Los vacíos de la ley que despenaliza el uso medicinal del cannabis

¿Qué tan completo es el proyecto que busca legalizar el uso medicinal del cannabis aprobado en la Comisión de Defensa Nacional? ¿Coinciden con las voces de las madres de los pacientes que gritaron en la marcha del último sábado desde el Campo de Marte hasta la Plaza San Martín? Tres especialistas analizan el dictamen que aún espera ser debatido en el Pleno. 

Por: Alvaro Meneses

«No soy una delincuente, soy una madre que lo hizo por amor a su hijo», dice al clausurar la marcha, Ana Álvarez, la presidenta del colectivo Buscando Esperanza a quien la Fiscalía investiga por tráfico ilícito de drogas tras el allanamiento de un laboratorio clandestino en San Miguel donde se producía aceite de cannabis con fines medicinales. Para Ana, la importación de aceite de cannabis que propone el Estado no es suficiente y el dictamen, aprobado por el parlamento la semana pasada, no basta.

Y es que luego de que el pasado lunes 18 de setiembre, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, presidida por el aprista Javiér Velásquez Quezquén, aprobara por unanimidad el dictamen que autoriza la ‘investigación, producción, importación, comercialización y uso informado exclusivamente con fines medicinales de productos derivados del cannabis’, tres especialistas analizaron el documento y coincidieron con la postura de Ana Álvarez. El dictamen no es suficiente.

La microbióloga, Luisa Ospina; el químico farmacéutico, Pedro Wong y el abogado de la organización Derecho y Justicia en Salud, Mario Ríos, identificaron que tres incisos del artículo tres del dictamen marginan las demandas de las agrupaciones de padres que exigen por la calidad de vida de sus hijos.

El primer punto del dictamen que dista de las demandas de las asociaciones de pacientes es el inciso 2 del artículo 3, donde se establece que solo el Instituto Nacional de Salud y los laboratorios químicos farmacéuticos tendrán licencia para producir a nivel nacional medicinas derivadas del cannabis.

Sin embargo, una de las principales exigencias de las asociaciones, canalizadas en los proyectos de ley presentados por los congresistas Tania Pariona, Alberto de Belaúnde y Hernando Cevallos, es la creación de clubes cannabicos donde se cultive de manera colectiva bajo las normas y vigilancia del Estado. Además de su bajo costo, el cultivo colectivo permite que el paciente acceda a la medicina específica que necesita, la cual varía en compuestos y dosis según el diagnóstico y cambios en los síntomas.

Luego, el tercer inciso del artículo 3 considera solo a la semilla de la marihuana como materia prima para su investigación y producción, cuando en realidad los pacientes consumen el cannabis en sus diferentes presentaciones, como sprays, a vapor, cremas, ungüentos y preparados herbales. La pepa de la planta sirve únicamente para la elaboración del aceite.

En el siguiente inciso, se ordena incinerar todo lo que no sea considerado necesario para la producción e investigación del cannabis medicinal, es decir, se quemará toda la planta a excepción de la semilla. Sin embargo, además de las semillas, las raíces, los tallos y hasta las hojas -frescas o secas- son potencialmente medicinales.

Ojo con la ley 

Al referirse al proyecto de ley presentado por los congresistas Alberto de Belaúnde y Tania Pariona, el abogado Mario Rios explica que si bien cumplen con las necesidades de los pacientes, el reglamento no debería incluirse en la propuesta legislativa porque es competencia del Ministerio de Salud establecer las enfermedades que pueden ser tratadas con cannabis. «El legislador no puede ser prescriptor, el prescriptor es el médico», explica Ríos.

Por su parte, el químico farmacéutico Pedro Wong cuestiona la propuesta presentada en conjunto por Pariona y de Belaúnde porque incluye la lista de enfermedades que serían tratadas con el cannabis, cuando en el último informe anual de la Academia Nacional de Ciencia, Ingenieria y Medicina de Estados Unidos que aún investiga los beneficios de la planta, se concluyó que el cannabis es efectivo para el dolor crónico, los cuadros de espasticidad en la esclerosis múltiple y las náuseas y vómitos por quimioterapia.

Por otro lado, Ríos también duda que al incluir el registro de usuarios en la ley se asegure el acceso a la salud a todos los pacientes. «La ley general de personas con discapacidad se aprobó en 2011 (…) solo se han registrado 60 mil y son 3 millones de personas con discapacidad, ¡y ya han pasado 6 años!», exclama Rios remontándose a la ley que considera que fue ineficaz a nivel de alcance.

Sobre la propuesta del Ejecutivo, Wong considera que lo negativo está en que el abastecimiento dependa únicamente de las farmacéuticas internacionales que produzcan el aceite de cannabis. No obstante, Wong encuentra favorable parte de la iniciativa, ya que, a diferencia de Brasil o Argentina donde el debate demoró porque no definían si el cannabis tiene propiedades medicinales, el Ministerio de Salud de Perú inició la discusión asumiendo la acción terapéutica de la planta.

En mayo de este año, Pedro Wong, Mario Ríos y representantes de los colectivos Buscando Esperanza, Mamá Cultiva y Marihuana Medicinal de Trujillo presentaron ante el parlamento un proyecto de ley que proponía la producción nacional, amnistía para los padres que cultivaban marihuana ilegalmente y remover al cannabis de la lista de controlados 1A, los cuales figuran como productos prohibidos junto a la desomorfina, un estupefaciente diez veces más nocivo que la morfina, compuesto por químicos tóxicos como el fósforo, codeína, thinner y alcohol; y llamado también ‘kokodril’, por lo carcomido que deja la piel tras su consumo: como cocodrilo.