Denuncian persecución a activistas ambientales Lucila Pautrat (Loreto) y Jesús Cornejo (Arequipa), por protestar en contra de grandes proyectos extractivos, actividades de economías ilegales y violación de derechos humanos y ambientales, según el reciente pronunciamiento de Defensoras y Defensores ambientales, una campaña que agrupa a organizaciones como el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) y la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC).
El Poder Judicial de Lima confirmó la sentencia contra la defensora ambiental Lucila Pautrat por delito de “difamación calumniosa agravada hacia la empresa Tamshi SAC”. Dicha empresa presentó la querella en 2019 cuando Pautrat publicó dos notas periodísticas informando de las presuntas actividades ilegales que se realizaban sin autorización ambiental, violando normas ambientales y derechos de las y los pobladores de Tamshiyacu (Loreto), resaltan en su pronunciamiento.
“La situación para los defensores se agrava en mayor medida tras la detención del defensor ambiental Jesús Cornejo Reynoso, quien fue sentenciado por motín y entorpecimiento al funcionamiento del servicio público, y detenido el 7 de junio por haber participado en la protesta llamada ‘Agro sí, mina no’ contra el proyecto minero Tía María – Arequipa en el 2015”, alertan esta campaña.
En ese sentido, aseguran que ambos casos forman parte de una persecución judicial injusta hacia los defensores ambientales y de derechos humanos que, se está volviendo habitual en el Perú, debilitando y hostigando a los protectores de territorios andinos y amazónicos.
Asimismo, se manifiesta que la ciudadanía tiene el derecho de denunciar cualquier actividad económica que viole los derechos humanos es parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En ese contexto, defensores como Lucila Pautrat y Jesús Cornejo, ejercieron su derecho a la protesta avalado por el artículo 2 numeral 12 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En la misma línea, cuestionan la medida judicial a favor de una empresa con “una serie de antecedentes preocupantes que amenaza al territorio amazónico-andino, como el caso de grave deforestación del bosque y violación de derechos humanos. Tal como Southern Perú, que cuenta con múltiples infracciones ambientales registradas por el RUS del OEFA, con un total de 92 y con 327.03 UIT”.
“Esta persecución judicial a los defensores ambientales revela la insuficiencia e inefectividad del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Con sentencias como estas los defensores ambientales no tienen garantía de seguridad para sus vidas ni para la de sus familias”, se lee en el pronunciamiento.
Finalmente, resaltan que “no hay lógica que los defensores ambientales sean sentenciados por defender el territorio, velando por el bien común, con el propósito de tener un ambiente sano, libre y saludable”, pues consideran que es un ejercicio de poder del Estado y de las empresas extractivas que perjudican al país y, sobre todo, cumplen un papel crucial para las medidas contra los impactos graves del cambio climático.
