Las comunidades aimaras del sur de Puno enfrentan nuevamente la amenaza de la minería. Desde que inició el régimen de Dina Boluarte se han reactivado concesiones mineras en las cuencas transfronterizas de Callaccame, Pusuma y Mauri Chico, ubicadas entre Perú y Bolivia.

Frente a esta situación, el 23 de octubre de este año, las comunidades campesinas de Alto Aracachi Quelluyo, y Chacocollo y su anexo Isca Chacocollo, ubicadas en el distrito de Kelluyo (Chucuito, Puno), presentaron una demanda de amparo ante el Segundo Juzgado Mixto de Desaguadero contra el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) y la empresa Nueva Energía Metálica S.A.C.

En dicha acción legal, las comunidades rechazan las concesiones mineras otorgadas en su territorio, argumentando la vulneración de su derecho a la consulta previa, al territorio y a la autodeterminación como pueblos indígenas aimaras, conforme lo garantizan la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese sentido, el Juzgado admitió la demanda y ha dispuesto que las partes demandadas realicen su descargo en un plazo de 10 días, conforme a lo establecido en los artículos 5 y 12 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Las comunidades aimaras de Kelluyo buscan anular las 7 concesiones mineras tituladas, que abarcan 6400 hectáreas, de tipo metálica, otorgadas a la empresa Nueva Energía Metales SAC (anteriormente Consolidated Copper Corporation SAC). Dichas concesiones fueron otorgadas de forma veloz por el actual régimen.

La demanda no solo busca la nulidad de estas concesiones mineras, sino también  solicita que se ordene al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura (Mincul) llevar a cabo un proceso de consulta previa en forma adecuada, con la participación de todas las comunidades impactadas por esta actividad extractiva.

Asimismo, las comunidades resaltaron su relación espiritual con la tierra ya que son aspectos centrales para la vida de los pueblos originarios, y que la minería en sus territorios representa una amenaza a su identidad cultural y espiritual.

«El Estado nunca estuvo presente en nuestras comunidades, pero cuando se trata de concesiones mineras, las otorgan con facilidad, sin respetar nuestra decisión”, recalcó Rubén Primitivo Llave Gómez, presidente de la comunidad Chacocollo y su anexo Isca Chacocollo.