La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas reclamó que las víctimas rescatadas no cuentan con albergues especializados. En muchos casos, fueron enviadas equivocadamente a centros preventivos de la Policía Nacional o devueltas a sus tratantes.

Lucero Ascarza / Redacción Wayka

Foto: El Comercio

Solo este año se han registrado 1508 casos de trata de personas a nivel nacional. De acuerdo a la fiscalía especializada en este delito, en el 70% de esos casos se consiguieron sentencias condenatorias. Sin embargo, ese logro resulta insuficiente ante la falta de atención y protección a las víctimas.

En conferencia de prensa, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina y las fiscales provinciales Berenice y Miluska Romero, explicaron que el principal problema es que Perú no cuenta con albergues especializados.

«Lo que ocurre en estos momentos es que a las víctimas de trata las llevan a albergues con otras víctimas de violencia familiar o violencia sexual […] Esa mezcla al final genera que ni unos ni otros puedan recuperarse», indicó Chávez Cotrina.

La fiscal Miluska Romero indicó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entidad encargada de la asistencia posterior al rescate, muchas veces entregó a las víctimas a «parientes o personas no idóneos» o peor aún, a sus mismos tratantes.

En muchos de esos casos, los niños y adolescentes terminaron fugando y se convirtieron nuevamente en víctimas de violencia física o de explotación sexual.

Romero criticó también que la Unidad de Protección Especial del MIMP haya enviado a víctimas de trata a centros preventivos de la Policía Nacional; pese a que estos están dirigidos a adolescentes infractores. Detalló que uno de los casos más graves fue el de una joven de 17 años que fue internada por dos meses junto a su bebé de un año en el centro preventivo de Salamanca.

«Para que en el Perú se hable de justicia con una víctima de trata, no basta con que se sancione o condene al tratante, lo importante es que la víctima sea reparada, asistida y protegida», afirmó Miluska Romero.

Ausencia de protección integral

¿Cuál es el rol que juega el Estado en la prevención y atención a víctimas de trata?

En 2013, «Azul», de nueve años y su hermano «Jesús», de tres, fueron ingresados a un albergue. Los menores eran víctimas de violencia física y psicológica por parte de su padre. Dos años después, el papá pidió tener la custodia y luego de una evaluación, el Ministerio de la Mujer le entregó a los menores.

Sin embargo, el hombre tenía un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, un trastorno mental de comportamiento por consumo de cocaína y discapacidad parcial, indicó la fiscal provincial Berenice Romero.

En 2016, los menores fueron ingresados a los centros preventivos de Salamanca y La Punta. Una medida poco idónea, recalcó Romero. «No se puede mezclar a víctimas de algún delito con infractores a la ley penal», explicó.

A los pocos meses, «Jesús» fue devuelto a su papá y «Azul» ingresó a un Centro de Atención Residencial (CAR). Después de ello, la menor salió para pasar a vivir con una vecina. Luego, en agosto de 2017 nuevamente ingresó a un CAR, de donde escapó poco después.

«Vemos que aquí no se ha logrado la medida de protección integral, porque no se logró recuperar a la menor, si no al contrario», comenta Romero.

Después de fugar, «Azul» se convirtió en víctima de explotación sexual en la discoteca Mr. Big, en San Juan de Lurigancho, donde la obligaban a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Enferma y con lesiones, la menor acudió a la Unidad de Protección Especial del MIMP. Desde junio de 2018, se encuentra nuevamente en un CAR. Pero tal como reveló una investigación de El Comercio, estos centros carecen de un ambiente adecuado para las víctimas.

«Más que rescatadas, [las víctimas] son extraídas del lugar donde están siendo explotadas… el tratamiento post extracción no existe», lamentó el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina en conferencia de prensa.

Falta de presupuesto

Lima es el departamento con mayor cantidad de casos de trata de personas, con 250 casos registrados en lo que va del año. Frente a este problema, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas ha iniciado campañas como «Sácalos de la Calle», dirigida a rescatar a menores en situación de explotación laboral o sexual en espacios públicos.

Sin embargo, estos esfuerzos encuentran un importante obstáculo: el financiamiento. «No tenemos un solo centavo de presupuesto para hacer operativos preventivos contra la trata de personas a nivel nacional», explicó el fiscal superior Jorge Chávez.

Como relataron también las fiscales Miluska y Berenice Romero, su área carece de un vehículo asignado para poder realizar los operativos, o de chalecos antibalas, necesarios por el riesgo en su labor.

Esas carencias generaron que se frustre por ejemplo, un operativo en Carabayllo, donde existe información de menores en situación de explotación laboral. Se trataría de un aproximado de 20 niños encerrados en un socavón, dedicados a lavar oro y en contacto con mercurio. Pero la fiscalía especializada no tenía logística para infiltrar a investigadores.

La falta de presupuesto también afecta a la información. «No tenemos dinero para generar una data inteligente, que nos permita armar una mejor estadística. Solo tenemos un Excel rudimentario que no se alimenta por falta de personal», informó Miluska Romero.

El fiscal superior Jorge Chávez señaló que se necesita un promedio de 100 millones de soles anuales, dedicados exclusivamente a combatir la trata de personas. Propuso que el Ejecutivo y el Congreso conversen proponer un impuesto a pasajes aéreos y terrestres, que sirva para ese financiamiento.

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