Por ´Álvaro Meneses
La empresa Tamshi S.A.C., investigada por el presunto delito de tráfico ilícito de madera, va tras Lucila Pautrat Oyarzún, ingeniera forestal de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo y defensora ambiental de los bosques de Tamshiyacu (Loreto). Este viernes a las 4.p.m. el juez Jonathan Pacherrez Lumbre, del 43° Juzgado Especializado en lo Penal de Lima deberá emitir una sentencia sobre la querella presentada por Tamshi SAC contra Pautrat por supuesta difamación calumniosa agravada.
“Es un momento histórico”, dice a Wayka la ingeniera forestal Lucila Pautrat, considerada defensora ambiental por el Ministerio de justicia y Derechos Humanos por sus más de 20 años luchando contra las actividades ilegales en la selva peruana. “Es la primera vez que se va a sentenciar a un defensor ambiental reconocido por el Estado, pero también es una oportunidad para incorporar en el ordenamiento jurídico la implementación del Acuerdo de Escazú, para proteger a otros defensores ambientales que están en mayor riesgo y vulnerabilidad”.
El pasado 4 de marzo de 2020, la compañía Tamshi S.A.C. presentó una querella contra Angela Lucila Pautrat Oyarzún por supuesta difamación, y pidió un mínimo de S/100 mil de reparación civil. En la querella la empresa sostiene que la defensora ambiental habría emitido una serie de mentiras en su contra, como la comisión de delitos ambientales y la falta de autorización para operar en el Fundo Tamshiyacu, del distrito Fernando Lores, en la provincia de Maynas, de la región Loreto.
Sin embargo, las pruebas remitidas en las investigaciones fiscales y procesos judiciales contra Tamshi SAC demostrarían lo contrario. En la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, por ejemplo, aguarda una investigación contra Ernesto Vega Delgado y Giovanny Cubas Ramírez, trabajadores de Cacao del Perú Norte (ahora Tamshi SAC) por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada contra cinco agricultores.
Los afectados son Ruperto Vásquez Bardales, Jorge Fasabi Yaicate, Teodoro Llucema Tuesta, Ausberto Mahua Jaba y Carlos Díaz Gil. Y ante el Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Loreto, los agricultores dieron sus testimonios en calidad de agraviados y señalaron que desde 2018 sufren actos de acoso y amedrentamiento de parte de empleados de Tamshi SAC, así como amenazas por llamadas telefónicas de personas que no se identifican.
Como los agricultores del Fundo Tamshiyacu, Lucila Pautrat cuenta que también es hostigada públicamente. “Cada vez que hay audiencias por los casos sobre delitos ambientales que enfrenta Tamshi SAC, los trabajadores y personal allegado organizan marchas en la ciudad como para presionar al fiscal, y sacan cartelones con mi nombre, con alusiones que buscan trasladarme su responsabilidad en los presuntos delitos ambientales”, lamenta.
Como se recuerda, en 2019 el Poder Judicial ratificó la resolución que condena a 8 años de prisión y S/15 millones 720 mil 479 de reparación civil a un grupo de gerentes de Cacao del Perú Norte SAC (Tamshi SAC), por el delito contra los recursos naturales en la modalidad de tráfico de productos forestales maderables. Por su parte, la empresa también fue incluida en la condena como tercero civil responsable y conminada a pagar parte de la reparación económica. Esta sentencia fue apelada y hasta hoy no ha sido resuelta.
En marzo de 2016, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima también declaró fundada una acción de amparo presentada por Lucila Pautrat contra Cacao del Perú Norte SAC (ahora Tamshi SAC) en defensa de los bosques. Dicha resolución ordenó a la empresa a paralizar sus actividades agrícolas en el Fundo Tamshiyacu hasta que concluya el proceso constitucional.
El próximo viernes 26 de marzo la defensora Lucila Pautrat conocerá la decisión del juez sobre la querella presentada por una empresa que arrastra más de un proceso judicial e investigación fiscal por presuntos delitos ambientales relacionados a la tala ilegal.
