Instituciones académicas extranjeras rechazan estigmatización de Fiscalía peruana
Durante las audiencias de prisión preventiva contra siete miembros y cercanos al Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), la Fiscalía señaló que el Coloquio Internacional Violencia de Estado en el Perú buscó justificar el terrorismo de Sendero Luminoso (SL). Incluso acusó al Fredepa de haber financiado dicho evento para tergiversar el periodo de conflicto armado interno en el Perú. Sin embargo, los organizadores manifestaron su rechazo a tales supuestos de la fiscal Ketty Garibay Mascoo y repudiaron las violaciones a los derechos humanos desplegados por el régimen autoritario y militar de Dina Boluarte.
Jair Sarmiento
Las audiencias de prisión preventiva contra los miembros del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), acusados por la Fiscalía de ser parte de una nueva facción de Sendero Luminoso, continúan hasta la fecha. Uno de los argumentos que usó la fiscal Ketty Garibay Mascco fue que los detenidos participaron del Coloquio Internacional Violencia de Estado en el Perú, donde presuntamente se buscó justificar el terrorismo de Sendero Luminoso (SL).
Los organizadores de este evento respondieron, a través de un comunicado, a las imputaciones del Ministerio Público.
Desde Francia, el Groupe de Recherche Identités et Cultures (GRIC) de la Université Le Havre Normandie y otras organizaciones indicaron que el evento, celebrado en agosto del 2022, fue una iniciativa del GRIC que se estuvo elaborando desde el 2020. El financiamiento estuvo a cargo de instituciones extranjeras y la organización tuvo el apoyo de entidades académicas, culturales y no gubernamentales.
Respecto a lo dicho por la Fiscalía en el caso del Fredepa, las instituciones señalan que este apoyó como organización civil, pero “no intervino en la elección del tema del coloquio, ni en la redacción de la convocatoria, ni en la evaluación y selección del centenar de propuestas académicas que hemos recibido”. Tal responsabilidad recayó en el comité científico, integrado por académicos/as de universidades de prestigio en su mayoría extranjeras y algunas de Perú.
Los organizadores firmantes del pronunciamiento señalaron que el evento tuvo un carácter académico y científico. “Muestra de esto es que abrió sus puertas a todas las voces, mediante una convocatoria abierta (…) El objetivo fue reflexionar sobre los conflictos vividos en las dos últimas décadas del siglo XX en el Perú y América Latina, lo cual se hizo abordando numerosos enfoques, propios de una democracia”, precisaron.
De igual modo, recalcaron que el coloquio, por lo tanto, “no tuvo un fin partidario, apologista ni doctrinario”.
Asimismo, rechazaron la estigmatización de los participantes al coloquio y la utilización de este para justificar una supuesta “apología al terrorismo”. «Resulta especialmente grave acusar a quienes participaron directa o indirectamente en la organización del evento de una supuesta “afiliación terrorista”», indicaron.
Por último, condenaron las violaciones de derechos humanos desplegado por las autoridades peruanas actuales para reprimir a la población civil, campesinas/os, estudiantes, profesores, periodistas, artistas, trabajadores y dirigentes de organizaciones sociales.
Al mismo tiempo expresaron su preocupación por la situación y las garantías procesales de quiénes organizaron y formaron parte del coloquio, “dado que se vienen realizando afirmaciones tergiversadas y falsas por parte de quienes, supuestamente, deben velar por la justicia y el debido proceso”, concluyeron.
