Además, los gremios estudiantiles alertaron sobre la aprobación del proyecto de ley que busca quitarles el rango universitario y además limitar la autonomía de sus casas de estudio.
Las escuela de arte nacionales vienen alertando sobre la reducción del presupuesto para sus centros de estudios, visibilizadas en las normas recientes del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación. Esta reducción fue aprobada en el Consejo de Ministros del 31 de mayo de 2023.
La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” (ENSAD) y Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB), mencionaron que según la asignación Presupuestaria Multianual (APM) 2024-2026, el presupuesto asignado a estas casas de estudio sufrirá una reducción de más del 60%.
Según el pronunciamiento de las escuelas, esta decisión “amenaza” su funcionamiento institucional y además a aquellos estudiantes que “migran hacia Lima para estudiar en una de las cuatro Escuelas Nacionales Superiores de Arte con rango universitario y trascendencia histórica”.
“La oferta (de las cuatro Escuelas Superiores de Arte) es reducida por el exiguo presupuesto anual y las medidas limitantes y hasta discriminatorias del Estado. Los jóvenes, como es lógico, aspiran legítimamente a acceder a una Universidad Pública de Arte, pero se les sigue negando ese derecho por decisiones adoptadas en esperas burocráticas que desconocen la profesionalización del Arte en el país”, señalaron.
Proyecto de ley atenta contra la autonomía
Pero eso no sería lo único que denuncian. Las escuelas señalaron que el dictamen del texto sustitutorio del proyecto de Ley N° 758/2021- CR, Ley que regula las Escuelas Superiores de Formación Artística, pretende recortar la autonomía universitaria, y darle el derecho al gobierno de preparar las mallas curriculares y dictar los contenidos.
Además, de aprobarse el texto, se establecerá una dependencia de las direcciones regionales de educación, lo que, según mencionan en su pronunciamiento, es “una abierta oposición a los principios fundamentales de la Educación Superior”.
Cabe señalar que la constitución reconoce en la LEY N° 23733 que “cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico”.
Además menciona que “la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica los derechos siguientes: Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo y administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley. La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a Ley”.
