Redacción Wayka
Paola era una adolescente ecuatoriana que fue abusada sexualmente durante dos años por el vicerrector de su colegio. Bolívar Espín (65) la violó, la embarazó y la obligó a abortar con el médico del colegio que también abusó de ella. Paola terminó suicidándose. Han pasado 17 años y su agresor sigue prófugo. Hoy su caso será presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, y sería el primer caso de violencia sexual escolar en llegar a una instancia internacional.
Era diciembre de 2002 cuando Paola Guzmán (16) ingirió fósforo blanco antes de despedirse de su madre e ir a la escuela. Sus dos últimos años de vida se habían convertido en un infierno por el reiterado acoso y abuso sexual que ejercía Bolívar Espín contra ella. Sus amigas se dieron cuenta del estado de salud de Paola y alertaron a los docentes; pero, en lugar de auxiliarla, la hicieron rezar para que pida perdón por intentar suicidarse.
Una de sus compañeras avisó a la mamá de Paola, Petita Albarracín, sobre lo sucedido; para ese momento ya habían pasado tres horas. La adolescente fue llevada a dos centros de salud donde intentaron salvarla, pero fue en vano. Murió esa misma tarde. Su muerte reveló una historia de abuso escolar en la que ella no había sido la única víctima y que tenía como principal cómplice a los profesores y autoridades de todo el colegio.
Historia de violencia
Petita Albarracín se enteró por las demás estudiantes que su hija había sido violada por dos trabajadores del colegio desde que tenía 14 años. El vicerrector de 65 años, Bolívar Espín, la embarazó y la obligó a abortar para que nadie descubriera la agresión. El médico escolar le dijo que no le haría el aborto si antes ella no tenía sexo con él. Paola fue agraviada nuevamente.
La plana docente sabía sobre la situación que vivía la adolescente. En lugar de denunciar a la autoridad escolar, una profesora amenazó a Paola con contarle todo a su mamá, como si la niña fuera responsable de la violencia que vivía. Fue entonces que decidió suicidarse.
Tras su muerte, se conoció que ella no había sido la única víctima del vicerrector. Incluso una profesora también fue agredida por él en 1998, cuando intentó encerrarla en su oficina.
La mamá de Paola solicitó al personal encargado de la autopsia realizar las pruebas necesarias para saber si su hija había estado embarazada o si había tenido un aborto. Pero, debido a inconsistencias en la intervención realizada por Medicina Legal, nunca se pudo saber con certeza el estado de la joven. Incluso Petita Albarracín fue forzada a ver el cuerpo de su hija abierto durante la intervención.
Un país cómplice
Los medios de comunicación se encargaron de que la historia de Paola fuera conocida en todo Ecuador, mas no para buscar justicia. Ella fue presentada como la escolar ‘enamorada’ del vicerrector que se mató al no ser correspondida. No se evidenció que Bolívar Espín le cuadruplicaba la edad, ni que la había forzado a tener sexo con él.
Petita inició los procesos legales para obtener justicia para su hija, pero la impunidad obstruyó su camino. En 2003, se ordenó la captura inmediata de Bolívar Espín, pero fugó y su crimen prescribió. Aún ahora se desconoce su paradero, aunque algunos rumores señalan que estaría trabajando en un colegio privado.
A la par, recaía sobre él un proceso administrativo por el caso de Paola; sin embargo, Espín solo fue destituído por «abandono del cargo», sin especificar por qué el vicerrector había huído del colegio. Los jueces no le dieron mayor sentencia porque usaron los mismos argumentos que la prensa: «la víctima estuvo enamorada del vicerrector y no había certeza de que él hubiese correspondido a dicho enamoramiento». Incluso un informe del Ministerio de Educación señaló lo mismo.
Justicia internacional
En octubre de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar el caso de Paola Guzmán y concluyó que, efectivamente, la adolescente había sido ultrajada por el vicerrector y el médico de su colegio.
La CIDH recomendó a Ecuador reparar material y moralmente a la familia de Paola, realizar los procesos legales necesarios para procesar a los culpables y crear protocolos para atender en los espacios educativos los casos de violencia sexual. Pero el Estado ecuatoriano no cumplió.
A 17 años de la muerte de la adolescente, su caso ha sido derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Petita Albarracín volverá a exigir justicia por su hija quien hoy tendría 33 años.
En declaraciones a El Espectador, Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, que representa a Petita Albarracín, señaló que «la decisión de la Corte IDH será de obligatorio cumplimiento para el Estado de Ecuador y sentará estándares jurídicos en toda la región. Hablaremos regionalmente del tema para prevenir que nuestras niñas sigan siendo víctimas de violencia sexual».
Petita Albarracín espera que esta sea la última batalla que deba enfrentar para conseguir, finalmente, justicia para la memoria de su hija.
Actualización
Durante la audiencia realizada en la Corte IDH, que se llevó a cabo el pasado 28 de enero, el Estado de Ecuador pidió disculpas a la familia de Paola.
«Como representante del estado ofrezco a la señora Petita Albarracín y a Denis Guzmán las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzmán», señaló María Fernanda Álvarez, abogada representante del Estado de Ecuador durante la audiencia.
Sin embargo, para Petita Albarracín, madre de Paola, las disculpas públicas presentadas por Ecuador no son suficientes. Durante la audiencia señaló que “el Estado ecuatoriano debe limpiar el nombre de mi hija porque ella fue la víctima. Que pongan mano dura para que no pase lo que vivió mi hija y lo que he sufrido”.
Cabe resaltar que tanto Bolívar Espín, vicerrector del colegio de Paola, y Raúl Ortega Gálvez, el médico escolar que también abusó sexualmente de ella, continúan libres y en impunidad.
