Este 13 de febrero, representantes del Gobierno Regional de Loreto y de las comunidades nativas de las cinco cuencas firmaron un acuerdo en el que daban un plazo de 20 días para que el Gobierno Central convoque a una reunión en la que se debatan estos puntos y otros más referentes a la situación del petróleo en Loreto. Han pasado más de 10 días y el Gobierno Central no se pronuncia
Nicolle Gamarra
Colaboración para Wayka
El último 20 de febrero, el Ejecutivo emitió un Decreto Supremo en el que declaraba en Estado de Emergencia al Centro Poblado de Mayuriaga, ubicado en el departamento de Loreto. La causa: un derrame de al menos 8000 barriles de petróleo en el kilómetro 193 del Oleoducto Nor Peruano, distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón.
Según el documento oficial, “ante el registro de derrame de petróleo […] la salud de la población de dicha localidad se encuentra en peligro inminente a consecuencia de contaminación de agua”. Si bien aún no existen cifras oficiales de afectados, su clasificación en estado de Emergencia nivel 4 –de 5- y su catalogación como un atentado ambiental por el presidente de Petroperú, James Atkins; nos da a conocer un esbozo de su impacto en la naturaleza y la afectación a las comunidades aledañas.
Ante este contexto, las comunidades indígenas de las 4 cuencas, principales afectadas por la extracción de petróleo en Loreto, no han sido actores pasivos y han formulado una serie de demandas respecto a este recurso. Nos contactamos con el líder indígena José Fachín, quien comentó que conjuntamente con el Gobierno Regional de Loreto, las comunidades han llegado a un acuerdo para solicitar que se declare en estado de emergencias la actividad petrolera en Loreto, previo a un debate en el que se incluya a las principales empresas de petróleo. “Esto nos permitirá repensar las reglas del juego y fomentar una industria de petróleo más responsable, que garantice el bienestar las comunidades” afirma.
Para lograr tal fin, las federaciones indígenas de la plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (LPAPLAP), a través de distintas mesas de debate y reuniones, han llegado a la conclusión que no solo hace falta una reparación, sino restauración e, incluso, una transición energética. Como primer punto en la agenda, la plataforma exige que las estructuras dañadas del olueducto Norperuano sean evaluadas. “Necesitamos que se realice un peritaje u estudio en el exterior para saber qué es lo que realmente está pasando. No es la primera vez que ocurre un derrame por esta área” sostiene Fachín. De esta manera, con este estudio, las federaciones exigen que el oleoducto se repare de una manera eficiente.
UNA COMISIÓN DE LA VERDAD
Como segundo punto en la agenda indígena, la LPAPLAP ha resaltado la importancia de la apertura de una Comisión de la Verdad para las comunidades indígenas. Afirma Fachín, esta servirá para “estudiar las violaciones de derechos y vulneraciones sistemáticas de los que han sido víctimas las comunidades”. Con esta propuesta, se espera garantizar un “bienestar” a la población indígena. Es decir, que subsane daños físicos y morales. Y, a su vez, genere un ambiente en el cual todos se sientan integrados.
Asimismo, comunica Fachín, como representante de las comunidades indígenas, “exigimos al Gobierno Central una revisión de sus distintas iniciativas legales, ya que atentan contra la calidad de vida de las comunidades indígenas”. Esto, en el contexto de la reciente propuesta de modificación a la Ley de Hidrocarburos (Ley N° 26221) y la Ley de Distribución del Canon Petrolero (Ley No 27506). Según el portavoz de LPAPALAP, “la Ley de hidrocarburos se debe dar a consulta previa para que sea una Ley que proteja a ambas partes a empresas y comunidades. Esta ley no respeta el Derecho a Beneficio, ni el Derecho a la Consulta Previa”
Apu Ismael Perez Petsa, da a conocer sobre los acuerdos que han llegado con las autoridades de Loreto.
