El presidente Martín Vizcarra ha emprendido un viaje sin retorno. No lo ha hecho a la velocidad que yo hubiera deseado, pero al menos ha tomado una decisión drástica. Su destino, si no lo detienen los lestrigones y los cíclopes de un fujimorismo enquistado como lapa en el poder legislativo, es un mejor escenario que uno de grave crisis que atraviesa el Estado. El viaje tiene el peso de haberse enfrentado, al menos discursivamente, a una serie de poderes fácticos que vienen gobernando el país, a pesar de que perdieron las elecciones en favor, precisamente, de la organización política de Vizcarra.

Al anunciar un referéndum para la aprobación de reformas constitucionales (varias de ellas incluso relacionadas con la composición y organicidad del propio parlamento), ha demostrado que le ha tomado la temperatura a las calles y ha comprendido que, frente a la precariedad de su representación parlamentaria y el escaso acompañamiento público de su gabinete, su poder puede sustentarse en la ciudadanía.

Ha dejado, sin embargo, la reforma urgente del sistema de justicia a merced de la aprobación de seis proyectos de ley enviados al parlamento. Esos seis proyectos pasarán por las comisiones ordinarias respectivas en el Congreso y luego tentarán su aprobación en el Pleno, donde la “fuerza número uno” reina al albedrío propio de una dictadura parlamentaria.

Si el presidente Vizcarra piensa, en concordancia con la exhibición de firmeza de su mensaje, que cualquier oposición a la aprobación de estas reformas, no puede ser tolerada, podrá echar mano de la herramienta constitucional de plantear una segunda cuestión de confianza, cuyo rechazo abriría la posibilidad (también constitucional) del cierre del Congreso.

Pero si el presidente ha pensado en esa posibilidad, no se entiende por qué en lugar de enviar seis proyectos por separado al parlamento (cuya suerte incluso podría diferenciarse) no anunció una solicitud de delegación de facultades para legislar en materia de reforma del sistema de justicia. De esta forma, medía la temperatura del parlamento y decidía sus pasos en función de una sola votación y no de seis trámites de aprobación. Esta opción, además, le hubiera posibilitado el diseño de un paquete normativo con una reforma aún más ambiciosa que la anunciada.

Con todo esto último, el mensaje se muestra positivo, si pensamos en lo que representa hoy el fujimorismo en el país y en la coyuntura que los ha colocado en el imaginario colectivo como una organización política funcional y proclive al crimen organizado.

El presidente Vizcarra ha aprovechado esta oportunidad y se ha abrazado a las calles. Ha mencionado los tabúes del enfoque de género y la inversión responsable y ha anunciado el camino por dónde planea seguir. Ojalá no haya fuerzas oscuras que le apaguen el candil.