Manuel Merino, Luis Galarreta y Pedro Olaechea han sido presidentes del Congreso durante los últimos años. De hecho, podría considerarse que han sido parte de las piezas que han servido para alterar el sistema político que ya de por sí es frágil en nuestro país.

La figura más representativa del golpe a la democracia de los últimos años puede graficarse en Manuel Merino, quien ingresa al Congreso nuevamente tras la disolución decretada por Martín Vizcarra en setiembre de 2019. El 16 de marzo de 2020 fue nombrado presidente del Parlamento, precisamente el mismo día que dio inicio el estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19.

Pese a la vigencia de la pandemia, Merino mantuvo actitudes cuestionables tras el anuncio del estado de emergencia. Insistió con el trabajo presencial en el Legislativo, y ordenó que no se suspendieran los viajes de los congresistas. Adicional a ello, fue un fuerte impulsor de la destitución de Vizcarra, proceso que dio frutos tras autorizar la difusión de los audios que exponían una aparente coordinación entre el entonces presidente de la República y su entorno de confianza, para responder y eludir la investigación vigente sobre el caso relacionado con “Richard Swing”. 

El 10 de noviembre de 2020, tras la vacancia de Martín Vizcarra, Merino asume la presidencia del Perú con un golpe institucional complotado por el Parlamento, en su calidad de presidente del Congreso y tras la carencia de un vicepresidente de la República. Durante su breve mandato, el Perú estuvo sumergido en una ola de protestas que fueron reprimidas con crudeza, ocasionando decenas de heridos; hasta que el 14 de noviembre en que murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado. Apenas cinco días duró su mandato. Se vio obligado a renunciar. 

La Investigación sobre este hecho, tanto para Manuel Merino, como para sus exministros Antero Flores y Gastón Rodríguez, fue archivada en el Congreso en junio del presente año, tras el informe presentado por el legislador Alejandro Cavero, en el que se blindó además al expremier de facto Ántero Flores-Araóz y mandos policiales. De esta forma se deja sin justicia a los familiares de las víctimas. 

Luis Galarreta es otra de las figuras que ha pasado por la titularidad del Congreso. En junio del 2021, se admitió en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia en su contra por presuntamente haber cambiado la condición de 17 trabajadores del Congreso, sin que estos pasaran las evaluaciones que establece la ley. El nuevo contrato que se les otorgó a  dichos trabajadores era por un tiempo indeterminado. Este hecho ocurrió precisamente, mientras ejercía como presidente en el Legislativo. 

Pero eso no es todo, actualmente es investigado por la Fiscalía por presuntamente pertenecer a una organización criminal, que habría comprado votantes en las elecciones presidenciales del año pasado, con el fin de favorecer a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. 

Según la fiscal Rosa Flores Chávez se habrían gastado más de 12 millones de soles para “premiar” a las personas que votaron a favor de Keiko Fujimori. Luis Galarreta, en calidad de secretario de Fuerza Popular, es el principal sospechoso de liderar dicha organización ya que era el encargado de llevar la contabilidad del partido. 

Pedro Olaechea, por su parte, tiene un historial de declaraciones cuestionables. Estuvo a favor de la Ley 30723, que promovía la construcción de carreteras en zonas cercanas a la frontera de Ucayali, y que, además, ponía en peligro a las comunidades indígenas dando más salida a la minería ilegal y al narcotráfico. En sus declaraciones sobre este hecho expresó: «Son poblaciones marginales todavía […] No se puede dejar a la gente pegada al pasado». Así mismo, estuvo en contra de la etiqueta octogonal que se propuso como parte de la Ley de Alimentación Saludable. 

Además se mostró aliado de grupos conservadores como Con mis hijos no te metas. 

El expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, que encabezó el Legislativo durante la disolución del Congreso, también fue denunciado por el presunto delito de usurpación de funciones en su calidad de extitular de la Comisión Permanente. Esto debido a que presentó una demanda competencial y una solicitud de medida cautelar contra el Decreto Supremo Nro-165-2019-PCM que ordenaba la disolución del Congreso, firmando como presidente del Parlamento y no como titular de la Comisión Permanente. Esta denuncia, sin embargo, fue archivada por la Fiscalía. 

Pese al prontuario de estos tres personajes, fueron citados este 21 de julio con el fin de rendirles un homenaje presidido por María del Carmen Alva. Dicha ceremonia, llamada “Condecoración de Personalidades”, se llevó a cabo en las instalaciones de la  Presidencia del Palacio Legislativo.