Magda era estudiante de tercer año en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuando consiguió involucrarse en los espacios de participación estudiantil. Sin embargo, no sabía el hostigamiento y acoso al que sería sometida después por decidir sobre su cuerpo y fomentar la libre decisión de otras mujeres. 

Ella es solo uno de los innumerables casos que no se cuentan en las cifras. Mujeres que son juzgadas, hostigadas y criminalizadas por años en espacios de estudios. Y aunque no llevan procesos judiciales, reciben “castigos” sociales que las perjudican.

Aborto clandestino

Magda tomó la decisión de abortar a penas se enteró de su embarazo. Ella no solo no estaba lista para ser madre, sino que llevaba tratamiento médico por artritis reumatoide, además de tratamiento psicológico y psiquiátrico, por lo que un embarazo era riesgoso. Pese a eso, no tuvo la orientación necesaria para poder solicitar un aborto terapéutico, por ello,  al igual que muchas mujeres en el país, tuvo que someterse a un aborto clandestino. 

Aunque no existe un registro exacto sobre el número de abortos realizados en el país, se estima que el 19 % de mujeres en el Perú se ha practicado un aborto según información del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex. Ya que no es legal, las condiciones suelen ser deplorables. Tal es así, que los abortos clandestinos representaron la tercera causa de mortalidad materna en el país, e incluso ha sido determinado como un problema de salud pública. 

Su proceso de aborto, tal como ella lo describe, fue violento y traumático. No solo porque tuvo que vivir la intervención sin anestesia o algún otro medicamento que la ayude con el dolor, sino porque además tuvo que soportar la falta de empatía tanto de la obstetra que se encargó del procedimiento como la de su acompañante. 

Criminalización en el espacio estudiantil

Magda supo ese mismo día que de alguna forma varios estudiantes de la universidad tenían conocimiento de que ella se había practicado un aborto. Ella escuchó a un grupo de compañeros liderados por otro representante estudiantil burlarse de su situación mientras bebían alcohol. 

“Un estudiante de mi facultad con quien yo había tenido cercanía se enteró de esta situación y digamos que la utilizó para hacerse notar entre los demás compañeros hombres de su escuela, y empezó a contar mi situación a pesar de que es algo que a él no le compete. Fue en un contexto bastante machista, eran puros hombres, y además hacían bromas al respecto, y sobre mi cargo de representante del comité de género de mi escuela”, cuenta Magda para Wayka.

Magda decidió poner una denuncia por acoso en la Defensoría Universitaria, sin embargo recibió más revictimización durante el proceso. “Él insinuó que yo era la criminal. Él dijo que él no había cometido ningún delito, que él había hablado de la situación porque le causaba preocupación y que quien había cometido un delito era yo (…) Luego llegó a ser asambleísta universitario, y a pesar de que tiene una denuncia también por maltrato psicológico que puso su ex enamorada, no se le ha sancionado”. 

Al respecto cabe señalar que toda información vinculada a la vida sexual o reproductiva de las personas está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733. “La difusión de dicha información sólo es posible con el consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco de su titular”, aseguró la abogada Brenda Álvarez, representante de Justicia Verde.  

Al igual que Magda, en el estudio Nacer con Útero: efectos de la criminalización del aborto en el Perú, elaborado por Justicia Verde, se detallan más casos de víctimas de hostigamiento en su espacio estudiantil por decidir sobre sus propios cuerpos. Incluso se narra el caso de una adolescente de 14 años que fue expulsada de su institución por esta situación. Según el estudio, esto “contribuye a la transmisión de prejuicios y estereotipos sobre las mujeres y el rol que “deberían” tener dentro de la sociedad”. Además que interfiere con el desarrollo académico y la estabilidad emocional.

Activistas también son criminalizadas

Así mismo, existen diversos casos que reflejan la persecución a activistas que lideran la difusión de información relacionada aborto y misoprostol, por parte de sus centros educativos.

En el estudio citado, se expusieron los casos de Tatiana, Bárbara y Cecilia. Las dos primeras estudiantes, al igual que Magda, eran miembras activas de un gremio estudiantil. En el marco del 28S: Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto, publicaron junto a su organización gremial información sobre el aborto seguro con pastillas. Inmediatamente recibieron la censura de las autpridades de su universidad, quienes alegaban un supuesto atentado contra la salud de las y los estudiantes.

Por su parte, Cecilia fue involucrada en una investigación debido a un informe presentado en público que exponía información científica sobre el aborto y el uso de misoprostol.

Data que refleja la persecución

Pese a que no existe una base de datos que recoja estos casos de hostigamiento, según la información de la Policía Nacional del Perú, en el rango de años del 2016 al 2021, se registró un total de 1517 denuncias a nivel nacional por el delito de autoaborto. 

Además. según la data del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación se conoce la existencia de 5 mil 403 casos de delitos de aborto registrados en todos los distritos fiscales del país dentro del mismo periodo, según el estudio de Justicia Verde. 

Al respecto, Álvarez reconoce que “en nuestro país, persiste un fuerte mandato de maternidad obligatoria, y los operadores de las instituciones estatales suelen actuar como vigilantes rigurosos de su cumplimiento”.

Además, agrega que “esta situación representa un grave problema que requiere atención, ya que nuestras investigaciones indican que la criminalización afecta a las personas por igual, independientemente de si el aborto fue provocado o no. Es necesario abordar esta dualidad, trabajando tanto en la eliminación de la criminalización legal como en la transformación de las actitudes sociales arraigadas que contribuyen a la estigmatización de quienes atraviesan la pérdida de un embarazo”.

Magda por su parte comenta que dicha situación empeoró sus crisis psicológicas, y dificultó la recuperación de su estabilidad emocional, así como su rendimiento académico. Sin embargo, ahora como activista por los derechos sexuales y reproductivos, sigue luchando por la libertad de decidir.