Una de las noticias que más a circulado en los medios de comunicación este fin de semana, ha sido la del operativo de interdicción desarrollado en Madre de Dios, en la zona denominada “La Pampa”, hasta donde se trasladaron importantes contingentes de policías: 1200 para ser exactos y 300 soldados del Ejército, acompañados de fiscales, representantes de diferentes instituciones y hasta el mismo presidente de la República, con el objetivo de intervenir a mineros ilegales asentados en esta zona de conservación ubicada en Tambopata, y a todo el conjunto de actividades ilícitas que se generan en torno a esta actividad.

¿Qué resultados de tan impresionante ‘Megaoperativo’?

Para ser honestos, no mucho. Al parecer, los mineros ilegales ya habían huido, informados previamente de este despliegue. Dejaron la zona destrozada, solo precarias instalaciones que usan en diferentes actividades ilícitas que se desarrollan alrededor de su labor de explotación, y algunas mujeres dedicadas a la actividad de prostitución. No hubo necesidad de bombardear instalaciones, destruir con explosivos los vehículos o embarcaciones -porque en eso consiste tal proceso de interdicción-, pues, esta vez no encontraron casi nada.

Los operativos de interdicción y su implementación durante estos años

La interdicción es una estrategia implementada contra la actividad minera ilegal en el gobierno de Ollanta Humala, desde el 2013, año en que Daniel Urresti fue nombrado como Alto Comisionado de Interdicción de la minería ilegal, y fiel a su estilo militar diseñó esta metodología basada en el ataque, trasladando tropas al lugar, bombardeando todo aquello que se encontrara en la zona identificada como blanco, destruyendo maquinarias utilizadas en este tipo de actividades. Diversos distritos de Madre de Dios fueron los primeros objetivos de su política.

Desde aquel año y hasta la fecha, los operativos han sido sucesivos; según el propio Ministerio de Energía y minas[1], desde el 2013 hasta el 2017 se han desarrollado 107 operativos de interdicción solo en Madre de Dios. Para el 2018, la prensa da cuenta de al menos 10 operativos más en esta misma zona.

Pero ¿las interdicciones han ayudado a reducir esta perniciosa actividad?

No, y por el contrario, la estadística parece demostrar que durante este tiempo que se ha usado la estrategia represiva como mecanismo privilegiado, la minería ilegal se ha incrementado en estos espacios aún más, registrándose paradójicamente durante estos años, las tasas más altas de deforestación en el lugar. Según los informes de CINCIA  (Centro de Innovación Científica Amazónica), 67,5% de la deforestación ocurrió desde el 2009 al 2017 y, solo en el 2017 la minería aurífera deforestó cerca de 10 000 hectáreas en Madre de Dios[2].

Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿qué está sucediendo?, ¿qué hace ineficaz esta estrategia?

Un dato interesante es el que nos proporciona el CINCIA en su investigación, en la que señala que el 63% del bosque deforestado ha sido provocado con la metodología artesanal, mientras que la deforestación con maquinaria representa solo 37%; es decir, si la interdicción apunta principalmente a la destrucción de equipos con que se realiza la actividad minera ilegal, como dragas, vehículos, o maquinaria pesada, solo estaríamos concentrándonos en este porcentaje mejor. 

De otro lado, la estrategia al parecer genera grandes despliegues de tropas, con altos costos económicos e innecesarios. Trasladar policías y militares por cientos a esta zona, se dice que ha tenido un costo que sobrepasa los 50 millones de dólares; sin embargo estas tropas han tenido un desempeño poco eficiente que no ha podido frenar este terrible fenómeno.

Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva de esta zona, señala en una entrevista[3], lo siguiente: “debería existir solo un equipo especial (…); en alguna oportunidad  logramos que los mineros ilegales sean desalojados de la Reserva Tambopata, porque hubo intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina (FOES), que entraron a tallar porque conocen el área, saben de ese trabajo y ¿con cuánta gente? 17 efectivos de fuerza de élite y un número igual de guarda parques (…) en la estrategia no deben intervenir gran número de policías o militares, porque allí es donde está el gran problema, porque vienen de Lima y de todos lados, y en su mente lo único que tienen es ver cómo sacar beneficios en ese momento (…) la gente que venía preguntaban cómo se elabora (la minería), cuál es la materia prima, y se llevaban arenilla en botellas o en bolsas cuando se retiraban”.

Por último, estas intervenciones no son selectivas, es decir los bombardeos y las declaratorias de Estados de Emergencia que acompañan a las mismas, tienen un efecto no solo en los mineros ilegales, sino en toda la población en general que le toca  convivir con este tipo de actividades en la zona. 

