Por Paul E. Maquet, periodista.

“No hay nada más inadecuado para representar el estado de la opinión que un porcentaje”. Esta advertencia crucial del sociólogo francés Pierre Bordieu tiene casi 50 años de antigüedad, pero es de una actualidad sorprendente hoy, cuando en el Perú se discute el indulto “humanitario” al ex dictador Alberto Fujimori y el papel que los estudios de opinión tuvieron en dicha decisión.

Según se ha dicho, el presidente ejecutivo de IPSOS Perú, Alfredo Torres, habría defendido ante el presidente Kuczynski la tesis de que un indulto a Fujimori era bien visto por la población. En efecto, diversas encuestas mostraban en torno a un 65% de aprobación a un eventual indulto humanitario. No conocemos por el momento si Torres tomó en cuenta otros instrumentos analíticos, pero quizás no prestó suficiente atención a la advertencia de Bordieu: “en las situaciones reales, las
opiniones son fuerzas y las relaciones entre opiniones son conflictos de fuerza entre los grupos”, por lo que una encuesta “es incapaz de generar la menor previsión razonable sobre lo que pasaría en situación de crisis”.

Hoy estamos viendo un conflicto real que muestra la disputa por la opinión pública y el rol que cumple en ello la movilización de grupos socialmente activos y de actores políticos y líderes de opinión, no solo a nivel nacional sino en los diversos distritos y ciudades del país. Una cosa es preguntar en abstracto “si el presidente Pedro Pablo Kuczynski decide indultar a Alberto Fujimori por razones humanitarias, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con esa decisión?” y otra cosa es hacerlo una vez que están en curso de colisión las opiniones movilizadas de los diversos sectores sociales.

La movilización y presión social impactan en la conformación de opiniones. Porque permiten amplificar determinadas voces que quizás inicialmente no fueron escuchadas ni se les tomó en cuenta en su debida magnitud, y de esa manera ayudan a romper con la “espiral del silencio” como la denominaba Noelle Neuman.

Ejemplos prácticos de ello tenemos muchos en el Perú.

Sin duda el ejemplo más claro de este fenómeno es el propio antifujimorismo, esa suerte de reserva moral que conserva el país y que se ha activado con mucha fuerza cada vez que el estado de derecho se ha puesto en riesgo en los últimos años. En las últimas dos elecciones presidenciales, la movilización antifujimorista ha sido capaz de cambiar las tendencias y evitar el ingreso de Keiko Fujimori al Ejecutivo.

Pero otro ejemplo relativamente reciente es el de la Ley Pulpín. Poco antes de ser promulgada, en diciembre de 2014, tenía según IPSOS un 48% de simpatías y un 47% de rechazo. Sin embargo, tan solo un mes después, tras numerosas marchas y presión pública de grupos sociales y sindicales, ya el 72% de los encuestados la rechazaba; la situación se volvió políticamente insostenible y la norma tuvo que ser derogada por el propio Congreso que la había aprobado. Entonces el propio Torres dijo que este “es un buen ejemplo de cómo una buena idea puede naufragar por impericia política”. ¿Le habrá advertido de ello a PPK?

Un número produce la errada imagen de la opinión pública como algo estático, cuando se trata más bien de un organismo vivo y constantemente sujeto a cambios. ¿Veremos cambios en las próximas semanas, conforme crece la indignación y la movilización social en numerosas ciudades del país?

Es muy probable que sí, y a ello contibuye también la propia “impericia política” de la que hablaba Torres años atrás. Las encuestas encontraban que una cierta mayoría no se opondría por principio a un “indulto humanitario”, pero ninguna encuesta hizo la pregunta: “¿Estaría usted de acuerdo en que PPK negocie un indulto a cambio de que los votos de Kenji lo salven de una vacancia por acusaciones de corrupción”?.

La forma cómo han ocurrido los hechos -de manera concreta y no como una hipótesis en el vacío- le restan mucha legitimidad al argumento del indulto humanitario. Es una grotesca “casualidad” que los congresistas cercanos a Kenji salvaran a PPK el día 22 de diciembre y que Alberto Fujimori fuera trasladado a la clínica el 23 para recibir el indulto el 24, en plena nochebuena. Más aún cuando empiezan a conocerse un conjunto de informaciones que contradicen la supuesta gravedad del caso en términos estrictamente médicos, y cuando ya se sabe que el propio Fujimori “enfermo” llamó telefónicamente a los congresistas involucrados.

Si a esto se le suma los nombramientos de algunos operadores fujimontesinistas de los 90 en sectores estratégicos y el dichoso “gabinete de la reconciliación” anunciado por PPK -que suena a cogobierno-, esto es claramente un negociado político que no tiene nada de humanitario. Todo ello, sin duda, impactará negativamente en la evaluación popular de esta decisión, y no mejorará en nada la aprobación de un presidente que ya antes de traicionar a los sectores que fueron decisivos en su elección tenía apenas 18% de aprobación.

En las próximas semanas confirmaremos que PPK ganó 10 votos, pero acabó de perder la confianza de un país.

 

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