Una vez más, los mismos argumentos vuelven a circular ante un conflicto social. Que la suspensión de Tía María causará que «no vengan las inversiones». Que «una minoría» no tiene derecho a paralizar el desarrollo del país. Que «la ignorancia» de los campesinos «manipulados» impide al Perú aprovechar sus riquezas minerales. Que el Estado debe «imponer» su autoridad y no ceder al «chantaje» de los manifestantes. Así, el gesto del gobierno de Vizcarra de reunirse con las autoridades locales y suspender temporalmente la licencia de construcción ha sido visto como una muestra de «debilidad» por parte de los que siempre quieren imponer los proyectos mineros a sangre y fuego.
¿Tía María traería desarrollo al Valle del Tambo? Sobre esta pregunta se ha escrito mucho, muchísimo, y hay interpretaciones para todos los gustos; aunque las investigaciones más serias muestran que en todo caso el vínculo entre «minería» y «desarrollo» es bastante más complejo de lo que los propagandistas dicen. Pero esta vez quiero enfocar la pregunta de otra manera, resaltando un aspecto que los economicistas suelen dejar de lado: el derecho a decidir sobre tu propio desarrollo.
Y es que cuando decimos «desarrollo» no hay un consenso sobre lo que esta espinosa palabra significa. Para algunos, el desarrollo es consecuencia del crecimiento económico, y entonces cualquier cosa que haga crecer el PBI traerá «desarrollo». Desde esa óptica, si un proyecto minero hará crecer el PBI aunque sea unas décimas, pues bienvenido.
Pero otros han planteado maneras de entender el desarrollo que van mucho más allá. Amartya Sen, por ejemplo, premio Nobel de economía -y uno de los autores que deberían ser más leídos entre los economistas peruanos- ha mostrado muy claramente que el crecimiento del PBI no significa, necesariamente, mayor desarrollo. Sen concibe el desarrollo como el proceso mediante el cual se amplían las libertades de los seres humanos, o se logra llevar adelante la vida que tienen razones para valorar.
Este planteamiento es un giro completo en la manera economicista de entender el desarrollo, y a pesar de tener ya algunas décadas, es increíble que, aún, hoy en el Perú sigamos dando vueltas alrededor de conceptos que no incorporan la dimensión de la libertad como un elemento central.
Sen apunta a las bases éticas de las teorías del desarrollo, y muestra que el PBI no es un fin sino un medio. Y debe ser valorado en la medida en que permita ampliar las libertades de las personas.
Regresemos a Tía María. En este caso, más allá de lo que cada uno opine, lo cierto es que los ciudadanos y las ciudadanas de la zona se han mostrado consistentemente en contra del proyecto minero desde hace más de diez años. El 2009 se realizó una consulta vecinal en la que el 97% de los más de 12 mil votantes se expresó en contra. El 2011, el gobierno de Alan García tuvo que suspender el proyecto por las masivas protestas que lo hacían inviable. El 2015, Ollanta Humala se vio obligado a hacer lo mismo. Y hace menos de un año, en octubre pasado, las localidades que serían afectadas por Tía María han elegido autoridades municipales que se oponen al proyecto, por si quedaran dudas de la opinión actual de la mayoría de la población en la zona.
¿Es posible imponer un proyecto en esas condiciones? Para hacerlo posible, se tendría que implantar un estado de excepción permanente, militarizar la zona, suspender el derecho a la protesta y reunión indefinidamente, detener a decenas o cientos de personas… Ahora bien, imponer un proyecto con esas condiciones ¿sería desarrollo?
Si entendemos desarrollo como libertad para llevar a cabo la vida que uno tiene razones para valorar, la respuesta es evidente. Sen no deja dudas al respecto:
“En cuestiones de valoraciones públicas, no hay manera de evitar la necesidad de someter las valoraciones a un debate público. El trabajo de la valoración pública no puede sustituirse por un ingenioso e inteligente supuesto. Algunos supuestos que parecen funcionar sin problemas y de una manera fluida funcionan, ocultando las ponderaciones y los valores elegidos con refinada opacidad. (…) El debate público y la participación social son, pues, fundamentales para la elaboración de la política económica y social en un sistema democrático” (Sen: Desarrollo y libertad).
¿Qué quiere decir? Que las decisiones de política económica implican valores que muchas veces se esconden detrás de los sofisticados y «científicos» modelos econométricos, olvidando que la política económica, lejos de ser una ciencia exacta, es el arte de administrar nuestros recursos en sociedad. En este caso, los que claman por unas décimas del PBI que se dejan de generar si se suspende Tía María olvidan que ese supuesto económico (crecimiento del PBI = desarrollo) no puede pasar por alto la valoración de las personas que van a ser afectadas por esa decisión.
Claramente, la mayoría de la ciudadanía en el Valle de Tambo valora más la preservación de su actual modo de vida y de relacionamiento con la naturaleza, que las promesas de los millones que supuestamente generaría la mina. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted en desacuerdo? Se puede discutir hasta el infinito, pero la pregunta es ¿quién tiene derecho de imponer un proyecto por encima de la vida que los ciudadanos de Tambo tienen razones para valorar?
Hay quienes tienen miedo de reconocer el derecho de las comunidades a decidir, porque supuestamente abriría las puertas para que se cierren todas las minas en Perú. Ese miedo no se ampara en ninguna evidencia. En los últimos 20 años, las comunidades locales han logrado que se cancelen o suspendan unos seis proyectos que eran socialmente inviables (Tía María, Conga, Cañariaco, Santa Ana, Río Blanco, Tambogrande), pero en ese mismo período han iniciado operaciones decenas de proyectos que no han tenido un rechazo mayoritario de la población. De hecho, en ese período la inversión y producción minera ha crecido y sigue creciendo. La mayoría de conflictos en el Perú no son de rechazo a la minería, sino que tienen que ver con problemas relacionados a la convivencia entre la mina y la comunidad. Hay mucha, mucha investigación que sustenta este análisis. Creer que reconocer el derecho de la gente a decidir, hará que no haya más minería, es suponer que todo el Perú está en contra de la minería, y ciertamente ese no es el caso.
