Llegar a mayor con la certeza de vivir dignamente luego de haber trabajado toda una vida es un derecho. Ese derecho en el Perú de hoy está solo garantizado para un porcentaje muy reducido de la población. El resto sobrevive echando mano de los hijos y familiares cercanos, de una jubilación irrisoria en el sistema público (ONP) o una pensión bastante menor a lo ofrecido en el sistema privado (AFPs) que además cobra altísimas comisiones sea que ganen o pierdan el dinero que usan de los afiliados para invertir principalmente en el extranjero: negocio redondo.

La situación se agrava cuando el mismo Estado limita las opciones del sistema privado a cuatro “empresas” (grupos económicos) y más grave aún, obligando a miles de nuevos afiliados a aportar a una sola de estas empresas que ganó un concurso con resultados notoriamente desfavorables para los nuevos aportantes. Más recientemente -a fines del año pasado- este tema estuvo caliente al discutirse una iniciativa legislativa para disponer del 95,5% de los fondos privados una vez que el afiliado cumpla los 65 años (recién cuando vieron venir esta iniciativa las AFPs y sus lobbystas empezaron a proponer alternativas “intermedias” como el uso de los fondos como garantía para créditos hipotecarios o el retiro total solo en casos excepcionales como de enfermedad grave). Pero, ¿funciona o no funciona el sistema privado de pensiones? Como es sabido, el modelo que tenemos (AFPs) lo copiamos de Chile, el mismo que tras algunas décadas de operar demostró que tenía serias deficiencias y limitaciones para cumplir lo que prometió cuando se puso en marcha en cuanto a montos de pensiones. Tantas limitaciones que el mismo gobierno chileno tuvo que hacer en los últimos años una reforma profunda que abriera muchísimo más el mercado e incluyera competencia del mismo Estado.

Adicionalmente, el gobierno actual creó e implementó el programa social Pensión 65, el mismo que llega a más de medio millón de personas mayores de 65 años, que reciben 250 soles mensuales (la mitad de lo ofrecido por Humala cuando candidato). Este programa ha recibido recientemente denuncias relacionadas con que miles de fallecidos habrían venido cobrando sus pensiones. Ello además de tantas otras que identifican serias ineficiencias en la logística de entrega, lo que no cuesta mucho verificar al ver las permanentes e infinitas colas en las distintas agencias que el Banco de la Nación tiene a nivel nacional.

Expuesto lo anterior, en nuestra lectura, el sistema requiere con suma urgencia una reforma profunda que garantice una pensión mínima universal -solo uno de cada tres jubilados recibe actualmente una pensión- y digna –sea en el sistema público o privado-, mayor competencia en el sistema privado para que ingresen cajas, bancos u otras entidades financieras de manera se reduzcan las comisiones –cuyo nivel sea escrupulosamente supervisado por la instancia reguladora y esté en estándares competitivos internacionales-, además de dejar libertad plena a los afiliados para decidir sobre sus fondos no solo apenas cumplan la edad de jubilación sino de manera previa –parcialmente. Esto además de reformar el sistema público haciéndolo más eficiente y reforzar y ampliar el programa Pensión 65, para que efectivamente cubra la totalidad de personas de la tercera edad que trabajaron toda su vida y no lograron insertarse al sistema. Estos son los mínimos que esperamos de un candidato presidencial al respecto.

¿QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES?

Luego de leer los 9 planes de gobierno de los candidatos con mayores opciones a alcanzar la presidencia, encontramos tres tipos de propuestas:

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TIPO 1: Pensión mínima universal, retiro de fondos y menos comisiones de AFP, más pensión 65

Aquí tenemos a los candidatos Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea. Ambos proponen en sus planes pensiones justas para todos y abrir la competencia sin límite alguno a instituciones financieras (incluida la estatal como propone Barnechea). Mendoza propone además eliminar la desigualdad de género en las tablas de mortalidad que usan las AFPs y reducir el aporte del trabajador compartiéndolo con la empresa y el Estado. Ambos además proponen la posibilidad de retirar significativamente los fondos del sistema privado (Barnechea de manera explícita) y reforzar el sistema público (incluido una notoria ampliación presupuestal para el programa pensión 65, como propone Mendoza, duplicando la pensión a 500 soles).

TIPO 2: Solo menos comisiones y uso de fondos de AFP para créditos

Aquí ubicamos al candidato Kuzcynski, el mismo que propone reducir “gradualmente” las comisiones del sistema privado a partir de abrir la competencia además de utilizar dichos fondos privados como garantía para un crédito hipotecario. Respecto a la posibilidad del retiro (parcial o total) de fondos al llegar a la edad de jubilación, en su plan no se manifiesta pero sí en declaraciones haciéndolo en contra. Tarjeta amarilla.

TIPO 3: (Prácticamente) no proponen nada

Los candidatos García, Fujimori, Toledo y Guzmán prácticamente no abordan este tema tan importante. García hace levemente referencia a la reducción de comisiones pero haciendo lo mismo que se hace actualmente (a través de la SBS), lo que no da garantía alguna de cambio, mientras Toledo y Guzmán solo hacen breve mención en relación a la necesaria continuidad y mejora del programa Pensión 65. Keiko Fujimori evade el tema solo haciendo mención a una “pensión de invalidez para las personas con discapacidad severa”. Grave para un tema tan importante. Tarjeta Roja.

Hasta la próxima entrega.

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