En junio del 2014, el obispo de Puerto Maldonado, Francisco González Hernández, y el sacerdote Pablo Zavala Martínez, llegaron hasta el Congreso de la República para pedir que el gobierno cese los operativos de interdicción que denunciaban, generaba destrucción y muerte en esta región; acusaban que en la ejecución de los mismos se  bombardeaba sí maquinarias de mineros ilegales, pero también casas, negocios legales, vehículos de propiedad de gente pobre. Denunciaban abiertamente un estado de terror, una invasión policial-militar. Esta denuncia fue ratificada por el gremio de mineros de la zona, que señalaba que en los bombardeos se destruyó maquinaria de mineros en proceso de formalización o mineros artesanales que no son ilegales. Además, se acusaba corrupción al más alto nivel, lo cual permitía que muchos ilegales que trabajaban en la zona sean tocados.

Al parecer la estrategia represiva, basada en la “mano dura” no es eficiente, no está impidiendo la depredación de la selva por mineros ilegales, y lo que es peor, parece traer más violencia en la zona, sino recordemos que en junio del 2018 la población de la comunidad indígena de Masenawa, a dos horas de Puerto Maldonado, se vieron obligados a abandonar su territorio ante la agresión de los mineros ilegales en represaliapor el apoyo que brindaron a las autoridades durante un operativo de interdicción. Les lanzaron gasolinaa la comunidad y hasta quemaron sus botes. Los indígenas relataron que tuvieron que lanzarse al río para evitar ser alcanzados por el fuego; este hecho pasó casi por desapercibido.

Foto: ANDINA/Jhony Laurente

Entonces, si no es eficiente esta estrategia ¿por qué insistir?

Si el propio Ministerio de Energía y Minas ha declarado públicamente que ésta es una estrategia que parece no estar funcionando, los representantes de la Defensoría del Pueblo también lo han admitido, y lo que es peor, la población siente que los efectos de este tipo de accionar provocan daños colaterales que tienen que ser soportados por la población ajena a esta actividad ilegal. ¿Qué hacer entonces? ¿Tiene el gobierno otras opciones para combatir este flagelo que día a día avanza depredando los territorios del país?

La repuesta es sí. El propio Informe Defensorial 160, sobre “Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú”, ya establecía desde el 2013 algunas rutas básicas que el gobierno debiera aplicar. A decir algunas: 

Uno de los factores que genera posibilidad de realizar este tipo de actividades ilegales, es el tráfico de insumos como cianuro, mercurio, combustibles, entre otros, los cuales no están siendo regulados y/o controlados de manera adecuada. Posiblemente colocar esfuerzos en identificar mercados negros, rutas de  acceso  y comercialización ilegal de estos insumos, resultaría muy eficaz para contener dicha actividad y dejarla con poca posibilidad de desarrollarse.

Al parecer, y como lo identificaba la Defensoría del Pueblo en este Informe, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria no está teniendo la mejor estrategia para con controlar y fiscalizar el ingreso, o traslado de maquinarias y equipos utilizados en esta labor.  Las dragas o maquinaria de succión, son equipos de importante magnitud que evidentemente no se fabrican en la zona. Prevenir que ingrese los mismos al país, será de lejos mejor opción que bombardearlos.

Por otro lado, hay que fortalecer el servicio de protección en las áreas naturales. El SERNAMP, Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas, sigue adoleciendo de suficiente personal, presupuesto e instalaciones adecuadas. Como lo declara la propia población, los guarda parques han sido tan o más eficientes para el control, que la propia policía o los militares desplegados en la zona.

El control del mercado de oro es un tema medular. Según investigaciones del portal Ojo Público, gran parte de este oro ilegal se filtra y entra al mercado por empresas formales como MKS Finance y Metalor Technologies –socias de London Bullion Market Association (LBMA), el Estado debiera abrir una investigación en torno a ello. Pero también hay un mercado informal, a todas luces sin control, es muy común ver en nuestro país, casas de compra de oro donde evidentemente no se exigencia de certificado de procedencia del oro; respecto a las mismas no hay fiscalización y control permanente.

Un asunto fundamental es que gran parte de mineros ilegales son migrantes de zonas como Puno, Arequipa, Cusco y que llegaron a realizar esta actividad como parte de su mecanismo de obtención de ingresos.  En general, las cifras dan cuenta que más del 50% del PBI (Producto Bruto Interno) en la región, proviene de la minería; en ese sentido  pensar en alternativas laborales y de desarrollo para esos territorios, es un asunto indispensable.

Por último, la formalización es una alternativa, sin embargo es importante recordar que ello no puede funcionar dando autorización a cualquier persona para que realice actividad minera de manera indiscriminada y en cualquier territorio. Seguro que nuestro país sigue siendo mega diverso y decantar solo por esta actividad no suma mucho al desarrollo y la sostenibilidad.

La interdicción basada en los métodos represivos no está funcionando, sinceremos esta estrategia, esta solo debe ser una opción de ultima ratio, no la prioritaria y central como se pretende hacer creer. Dejemos de lado las peliculinas para trabajar seriamente en la lucha contra este terrible y peligros asunto que está acabando con la vida, en todas su expresiones.


[1] http://www.energiayminasmoquegua.gob.pe/

[2] Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA).En https://es.mongabay.com/2018/09/peru-deforestacion-mineria-madre-de-dios-mercurio-peces/

[3] http://www.actualidadambiental.pe/?p=48319