Informe internacional muestra que Perú vulnera derechos de mujeres y personas de la comunidad LGBTI

Según el reciente informe presentado organización Amnistía Internacional, menos de la mitad de menores víctimas de violación recibieron el kit de emergencia en 2023, además no hay un registro para crímenes contra personas transgénero.

El último martes 23 de abril se publicó el informe “La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2024” realizado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional. En dicho documento se evidenció la ausencia de protección del Estado peruano a personas vulnerables, así como la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y diversidades. 

Uno de los datos más alarmantes mostrados por la organización es que, según cifras del Ministerio Público, en 2023 se registraron 11,944 casos de violación, de los cuales el 66% correspondían a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, apenas se distribuyeron 2,922 kits de atención posterior a la violación, evidenciando una brecha en la atención a las víctimas de este crimen.

Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró un total de 142,182 casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en Perú, lo que representó un preocupante aumento del 7% en comparación con el 2022.

Así mismo se reportaron 170 feminicidios, marcando un aumento del 16% en comparación con el año anterior, así como 258 tentativas de feminicidio. La desaparición de 10,817 mujeres y niñas también fue denunciada, representando el 59% del total de personas desaparecidas, aunque solo la mitad de ellas habían sido encontradas. Sorprendentemente, aún no se ha implementado un sistema especializado de búsqueda con perspectiva de género.

Negación de derechos sexuales y reproductivos

Pese al incremento de casos de abuso sexual a menores, varias organizaciones denunciaron al menos cinco casos de niñas menores de 15 años embarazadas a las que se les negó el acceso al aborto terapéutico en diferentes regiones del país, pese a que ees legal desde 1924. 

Cabe señalar que en junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU dictaminó que Perú había incumplido su obligación de proteger a Camila, una niña indígena de 13 años, negándole el acceso al aborto. Este dictamen obliga al Estado peruano a proporcionar acceso al aborto en todos los casos de embarazo infantil, sin embargo, esa y otras recomendaciones tampoco se han cumplido. 

Ante esto, la Decana del Colegio Regional de Obstetras III Lima – Callao, Ginger García, señaló durante la presentación del informe: “Hablar de derechos, sobre todo cuando estos no se cumplen, siempre va a ser un acto penoso. En tema de derechos sexuales y de derechos reproductivos no hemos avanzado mucho. Tenemos un componente de género muy importante que es vulnerado permanentemente. Nosotras mismas que somos las proveedoras de los métodos anticonceptivos, tenemos muchas dificultades para poder llegar o brindar el acceso a la salud por las políticas públicas que no se cumplen a cabalidad. ”

El Estado no protege a la comunidad LGBTI

Según el informe, durante el año pasado, las organizaciones LGBTI reportaron al menos ocho asesinatos de mujeres transgénero en Perú, crímenes que podrían considerarse motivados por odio, sin embargo, aún no existe un registro oficial de estos delitos. 

Además, la comunidad transgénero sigue enfrentando dificultades para obtener documentos de identidad sin recurrir a procesos judiciales, y sus derechos, incluido el matrimonio y la descendencia, no son reconocidos.

Perú en desacato

Después de 31 años, los restos mortales de algunas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Perú fueron devueltos a sus familias. Sin embargo, muchas de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2003 aún no se han aplicado, y sigue habiendo 19,000 personas desaparecidas como resultado de ese conflicto. 

La anulación de la investigación judicial contra el expresidente Alberto Fujimori en relación con la política de esterilización forzada también generó preocupaciones sobre el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país. Además de que contradice el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esta decisión fue en claro desacato a la Corte IDH que pidió al estado peruano abstenerse de la excarcelación por no cumplir con los criterios para un indulto humanitario”, señaló Marina Navarro, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional durante la presentación del informe.