Las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas incluyeron la despenalización de aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, garantizar el acceso a la educación sexual integral, entre otras reparaciones.

El Estado peruano no ha presentado ningún avance, a 33 días de que se cumpla el plazo dado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se apliquen las recomendaciones brindadas a Perú después de hallarlo responsable por la vulneración de derechos de Camila, una niña indígena víctima de violación por su padre y a la que se le negó el aborto terapeutico y sufrió criminalización y revictimización.

Esto a pesar de que dichas recomendaciones tienen carácter obligatorio, tal como lo expone el Centro de Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), y fue explicado durante la presentación del dictamen por Reina Uzcátegui, Oficial de Programas Planned Parenthood Global. Ambas organizaciones acompañaron a la menor durante este proceso.

“Si bien el dictamen no posee el carácter de sentencia, tiene valor jurídico. Se tratan de órdenes que están autorizadas para interpretar los alcances de tratados y convenciones como los derechos del niño (…) el Estado peruano ha aceptado estos dispositivos del derecho internacional, y el comité es un órgano que interpreta los alcances de estos mecanismos. Tiene el deber de recoger estas recomendaciones, interpretarlas y aplicarlas”. 

En el documento emitido por el Comité de Derechos del Niño de la ONU, se especificaron 11 recomendaciones relacionadas con las medidas de reparación y no repetición. En estas se incluyeron la publicación, difusión y traducción al quechua del dictamen, ya que es la lengua natal de la víctima, así como asistencia psicológica integral para Camila y una reparación económica para ella. 

Así mismo se recomendó la despenalización del aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, que se garantice el acceso a servicios de aborto y cuidados postaborto para las niñas gestantes, así mismo que se garantice el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a educación sexual integral, y la capacitación para el personal de salud en el acceso al aborto terapéutico, entre otras medidas. Sin embargo, hasta el momento el Estado peruano solo ha publicado el dictamen en su portal, sin evidenciar ningún avance adicional. 

Nuevos casos evidencian poco avance

Tras la difusión del dictamen favorable por el caso Camila, que busca que el Estado peruano adopte medidas de no repetición, se hicieron públicos otros casos de vulneración a menores que buscaron el acceso al aborto terapéutico y fueron revictimizadas y negadas de acceder a su derecho. 

Uno de ellos fue el caso de MILA, una menor de Ucayali que sufrió abuso sexual por parte de su padrastro y a la que se le negó el aborto terapéutico en primera instancia. Tras hacerse pública esta vulneración, la decisión de la Junta Médica en el Hospital Regional de Iquitos fue revocada por el Instituto Materno Perinatal de Lima. 

Posterior a esto, más casos salieron a la luz, en los que se evidenció la desinformación del personal de Salud, como en el caso de una menor en Cusco con la que se dilató la Aplicación del aborto terapéutico porque el director no conocía el Protocolo para su aplicación, y esperaba erróneamente una orden judicial. 

También se denunció el maltrato de una psicóloga del Centro de Emergencia Mujer a otra menor violentada en Cajamarca, a la que amenazó con ir a la cárcel si abortaba.
Cabe señalar que las cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, señala que hasta junio del 2023, hubo 364 nacimientos cuyas madres tenían entre 11 y 14 años. Además, según información del Fondo de Poblaciones de la Naciones Unidas (UNFPA), cada día hasta 11 niñas de 10 a 14 años quedan embarazadas y 4 se convierten en madres en el Perú.