Escribe María Ysabel Cedano

La investigación preliminar de esterilizaciones forzadas como crimen de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos empezó el 2004, en cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso de Mamérita Mestanza versus el Estado peruano ante la CIDH.

Comprende un universo de 2089 denunciantes cuyos testimonios fueron recogidos por comisiones del  Congreso  de la República  y el Ministerio de Salud, Informes Defensoriales y de la sociedad civil.

En, julio 2016, la Fiscal Marcelita Gutiérrez concluyó que no procede la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Alberto Fujimor y sus ex Ministros de Salud Marino Costa Bauer,  Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, entre otros autores mediatos.

Asimismo, concluye que no procede denunciar por graves violaciones a los derechos humanos al personal de salud, salvo por 7 casos. No considera el caso Mestanza a pesar que el Estado reconoció que violó sus derechos humanos el 2003 y de un proceso penal en curso contra el operadores de salud por ello. Tampoco considera las 300 quejas declaradas fundadas por la Defensoría del Pueblo en dicha época.  Y no se pronunció en 77 casos entre los que se encontraban los casos de Celia Ramos y Victoria Vigo.  Por todo ello, Interpusimos queja oportunamente.

El Fiscal Superior Luis Landa no resolvió las quejas y ordenó a la Fiscal Gutiérrez que complete su investigación. Ella archivó definitivamente los 77 casos pendientes en su resolución del 7 de diciembre último.

La Fiscal no aplicó estándares internacionales en la investigación de violación derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y esterilizaciones forzadas, en su investigación en julio, por lo tanto presentaremos un nuevo recurso de queja.

La Fiscal reconoce que hubo política de Estado dónde se ligó trompas e hizo vasectomías. Existen pruebas sobre órdenes y directivas,  metas y cuotas, incentivos y sanciones, informes semanales al Presidente Fujimori. Pero no reconoce que se hizo sin garantizar el consentimiento informado y por lo tanto, que hubo dolo eventual.

Ella no le cree a las víctimas que alegan engaño, amenaza y violencia a pesar de las pruebas de ello. Las responsabiliza de lo que les pasó. Pero, sí le cree a Fujimori quién se ha limitado a responder que no hubo intención de esterilizar forzadamente.

Ella da por válidas firmas en actas de consentimiento informado sin tomar en cuenta contexto de violencia generalizada por conflicto armado interno, estado de emergencia, bases militares, precarización de contratos laborales en el sector público, pobreza y pobreza extrema, racismo y machismo que no reconoce aún hoy que las mujeres tenemos derecho a decidir.

"Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar"Colectivos y activistas reclaman justicia para las esterilizaciones forzadas a las cientos de mujeres durante el régimen fujimorista.

Posted by Wayka on Friday, July 7, 2017