Una colaboración de Cooperacción

En segunda votación, el Pleno del Congreso derogó el pasado 20 de abril el artículo 19 de la Ley 30230 conocida como “Paquetazo ambiental”. El artículo derogado prohibía al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) imponer multas por contaminar y limitaba su función a la realización de medidas “correctivas”.

Durante la vigencia de esta  Ley, promovida en 2014 por el Ministerio de Economía y Finanzas con la excusa de “reactivar la economía”, las infracciones ambientales mineras se incrementaron en un 62%; mientras que el sector de hidrocarburos, el incremento fue de 15%, según los datos presentados por el congresista por Puno, Oracio Pacori, durante la sustentación de la derogatoria. Es decir, mientras la ley no tuvo mayor impacto en la economía, sí se convirtió en un incentivo para que las empresas tuvieran menos precauciones ambientales, al saber que no podrían ser sancionadas por ello.

Recordemos que una investigación periodística de Convoca.pe demostró que sólo en los primeros ocho meses de vigencia del ‘Paquetazo ambiental’, las mineras y petroleras dejaron de pagar hasta 55 millones de soles por infracciones tan graves como la desaparición de una laguna. Con la decisión del Congreso, nuevamente las empresas infractoras deberán pagar las multas correspondientes en caso generen impactos negativos al ambiente.

Si bien es un avance la derogatoria de este artículo, sorprende que no se haya planteado la derogatoria integral del paquetazo ambiental o cuando menos de otros artículos de la Ley 30230. Por ejemplo, la que redujo los plazos para que los funcionarios responsables emitan opinión técnica sobre los Estudios de Impacto Ambiental, poniendo en riesgo la calidad de las mismas. O la que redujo las facultades del Ministerio de Ambiente en temas tan diversos como el ordenamiento territorial, el establecimiento de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP) o la creación de zonas reservadas.

Lo que el Perú debería derogar con urgencia es aquella visión obsoleta de que “demasiada regulación ambiental” perjudica el crecimiento económico y a la inversión. Es esta ideología la que está detrás de normas como la Ley 30230.

*Columna publicada originalmente en la Edición Impresa #12 de Wayka

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