La obstrucción de la justica por Telefónica al impedir que se revele el registro de las llamadas de Keiko Fujimori solicitadas por el fiscal Pérez debe sumarse a su largo historial contra los peruanos. Es un asunto grave, sobre todo porque, además, le pidió a sus trabajadores que eliminara esos registros en una clara acción de defensa de la corrupción, sabiendo que Telefónica estuvo en el exclusivo grupo de la Confiep que juntó 2 millones de dólares para apoyar la campaña de Keiko Fujimori; de tal manera que hay razones claras para que la misma Telefónica sea investigada.

Pero hagamos un poco de memoria. Telefónica tiene también una deuda tributaria que en mayo de 2016 ascendía a 6 mil 768 millones de soles, según la SUNAT, y los intereses se siguen acumulando porque Telefónica recurre al Poder Judicial para evitar el pago ¡desde hace más de veinte años!

Que Telefónica niegue los registros de las llamadas que conectarían a Keiko Fujimori con el exjuez supremo César Hinostroza, dejando constancia de que esas reuniones con la “Señora K” efectivamente se realizaron y, que sea precisamente el Poder Judicial a quien Telefónica apeló para evitar el pago de sus impuestos, es una coincidencia que no puede pasarse por alto.

Telefónica también ha sido multada varias veces por los reguladores de las telecomunicaciones. En más de una oportunidad, por atentar contra la libre competencia, generando condiciones de monopolio para poder cobrarnos tarifas más elevadas. Luego fue multada porque no prestó el servicio, cobró igual y no devolvió 3 millones tramposamente cobrados. Más recientemente ha sido multada por no atender los reclamos de varias decenas de clientes, incumpliendo de manera reiterada, incluso, lo que había sido sancionado por el regulador. Habría que recordar que, según ha estimado Osiptel, los usuarios pagamos injustamente 304 millones de soles extra al año, por los llamados “planes dominados”. De esa suma, 155 millones son apropiados por Telefónica. Por cierto, las multas no son ni la centésima parte de esa suma.

Una tercera área en la que Telefónica ha actuado abusivamente y ha tenido que ser puesta en vereda, siempre tratada con mucha delicadeza por nuestros gobiernos, ha sido la laboral. Comenzaron tercerizando una gran cantidad de operaciones, despidiendo trabajadores durante el régimen fujimorista para que esas tareas fueran hechas por “terceros” con menores salarios. Luego, ya con el retorno a la democracia, insistieron con despidos arbitrarios; en un caso fueron más de 400, lo que llevó a que fueran multados por el Ministerio de Trabajo, mientras que algunos despidos que llegaron hasta el final del proceso judicial fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional. Los trabajadores tercerizados que se organizaron en sindicatos también sufrieron despidos cuando reclamaron recorte de bonos y otros beneficios.

Telefónica trabaja como todas las empresas del ramo, porque el Estado peruano le otorga una concesión, ya que el espectro radioeléctrico es un recurso natural que le pertenece a la nación. ¿No es tiempo ya de que la continuidad de estas concesiones proceda solo para quienes trabajan con un mínimo de honestidad, responsabilidad y compromiso con la nación, tras una evaluación integral de su comportamiento?