La iniciativa del congresista de la bancada Alianza para el Progreso busca modificar los artículos 106 y 107 de las leyes de las carreras judicial y fiscal para dar al Congreso facultades que le corresponden a la Junta Nacional de Justicia. 

El pasado 28 de diciembre, el parlamentario de la bancada Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, presentó un proyecto de Ley que busca realizar una reforma constitucional en el Poder Judicial y el Ministerio Público a través de la modificación de los artículos 144 y 158 de la Constitución Política del Perú. 

Según el documento, a través de este Proyecto que se deberá discutir en la Comisión de Constitución, Chiabra propone cambiar los artículos 106 y 107 de las leyes de las carreras judicial y fiscal para incluir al Congreso como la entidad encargada de destituir a los fiscales y jueces supremos de sus cargos, lo que le restaría facultades a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). 

Otra de las principales funciones de la Junta Nacional de Justicia es nombrar y remover del cargo, cuando corresponda, a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esta facultad también se vería afectada.

En resumen, con este proyecto, se reduciría la función principal de la JNJ a aplicar aquello que se decida en el Pleno del Congreso sin mayor participación.  

Todo esto en el contexto en el que el Congreso realizó una persecución contra los integrantes de la JNJ a fin de lograr su destitución. Además, dicha entidad se encuentra actualmente investigando a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien está suspendida de su cargo por liderar una presunta organización criminal que negociaba intereses con algunos parlamentarios..

A esto se suma un dato no menor, el abogado representante de Benavides, Anibal Quiroga, es yerno del parlamentario Chiabra, por lo que su proyecto cae en un conflicto de intereses. 

También se modificaría el proceso de elección de titulares

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en la reciente propuesta legislativa, es la modificación de la forma de elección tanto del presidente del Poder Judicial como del fiscal de la Nación. 

Según el documento, en ambos casos se buscará que sean funcionarios con mayor antigüedad los que ocupen dichos cargos, y no a través de una votación con candidatos que presenten y sustenten planes de trabajo como hasta ahora. 

“El cargo de presidente del Poder Judicial es ejercido por el vocal supremo titular de mayor antigüedad por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección”, cita el documento. Sobre el titular en el cargo de fiscal de la Nación, agrega: es ejercido por el Fiscal Supremo Titular de mayor antigüedad por un período de tres años, sin posibilidad de reelección”.