Jennie Dador: “El Estado sale con su negacionismo, eso es para el público, pero al interno tendrán que sentarse con miembros de la CIDH”

Hace poco se publicó el informe sobre derechos humanos en Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual se concluye que el Estado peruano y sus fuerzas militares y policiales hicieron uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. En pocas palabras: hubo graves violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en las últimas protestas en el Perú. Sin embargo, este está siendo rechazado y minimizado por un sector fascista y de extrema derecha. Al respecto, conversamos con Jennie Dador, abogada y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).

Por Jair Sarmiento

-Este informe es el tercero que la CIDH emite sobre Perú, en materia de derechos humanos, antes fueron dos, en el inicio y la caída de la dictadura de Fujimori, hoy se da en medio de un régimen que es tildado de autoritario y dictatorial por los propios manifestantes, ¿cómo evalúa este contexto?

En principio creo que eso muestra la preocupación que existe a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo en el país. El Perú ya venía siendo observado. Por eso es que también el informe habla de demandas estructurales, antiguas, no resueltas, porque tiene que ver justamente con situaciones de desigualdad. El informe sale en un momento donde hay una preocupación internacional, por lo que está ocurriendo en el país y encuentra lo que ya los otros informes, que son de sociedad civil, han encontrado, pero también no hay que olvidar también que la evaluación que hizo el Comité de Derechos Humanos al Estado de Perú en el mes de marzo en Ginebra, también había una preocupación especial por todas esas violaciones de las cuales estamos hablando en este informe, y que de alguna manera no se quieren aceptar.

-Y hoy también ha quedado, al menos en evidencia, que hay un sector negacionista encabezado por la jefa de este régimen, Dina Boluarte, debido a su última conferencia en Palacio. 

Claro, pero es un absurdo porque ese informe de la Comisión Interamericana, el Estado peruano lo conoce desde febrero. Lo han tenido, o sea, han leído, han hecho sus 178  observaciones y las han transmitido a la CIDH. La Comisión ha absuelto las observaciones, es decir, que ya debería de estar conforme con lo que está allí. En algún momento he escuchado de algunos actores del gobierno querer cuestionar el informe por las fuentes, pero las fuentes son las víctimas directamente. En el caso de los heridos, la gente que ha estado en las movilizaciones, los familiares o los deudos, autoridades políticas de las zonas. Los datos son de fuentes oficiales del Estado. 

-A pesar de que hay evidencias en videos o fotografías, menosprecian estos hechos abordados en el informe.

Eso es negacionismo puro. Lo que está ahí relatado es lo que ha existido. Son los hechos que todos hemos visto porque ya no es como antes, que ocurría una masacre o algo y no había, no lo veíamos, teníamos que reconstruir los hechos, no de una manera muy indirecta. Ahora casi todo está grabado o filmado y además, como siempre decimos, los cuerpos hablan, o sea, es innegable que las necropsias, que además son piezas jurídico médico legales, están en los expedientes y que nos dicen que los disparos ocurrieron a corta distancia, que se hicieron de la cintura hacia arriba, es decir, a matar, y que los armas que se utilizaron fueron armas de guerra que utiliza la Policía y el Ejército. Nadie de la sociedad civil utilizó balas, lo cual también desvirtúa alguna de las declaraciones de la Presidenta, cuando decía que los manifestantes se habían matado entre ellos.

También están estos cuestionamientos que dicen que el informe no es una sentencia con el fin de minimizarlo, de empequeñecer lo grave del asunto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano del sistema Interamericano, obviamente no es jurisdiccional, no es una corte, pero para que los casos lleguen a la Corte, tienen que pasar por la Comisión. Entonces, no es tan así de que no tiene ninguna trascendencia. Entonces, el Estado tiene que colocarse ahora a disposición, o sea, al final la Comisión le tira una soga al Estado peruano, le tiende un puente, por eso le da recomendaciones. Además, si fuera tan insignificante este informe, o sea, no estarían haciendo todo ese despliegue que hacen y minimizando, no estarían atacando ni reaccionando como han reaccionado ahora. 

