Dos comuneros de Catacaos fueron sentenciados a 4 años de pena suspendida por supuesto agravio contra empresa vinculada al Sodalicio. Este 1 de agosto será la lectura de sentencia y ellos esperan que la Sala de Apelaciones declare fundada su apelación y revoque la sentencia en su contra.

Por Malú Ramahí, corresponsal en Piura

En el 2017, Daniel Nicanor Marcos Ortega, jefe de seguridad de la empresa Santa Regina, vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana, denunció a Félix Maza y Percy Maza, dos comuneros de Catacaos, por presuntamente robar y dañar bienes de la empresa en la que trabajaba. 

Quienes dieron sus testimonios de los hechos fueron el mismo Marcos Ortega y dos policías que realizaron la constatación. El jefe de seguridad dijo que, aproximadamente 10 personas habían llegado al terreno de la empresa. Todas con los rostros cubiertos, pero que pese a eso, habría reconocido a Félix y Percy Maza.

En el acta, la policía no señaló a ningún responsable y la empresa presentó solo las boletas de venta de los bienes “dañados”.  A pesar de ello, la jueza Nancy Choquehuanca del Tercer Juzgado Penal de Piura dictó 4 años de prisión suspendida más trabajo de servicio comunitario para los comuneros.

Este 1 de agosto es la lectura de la sentencia y está en manos de la Segunda Sala de Apelaciones de Piura declarar fundada la apelación presentada por la defensa legal de los comuneros y revocar la sentencia en primera instancia. Ambos comuneros esperan que se haga justicia y sean absueltos, ya que consideran la denuncia como una estrategia para apartarlos de sus tierras.

ADVIERTEN DE SENTENCIA ILEGAL E IRREGULAR

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), institución que brinda asesoría legal a los comuneros, advirtió que la sentencia sería» ilegal e irregular», por lo que el 25 de julio de este año decidieron apelar. Wayka conversó con la Unidad de Protección de Defensores de la CNDDHH, quienes acompañan a los comuneros desde el 2019.

Según explicaron, en la sentencia no se toma en cuenta el Acuerdo Plenario N°2-2005/CJ-116, el cual subraya que las pruebas para condenar “deben ser suficientes”.

“El señor Ortega no estuvo en el lugar de los hechos cuando estos ocurrieron. Él llega ante la llamada de dos personas de seguridad de la empresa. Cuando llega ya no encuentra a nadie. No hay ninguna foto, no hay ninguna prueba aparte del testimonio de estas tres personas que demuestre que Félix y Percy estuvieron en el lugar de los hechos. Fueron como 10 personas, dos de ellas armadas y los identifica a ellos dos [en referencia a Félix y Percy Maza]”, explica.

También mencionaron que no sería la primera vez que Marcos Ortega, el jefe de seguridad, estaría detrás de una denuncia contra los comuneros de Catacaos. Usurpación, daños a la propiedad, lesiones, hurto y robo, son los delitos más recurrentes por los que los comuneros han sido denunciados desde diciembre del 2011, cuando una red de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana pretendieron apropiarse de sus terrenos, como lo reveló Wayka.

“Nosotros lo que vemos ahí es que efectivamente lo que buscan es estigmatizarlos, lo que buscan es ponerles la etiqueta encima de delincuentes, para que ellos abandonen los campos que ocupan en la zona. Esta disputa es casi por las 2 mil hectáreas”, indicaron.

Wayka también conversó con Felix y Percy Maza, quienes aseguraron que el día de los hechos, se encontraban en sus hogares en el campo y sus familias son testigos.

“Es muy claro, tratan de hostigarnos, de aburrirnos, de sacarnos de nuestras tierras. Su fin es sacarnos de donde estamos por las buenas o por las malas, de las tierras de las comunidades”, menciona Felix Maza, haciendo referencia a otra denuncia interpuesta en su contra.

De igual forma, Percy Maza reafirmó su inocencia.  “Nosotros somos inocentes, en ningún momento estuvimos en el lugar de los hechos. A veces la justicia no ve por el lado de la pobreza, sino del poder económico”, 

Percy también mostró su preocupación por las amenazas que viene recibiendo. “Yo temo por mi vida, porque lamentablemente yo aquí estoy amenazado, han llegado a balear mi casa”, contó. Sin embargo, el comunero también denunció que, a pesar de haber conseguido garantías, ya no ve presencia policial cerca de su hogar.