falta más y mejores profesores, y que la educación sea concebida y tratada como una herramienta real de redistribución del conocimiento, por tanto, del poder. Que la cuestión meritocrática sea una política transversal a cada entidad del Estado como apuntaba la olvidada Ley Servir que, por cierto, excluye al Congreso, SBS (!) y BCR (!). Y, más importante si cabe, que cada logro conseguidos por los movimientos de los trabajadores sean materializados e institucionalizados. No queremos más reformas a la neoliberal que suponen: recortes en el presupuesto y privatización. Queremos mejoras, ampliación de derechos y más recursos para la educación. Países vecinos ya han entendido bien esto. Nosotros estamos a tiempo.

* Fuente, click aquí. Interpretación de los maestros, aquí |

 

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