Escribe Miguel Lévano, especialista en Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam

Es evidente que la minería es una actividad importante para el país. Eso lo confirma la existencia de una cartera de proyectos mineros por US$ 46 996 millones. Sin embargo, el 48% de conflictos sociales que se registran a julio de 2017, están vinculados a este sector.

La percepción de que el “Perú es un país minero” se reforzó durante la década del auge de los precios internacionales de las materias primas (2003-2012), cuando los precios de los minerales se elevaron considerablemente. Ello se reflejó no solo en el crecimiento del producto y las exportaciones del sector, sino también en el mayor peso de su aporte tributario. Durante dichos años, la recaudación minera creció vertiginosamente hasta convertirse en el principal sector contribuyente.

Con la caída de los precios de los minerales, llegó también la caída en la recaudación, y el aporte de la minería se redujo hasta menos del 1% en el 2015. Lo paradójico es que la producción minera se incrementó 33% en los últimos dos años, así como las devoluciones de impuestos que para el 2016 superaron en S/ 4 000 millones en comparación a los S/ 2 000 millones de impuestos pagados por las mineras, como se aprecia en la información proporcionada por la misma SUNAT. Es decir, las empresas han recibido más por devolución de impuestos que lo que pagaron el 2016.

Hasta el momento, el Estado peruano no ha tenido la capacidad y voluntad para revisar y reestructurar el régimen tributario minero con el fin de garantizar una participación equitativa, oportuna y sostenible de la renta generada.

Tras la Ley de regalías mineras del 2004, los gobiernos posteriores se limitaron a aplicar medidas parciales y ajustes coyunturales al esquema recaudatorio. El desinterés por revisar y reformar el régimen tributario de la minería, a partir de una visión de futuro sobre el aprovechamiento de nuestra riqueza minera, ha sido una constante.

Mecanismos como la devolución anticipada del IGV o la deducción del impuesto a la renta por inversión en infraestructura que constituya servicio público (como carreteras que regularmente solo favorecen a las mismas compañías mineras), son beneficios que dejan duda sobre cuán justos pueden ser.

Estos y otros beneficios, como los contratos de estabilidad jurídica, se impulsaron desde los noventa para atraer las inversiones, considerando los contextos de violencia política y crisis económicas de esos años, los cuales ya no se justificarían. Es necesario, por ello, hacer un balance de sus beneficios y perjuicios, y evaluar cómo corregirlos.

El discurso del Estado y los gremios empresariales, que muestran cifras azules de la minería es insuficiente. No solo necesitamos incrementar la presión tributaria, para lo cual los beneficios injustificados a este y otros sectores no contribuyen. Es importante ver también otras dimensiones de los proyectos como la ambiental y social.

Vacíos legales, falta de transparencia y escasa capacidad fiscalizadora se han traducido en numerosos proyectos mineros que no tributan como deberían por la explotación de nuestro patrimonio natural. Las consecuencias de esas carencias se sienten en las regiones que no vienen recibiendo canon minero o reciben menos, a pesar de ser testigos del incremento de la producción, como en el caso de Cotabambas (Las Bambas).

Un gran favorecido por los beneficios tributarios ha sido Minera Cerro Verde, en Arequipa, que por reinversión de utilidades y no pago de regalías obtuvo ganancias extraordinarias entre 2005 y 2012, por US$ 5 860 millones.  Este escenario puede generar o reforzar conflictos sociales en el país.

Por ello, nos hace falta construir una visión más integral y coherente de la minería frente al rol que cumple, o debe cumplir en el desarrollo nacional y local, bajo principios de justicia y equidad, de cara al bicentenario, y frente al proceso que impulsa el Gobierno para ser parte del grupo de la OCDE. Debemos empezar a reconocer, revisar y reformar esos “beneficios” que no se justifican, y que no benefician a todos.

 

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