En defensa de Máxima Acuña, las organizaciones Grufides y DEMUS, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una petición en contra del Estado peruano por incumplir con su deber de tutelar sus derechos fundamentales, violentada por la empresa minera Yanacocha y el propio Estado peruano en diversas oportunidades desde el año 2011.

“Esta violencia no solo ha sido reiterada sino que ha aprovechado la condición de mujer de esta ciudadana habiéndose configurado como violencia de género en un contexto de conflicto socioambiental. Esperamos que la CIDH evalúe estas vulneraciones de derechos humanos sufridos por esta ciudadana campesina, en quien se han profundizado las secuelas ocasionando el deterioro de su salud física, psicológica y emocional, lo que no debe quedar impune”, informó su abogada Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa durante el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y el Caribe que se realiza en Uruguay.

Esta petición se presenta ante el Sistema Interamericano luego de agotarse la vía interna en el Perú, debido a que el Ministerio Público archivó la denuncia por violencia de género que se presentó en abril de este año, generando impunidad.

 “En el Perú no existe garantía de protección de los derechos fundamentales. Una persona puede ser violentada sin que el Estado garantice su derecho de acceso a la justicia, a una investigación y sanción para sus agresores”, sostuvo  Vásquez.

María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, precisó que “la violencia de género en conflictos sociales es una de las 15 modalidades reconocidas en el nuevo Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y puede ser denunciada al amparo de la Ley 30364 contra la violencia hacia la Mujer e Integrantes de la Vida Familiar.

El Ministerio Público ha incumplido con su deber de debida diligencia al archivar la denuncia de Máxima Acuña evadiendo lo dispuesto por dicha ley, generando desprotección e impunidad al desconocer que la violencia de género también puede ser ejercida por parte de las empresas y el propio Estado”.

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