Bastó que un medio de comunicación corporativo y funcionarios del Ministerio Público pongan la mira en las cabezas del partido Fuerza Popular para que se desate la furia fujimorista contra el sistema democrático. ¿Cuáles eran los tipos de fiscales, magistrados y periódicos que mantuvo el fujimorismo?

En la primera semana de noviembre, la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio reabrió la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su exsecretario general, Joaquín Ramírez.

Una semana después, los congresistas de la bancada fujimorista, Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma, anuncian desde la subcomisión de Acusaciones una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por asignar al fiscal Hamilton Castro como encargado del caso Odebrecht y  ‘retrasar la investigación’. “No tengo duda que denuncia del fujimorismo es por reapertura del caso Joaquín Ramírez”, afirmó Pablo Sánchez.

Durante el régimen de Alberto Fujimori, la exfiscal de la Nación Blanca, Nélida Colán, no solo se rehusó a investigar la denuncia contra Vladimiro Montesinos, sino que también abogó por él. Al terminar su periodo como titular del Ministerio Público, Blanca Nélida asumió la presidencia de la nueva Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, un cargo creado específicamente para ella en el que ganaba 9300 soles además de los mil soles de representación.

Magistrados amedrentados

Luego de que a través de una resolución los magistrados del Tribunal Constitucional avalan la decisión del juez a cargo del caso El Frontón que califica los asesinatos como delitos de lesa humanidad, la Comisión Permanente del Congreso –conformada por mayoría fujimorista- aprobó la denuncia constitucional contra los miembros del TC, Manuel Canales, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña.

Posteriormente, a través de un comunicado, los cuatro magistrados acusados por el Congreso manifestaron que la denuncia constitucional se violaría el debido proceso en el caso El Frontón.

En 1995, luego de que Alberto Fujimori disolviera el Congreso, creó una nueva Constitución que le aseguró la reelección en 1995. Un año después, el Congreso aprobó la Ley de interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución de 1993, en donde se establece que se contaría el periodo de Fujimori en la presidencia solo desde 1995 y no desde 1990, lo que le permitiría ser reelecto como mandatario por 5 años más.

Los magistrados del Tribunal Constitucional se opusieron a la ley aprobada por el Congreso. Ricardo Nugent, Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca y Delia Revoredo sentenciaron que la ley en cuestión no era aplicable para Fujimori, lo que le impediría postular nuevamente a la reelección. En 1997, el Congreso inició una investigación contra los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano, siendo finalmente destituidos de sus puestos.

Los diarios de antes

Una reciente publicación del diario El Comercio que señalaba a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori como uno de los candidatos que recibió dinero de Marcelo Odebrecht, desató la indignación de la heredera política de Alberto Fujimori, quien comunicó –a través de un video en Facebook- que denunciaría al diario por difamación.

Si bien el diario El Comercio es criticado por concentrar a un conjunto de diarios, radios y canales de televisión, dista de la línea editorial de los diarios chicha, cuyos promotores están actualmente presos.

Acababa el segundo gobierno de Alberto Fujimori cuando surgieron diarios como “El Mañanero”, “La Chuchi”, “El Tío”, “El Chato” y “La Yuca”, encargados de petardear a los rivales políticos del presidente de turno y financiados por el gobierno.

Algunas de las víctimas de los diarios chicha fueron Alberto Andrade, entonces alcalde de Lima y Alejandro Toledo, entonces candidato en las elecciones del 2000.

Las personas con las que el asesor presidencial Vladimiro Montesinos trató fueron los hermanos Moisés y Alex Wolfenson, dueños de “El Chino”, El Men”, y “La Razón”; José Olaya, exdirector de “El Chino” y “El Tío”; Pablo Documet, de “El Chato, “La Yuca” y “Conclusión”; y Alejandro Estrenos, de “El Mañanero”. Todos fueron condenados a cinco años de cárcel por peculado.

¿Esos eran los periódicos, fiscales y magistrados que quiere el fujimorismo?

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