Las poblaciones afectadas tras la pandemia reclaman el cumplimiento de un bono solidario que fue acordado en el Comité de Gestión del Convenio Marco de Espinar. Aún no hay acuerdo en el monto del bono y dirigentes vienen siendo criminalizados.

Por Wilson Chilo, corresponsal en Cusco

Desde el día lunes de esta semana, la provincia de Espinar entró en una huelga indefinida ante el incumplimiento de la entrega de un bono solidario para la población afectada tras la pandemia, compromiso que fue asumido por el Comité de Gestión del Convenio Marco de Espinar. Tras reuniones frustradas, el día de ayer martes 8 de noviembre, los dirigentes del Frente de Defensa ratificaron su medida y bloqueos en el corredor minero.

El alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas, como presidente del Comité de Gestión del Convenio Marco convocó a una reunión el martes para abordar el tema del bono solidario, monto que sería desembolsado por la empresa minera Glencore Antapaccay. Para sorpresa de los dirigentes, la reunión fue virtual y ellos no fueron invitados. Este hecho generó un mayor malestar.

Sergio Huamaní, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), informó que no les llegó ninguna invitación. “Exigimos que esta reunión deba ser de manera pública y transparente, por nuestra parte determinaremos las acciones concretas y seremos firmes”, enfatizó el dirigente.

En ese mismo sentido, Fredy Llaique, presidente del Frente de Defensa de Pallpata, indicó a Wayka que la huelga indefinida se ratifica y que los dirigentes seguirán conversando con las comunidades campesinas de Espinar para que se sumen a la protesta.

Fotos: DHSF

NO HAY CONSENSO SOBRE EL BONO

En el año 2020 y ante una crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, la población de Espinar se movilizó para solicitar un bono de S/ 1.000. Este dinero fue desembolsado por el Convenio Marco, el cual administra un fondo del 3% de utilidades de la empresa minera Glencore Antapaccay.

Hoy se avecina un nuevo conflicto. Los espinarenses solicitan un bono de S/ 2.000 soles, sin embargo para el alcalde provincial este monto pondría en riesgo la ejecución de proyectos, ya que sumaría los S/ 90 millones.

Por su parte, los dirigentes acusan de corrupción a la gestión municipal y señalan que el fondo del Convenio Marco habría sufrido un robo sistemático. Además se estarían impulsando proyectos supuestamente sobrevalorados que no benefician a la población.

DIRIGENTES CRIMINALIZADOS

Helio Néstor Cruz abogado de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) indicó que hay una situación de relación tensa en la provincia de Espinar. Por un lado, la protesta social exige derechos, cumplimiento de deberes que tiene tanto el Estado y el privado; y por otra parte, tenemos la presión del Estado a través de la criminalización o por denuncias de calumnia contra los dirigentes.

El abogado de DHSF informó que en la provincia de Espinar son alrededor de 30 casos penales de denuncias contra dirigentes por participar en protestas sociales. Entre las provincias de Espinar y Chumbivilcas – que son parte del corredor minero- suman más de 100 personas que tienen investigación preliminar en la fiscalía.

“En estos últimos años se han incrementado la denuncia a dirigentes por protestar, por las protestas del último año se han criminalizado dirigentes”, indica. Además, el abogado alerta que hay un elemento nuevo en las querellas.

“Los dirigentes son denunciados por sus declaraciones, por difamación, solo por opinar en los medios de comunicación de como ellos ven la afectación ambiental en su territorio”, advierte.

El abogado Helio Cruz refirió que en estas denuncias el Ministerio Público ya no lo impulsa de oficio, sino ahora es la municipalidad y la empresa minera quienes denuncian a los dirigentes. En estos momentos se sigue un proceso de investigación preliminar contra el ex presidente del Frente de Lucha, Rolando Condori, el actual dirigente del FUDIE, Sergio Huamaní, quien fue denunciado por el presunto delito de difamación agravada.