Y también hay quienes indican que el informe está en condicionante…

El informe, obviamente, está escrito en condicional porque no le corresponde a la Comisión calificar los delitos. Las calificaciones de los delitos o la comprobación de un delito o de una violación al derecho humano cuando se encuentra responsabilidad de un Estado, en el ámbito internacional, lo hace la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional. En el caso interno del país lo hacen los tribunales. Además, sobre las ejecuciones extrajudiciales, nosotros no tenemos un delito que se llame así. Es un homicidio calificado, pero en el campo de los derechos humanos esto se conoce como ejecución extrajudicial. Lo otro es como se niega la existencia de la discriminación y el racismo en este país, o sea, eso ya es increíble, ¿no? 

-¿Qué consecuencias políticas le podría traer al país si este régimen sigue negando las violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales?

Creo que el Estado juega como en dos canchas. O sea, creo que en el discurso público denosta el informe, sale con este no negacionismo, pero en lo interno van a tener que sentarse a implementar y calendarizar alguna de esas recomendaciones con miembros de la Comisión. Por eso digo que está jugando como en dos canchas, una para el público y otra que marca los procedimientos que tienen que hacer porque además es un Estado miembro del sistema.

-La coordinadora ha estado en constante contacto con los familiares de las víctimas de la represión, ¿Les han manifestado su sentir o malestar por el discurso de ayer de Boluarte?

Respecto a Boluarte, a los familiares, asociaciones de víctimas y heridos ya no les extraña, porque tienen bien clara la línea del Gobierno. Han visto que nunca reconoció los hechos. Nunca pidió perdón. Nunca tomó una acción siquiera en términos administrativos. No esperan nada de este Gobierno, solo esperan justicia, que ya está empezando y la cual tenemos serias dudas que camine con imparcialidad. Por eso la recomendación de tener este grupo de expertos internacionales que acompañe la investigación nacional. Y también muy importante la amplitud de considerar las reparaciones. ¿Qué implica? Implica conocer la verdad, la atención de la salud, salud física, salud mental, el pedido de perdón, acceso a la justicia y medidas de no repetición. El famoso nunca más. ¿Cómo hacemos para que eso nunca más ocurra? La reparación no puede reducirse solamente a una entrega de dinero. 

-Muchos sectores antiderechos y de extrema derecha han coincidido con Dina Boluarte y están menospreciando el informe de la CIDH. Estos grupos piden salir de la CIDH, se recordó también el chat de ‘La Botica’, de la bancada fujimorista en el 2018. ¿Cuál sería el riesgo de salir de este organismo internacional?

Esas son voces que surgen de vez en cuando, históricamente, o sea, las hemos tenido en los 80 y en los 90, o sea, siempre aparecen, y nunca han prosperado porque obviamente lo que está en juego es mucho más. Hay que recordar que los sistemas de justicia internacional son subsidiarios a la justicia nacional, es decir, cuando no funciona la justicia nacional o cuando no encuentro justicia internamente, entonces se acude al organismo internacional y en el caso de Perú es una garantía de realidad para todas las peruanas y peruanos. La propia Fiscal de la Nación tiene hoy día una medida de protección de la Comisión Interamericana. 

El informe abarca de diciembre a enero, entre esas fechas, pero la represión y las víctimas continuaron durante los siguientes meses, ¿Se puede actualizar o se puede incluir esas informaciones? 

No. El informe se cierra ese periodo porque tiene un procedimiento. Ahora, ese informe ya fue aceptado por el Estado peruano, entonces, eso no impide que se le siga enviando comunicaciones a la Comisión para que tenga en consideración que se siguen produciendo vulneraciones o violaciones a los derechos. Porque se supone que ahora lo que se viene es un proceso de trabajo conjunto donde se van a fijar plazos.