Texto y fotos: Wilson Chilo

“Desde abril llevo un tratamiento psiquiátrico con el consumo de medicamentos que, prácticamente, son drogas para contrarrestar esas sensaciones de angustia, de ansiedad y de depresión”.

Andrés Candia tiene 20 años de edad y es el hijo mayor de Remo Candia Guevara, dirigente campesino que fue asesinado tras el impacto de un proyectil de arma de fuego. Ocurrió el 11 de enero, en la ciudad del Cusco, en plena protesta social contra Dina Boluarte y el Congreso.

A partir de ese momento la vida de su hijo Andrés cambió. Ahora seguirá un tratamiento psicológico de un año para afrontar la pérdida de su papá. Pero también le preocupa el estado emocional de sus hermanos menores, una niña de 6 años y un niño de 10. 

Las historias de duelos aparecen en el largo camino de la batalla por la justicia. Raúl Samillán de 41 años es hermano de Marco Antonio Samillán, estudiante de la carrera de Medicina, joven brigadista, quien fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego mientras ayudaba a un herido cerca al aeropuerto de Juliaca en el departamento de Puno.

“La afectación fue dura. El cambio que hemos vivido a raíz de la pérdida de mi hermano ha sido muy fuerte, debido a que nosotros los hermanos, éramos ocho con Marco Antonio, siempre hemos vivido juntos en la misma casa”, dice Raúl.

Reynaldo Bustinza es psicólogo de profesión en la ciudad de Juliaca y junto al Centro de Acción Social Vivencias estuvieron acompañando a los familiares de las víctimas del 9 de enero en Puno. El especialista refiere que el proceso de duelo viene con trastornos mentales en el estado de ánimo, como depresión, ansiedad, angustia y en algunos casos estrés postraumático.

“El duelo tiene varias etapas, desde la negación: la cólera, la ira, la etapa donde la persona está en el momento más crítico, digamos, que toca fondo. Entonces a partir de ahí ya la persona va saliendo de ese momento y ese proceso implica varias emociones, tristeza, miedo, desesperanza, desconfianza”.

SIN JUSTICIA NO HAY DUELO

En este contexto, el duelo ya no es un proceso normal que se va superando con el tiempo. El duelo se convierte en un problema cuando no se puede salir de esa tristeza, de ese miedo, de ese desgano. “Ahí hablamos de un caso patológico, es cuando la persona no logra superar ese proceso”, indica el psicólogo Reynaldo Bustinza.

“De la etapa de duelo, prácticamente muchos de nosotros ya estamos ingresando a una etapa de depresión, porque ya se puede sentir. Por ejemplo, la falta de sueño, los insomnios, el apetito, las ganas de continuar. Y a eso se suma lo que es este proceso de investigación por parte de la fiscalía, con el hecho de haber trasladado la carpeta fiscal a la ciudad de Lima ha afectado aún más, ha hecho que se intensifique de repente el daño en el aspecto psicológico”.

Con estas palabras, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno, nos grafica el momento que están atravesando por la decisión del Ministerio Público de centralizar todas las investigaciones en la ciudad de Lima.

El joven cusqueño Andrés Candia indicó que cuando el caso de su padre se veía en la Fiscalía de Cusco, a pesar de las demoras, había más información; ahora que la carpeta fiscal ha sido trasladada a Lima tienen menos información y como consecuencia, más dudas, desesperanza, y desconfianza. Andrés dice sentirse muy triste:

“Siempre en mis sueños se encuentra mi padre, me busca de diferentes formas, me pide que le apoye o que busque justicia. Es lo que hago, en mis sueños, aparece él con su ropa ya hecho viejo por el transcurso del tiempo, siento que mi papá a veces me da señales de quién es la persona que lo ha podido asesinar”.

Este episodio que cuenta Andrés puede graficar ese anhelo y búsqueda de acceso a justicia ,y cómo a partir de este objetivo se convierten en activistas, asisten a eventos, viajan a encuentros, participan de las movilizaciones contra el régimen de Dina Boluarte. Toda su rutina y su vida ha cambiado.  

Al respecto, Raúl Samillán de Juliaca, menciona que su vida laboral se ha visto perjudicada en esa constante búsqueda de justicia:

“Yo soy docente. En los primeros meses del año siempre contratado e inicio en el mes de marzo. A raíz de la pérdida de mi hermano, yo no pude empezar en marzo, ni en abril, porque durante esos meses me encontraba en la ciudad de Lima; justo ahí en los informes que se daban en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de las diferentes instituciones internacionales, estuve constantemente viajando a Lima para dar a conocer todo lo que se había vivido en la ciudad de Juliaca”.

LA COMUNIDAD COMO ESPACIO DE FORTALEZA 

“La solidaridad, los principios quechuas y aymaras de nuestros antepasados han hecho que nosotros tengamos ese apoyo de la comunidad, de la sociedad. De alguna manera siempre están con nosotros”.

Samillán reconoce el apoyo y la solidaridad que hay en estos momentos, bajo esos valores. Por eso con otros familiares deciden conformar la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno.

“Ahí estamos de alguna manera apoyándonos entre nosotros, en cargar este dolor que tenemos. Ha ayudado bastante que nos podamos juntar y fortalecer para continuar esta búsqueda de justicia… Eso hace que podamos juntos cargar ese peso del duelo, nuestra pena que tenemos”, reflexiona.

REPARACIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

Este año el Poder Ejecutivo, como respuesta a los familiares de los fallecidos y heridos del conflicto social en el Perú, promulgó dos decretos de urgencia: el N° 006-2023 en el mes de febrero y una Resolución Ministerial en el mes de marzo, en donde autorizan la entrega de bonos económicos a los deudos y heridos, tanto a civiles como a efectivos policiales. No hay ninguna mención a la salud mental, pero tampoco se entrega como una reparación. 

En el primer decreto de urgencia, en el Artículo 2, en la naturaleza del apoyo económico, se indica: “El apoyo económico corresponde a una subvención que no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria. Este beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.

“La afectación mental hacia todas las víctimas se va empeorando debido a que no han recibido ningún tipo de soporte emocional y lo más esencial ni siquiera han hecho la evaluación o el peritaje psicológico del grado de afectación que tuvieron tanto los heridos como los familiares dolientes”, alerta Samillán. 

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado en abril de 2023, sobre la Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, recomienda al Estado peruano: “Adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales las cuales deberán incluir acciones de compensación; satisfacción; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia, y garantías de no repetición”.

Desde la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno, pedirán al Poder Ejecutivo y otras instancias del Estado una reparación integral en donde se incluya la atención a la salud mental de las familias y la atención en los centros de salud para los heridos.