La madre de Patricia Villafuerte Suárez, la joven que murió en un patrullero bajo la custodia de dos policías en setiembre de 2019, pide justicia para su hija. «Sentí que la mataron otra vez».
Por Juan Zapata
La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Surquillo decidió archivar la denuncia contra los que resulten responsables por la muerte de Patricia Villafuerte Suárez producto de tres disparos de un arma oficial a bordo de un patrullero en Surquillo cuando era custodiada por dos policías.
Según la resolución de archivamiento del fiscal Marcial Eloy Pauca Chappa, el 7 de setiembre de 2019 cerca de las 8 p.m. los suboficiales Julio César Marquina Sulca y Luis Alberto Sandoval Hoyos tenían la orden de llevar a Patricia a su casa en Salamanca desde la comisaría de Miraflores a donde la trasladaron luego de que intentara atentar contra su vida cerca de la Bajada Balta. Tras una llamada de alerta al serenazgo de Miraflores, un sereno la auxilió y llamó a la policía.
Sin embargo, se detuvieron en la cuadra 47 de la Av. Paseo de la República para agilizar el tránsito que a esa hora (cerca de las 10 pm) se había formado. Ambos policías bajaron del patrullero de placa PL – 7131. Es en ese momento que Patricia, sentada en la parte de atrás de patrullero, agarró el fusil akm que estaba guardado entre los asientos del piloto y copiloto y se dispara, según la versión de los policías. De inmediato fue llevada a un hospital pero no sobrevivió.
Negligencia policial
La resolución de archivamiento del fiscal Pauca considera que los policías no tenían conocimiento de la condición clínica de Patricia. Sobre este punto, la defensa de la madre de Patricia presentó una queja de derecho.
En ella se asegura que los policías sí tenían conocimiento sobre la situación de Patricia al haberse intentado quitado la vida en Miraflores por lo cual fue trasladada a la comisaría y posteriormente, bajo la custodia de los policías, sea acompañada a su casa en Salamanca.
“No solo el oficial Sandoval Hoyos a quien se afectó el fusil AKM descuidó su arma; sino, que también una segunda actitud totalmente negligente se puede sostener respecto del oficial Marquina Sulca quien también bajó del patrullero y sabiendo de la ubicación del arma tampoco tomó ninguna de medida de seguridad respecto al fusil AKM con el que la agraviada se quitó la vida”, dice el documento.
Para la abogada feminista Chaska Valencia Méndez «lo que ha hecho la Fiscalía ha sido desconocer los deberes de función que tiene la Policía Nacional que es garantizar la seguridad de las personas más aún cuando se encuentran bajo su responsabilidad, como en el caso de Patricia. Ella se encontraba en un patrullero PNP. Ellos tenían el deber de garantizar su vida en ese espacio”.
Además, según el documento fiscal, los policías escucharon varios disparos antes de darse cuenta que Patricia había agarrado el arma. Las pericias forenses revelan que la víctima se disparó tres veces.
«Existen indicios suficientes para formalizar la denuncia, entre ellos dos disparos advierten que pudieron acudir de forma inmediata ante la negligencia de haber dejado un arma de fuego con una persona atendida por un intento de suicido», agrega la abogada Chaska Valencia.
Además, el artículo 117 del Código Penal Militar Policial, sobre delito de desobediencia señala lo siguiente: “El militar o el policía que omite intencionalmente las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos o cualquier otro documento que norma las funciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, siempre que atente contra el servicio, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años”.
Pide justicia
Haydeé Suárez Herrera, madre de Patricia, asegura que se siente abandonada por el Ministerio de la Mujer que no le ha brindado la ayuda psicológica y legal que necesita para afrontar la denuncia que interpuso por la muerte de su hija.
Ella pide que los dos policías responsables de la custodia de Patricia en el momento de su muerte sean sancionados por las autoridades. “Limpian a los policías. Hay protocolos que debieron seguir. Ella solo necesitaba ayuda. La tenían que poner a buen recaudo. Tenían que cuidar de ella”, agrega.
Además, Haydeé Suárez cuenta que no recibió la notificación de archivamiento del caso de Patricia y fue maltratada por la trabajadora de la Fiscalía de Surquillo a la que le hizo el reclamo sobre el archivamiento. “Sentí que mataron a mi hija otra vez”, dijo sobre la noticia. Ella no pudo apelar por falta de recursos tecnológicos. Debido a la pandemia, la notificación le llegó a un correo al que no tenía acceso.
A través del Twitter, amigas y familiares de Patricia exigieron justicia a las autoridades para que no se archive el caso y los policías Julio César Marquina Sulca y Luis Alberto Sandoval Hoyos sean investigados por homicidio culposo por omisión.
