Ley Chlimper 2.0 generará un costo fiscal de S/1880 millones por año
Con apenas 35 votos a favor, 35 en contra y 15 abstenciones, el Congreso de la República aprobó en primera votación la nueva Ley de Promoción Agraria, bautizada por sus críticos como Ley Chlimper 2.0. La propuesta, respaldada principalmente por congresistas del norte del país —donde operan las mayores agroexportadoras—, plantea un paquete de beneficios tributarios dirigidos casi exclusivamente a un pequeño grupo de empresas.
El dictamen, producto de la acumulación de seis proyectos de ley, incluye una drástica reducción del Impuesto a la Renta del 29,5% al 15% por diez años (de 2026 a 2035), créditos por reinversión, depreciación acelerada y recuperación anticipada del IGV. Además, propone que las exoneraciones fiscales para el sector agroexportador no tengan límite temporal, un cambio que podría convertir estos beneficios en prácticamente permanentes.
Alto costo para el Estado
Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta norma podría costarle al país alrededor de S/1.880 millones anuales y S/20.000 millones en total entre 2025 y 2035. El propio MEF ha advertido que los principales beneficiarios son menos de 20 empresas (entre ellas Camposol, Danper, Agrícola Cerro Prieto y Agrovisión Perú), lo que ha llevado a organizaciones como CONVEAGRO a calificarla como una ley “con nombre propio”.
“Se ha aprobado regalar S/2.000 millones al año, de manera indefinida, a las grandes agroexportadoras. Un nuevo subsidio a su rentabilidad, cuyo costo será asumido por todos los ciudadanos a través del deterioro de servicios públicos como salud, educación y seguridad”, declaró Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo.
Menos derechos para los trabajadores del agro
Más allá del impacto fiscal, uno de los puntos más críticos es el debilitamiento de la fiscalización laboral. Según el especialista Eduardo Zegarra, la ley restringiría la capacidad de SUNAFIL para supervisar las condiciones de trabajo en grandes empresas, priorizando zonas informales. Esto ocurre en un sector donde el 94% de los contratos son temporales y la tasa de sindicalización ha caído a un mínimo histórico de 2%.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), junto a federaciones de trabajadores agrarios y organizaciones gremiales, ha denunciado que la norma consolida un modelo de acumulación que se basa en la precarización laboral, el debilitamiento sindical y la desprotección de los pequeños productores.
“Desde el plano laboral, la situación es alarmante. El 94% de los contratos en el sector agrario son temporales, lo que refuerza un régimen de desprotección, impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y debilita gravemente la libertad sindical. La tasa de sindicalización en el agro ha caído a un mínimo histórico de 2%, en un contexto donde abundan los despidos arbitrarios, las represalias contra dirigentes y la hostilidad abierta hacia la organización sindical”, señalan en su pronunciamiento.
Una historia que se repite: abuso laboral y represión
El apodo “Ley Chlimper” remite a la legislación aprobada en los años 2000 durante el régimen fujimorista, impulsada por el entonces ministro de Agricultura José Chlimper, él mismo empresario agroexportador. Aunque se prometió que sería temporal, se extendió por más de 15 años, lo que generó diversas protestas de los trabajadores agrícolas que fueron reprimidos y criminalizados en todo momento, hasta que se derogó la ley en 2020.
“La represión en el ámbito de influencia de la agroindustria se ha cobrado la vida de cinco trabajadores desde el 2020. En Ica Isaac Ordoñez y Andy Panduro quedaron parapléjicos durante la represión de ese año, y hay decenas de heridos más. Las empresas también violentan a los dirigentes sindicales a través de la criminalización. En Ica la organización CIVICA liderada por Cilloniz ha denunciado a 25 personas sin ninguna prueba, y los mantiene en esta situación ya por cinco años”, señala Mar Perez, abogada especialista de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En este contexto, la única acción para hacer justicia y reparar a los familiares de los trabajadores agrícolas asesinados por protestar contra esta norma y por mejores condiciones laborales, fue fue la condena del Poder Judicial a los suboficiales José Hoyos Agip y Víctor Bueno, quienes deberán cumplir 10 y 12 años de cárcel por asesinar a tres manifestantes durante el paro.
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