Rosario Aybar lamenta que tras 8 años del feminicidio de su hija Solsiret Rodríguez, también reportada como desaparecida, la Policía siga actuando con negligencia e impunidad.  Su caso se ha visto nuevamente en el Tribunal de Feminicidios organizado por familiares de víctimas de feminicidio que reclaman al Estado Peruano sus falencias e insisten en encontrar justicia.

Sin justicia, cuestionados y maltratados por un sistema que dejó morir a sus hijas, hermanas, madres, y que hasta ahora les da la espalda al no procesar debidamente a sus agresores. Familiares de víctimas de feminicidio en el Perú no solo deben lidiar con la pérdida de un ser querido, sino enfrentarse a la Policía y Fiscalía para que realicen las investigaciones de manera adecuada, se esclarezcan los hechos y se sancione como es debido a los feminicidas. 

En la mayoría de los casos son los mismos padres quienes presionan a las autoridades día tras día para dar con el paradero de sus hijas, como pasó esta semana con Sheyla Cóndor, encontrada muerta en la casa del policía Darwin Marx Condori Antezana. 

La negligencia de la PNP al minimizar las denuncias de desaparición no es una práctica aislada ni reciente. Hace 8 años sucedió lo mismo con Solsiret Rodríguez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Federico Villarreal reportada como desaparecida en 2016. 

Rosario Aybar, madre de la joven de 23 años, acudió a realizar la denuncia de desaparición de su hija; sin embargo, el oficial Dante Pastor Bocanegra, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, se negó a emitir la alerta con argumentos machistas y sexistas. 

Una semana después, tras la insistencia de la señora Rosario, recién aceptaron la denuncia por desaparición. Tuvieron que pasar 4 años para que, en febrero del 2020, hallaran el cuerpo de Solsiret Rodríguez en la casa de Brian Villanueva Castillo, con quien convivía y tenía dos hijas. 

Solsiret Rodríguez fue víctima de feminicidio y la Policía, en lugar de ayudar con las investigaciones, puso más obstáculos. Incluso, un informe policial indicaba que Solsiret se encontraba en algún lugar del norte del país con una amiga, cuando ella ya había sido asesinada. 

“Ha habido tanta violencia por parte de la Policía, una entidad pública que según nosotros nos cuida. La Policía no nos cuida, miren toda la violencia que han hecho con mi hija al negarle la nota de alerta de desaparición, al negar una investigación. No existe investigación. Me dijeron que una desaparición no es un delito, pero si ellos no hacen una investigación, ¿cómo vamos a encontrar a nuestras hijas? Detrás de una desaparición hay violencia y hay un feminicidio, no pueden ellos minimizar una desaparición”, sostiene indignada Rosario Aybar en el Tribunal de Feminicidios, un evento organizado por “Familias Unidas por Justicia”, familiares de víctimas de feminicidio, que tras las falencias del Estado Peruano se han unido para formar redes de apoyo y exigir justicia en sus casos. 

En el caso de Solsiret Rodríguez, en 2022 se condenó a Kevin Villanueva Castillo, su cuñado, a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio. Por el mismo crimen, se sentenció a Andrea Aguirre Concha, pareja de Kevin Villanueva, a 28 años de cárcel. También se condenó a Brian Villanueva Castillo (expareja) y a Yolanda Castillo (suegra) a 3 años de prisión por encubrimiento del feminicidio. 

Sin embargo, en enero de este año, la Segunda Sala de Apelaciones del Callao revocó la sentencia por el delito de feminicidio contra Kevin Villanueva, sin considerar el precedente de acoso sexual y su participación en el asesinato de la joven estudiante. A cambio, lo condenaron a 6 años de cárcel por el delito de encubrimiento personal al ayudar a Andrea Aguirre a esconder los restos de Solsiret.

“Cuando empieza el juicio, lo que menos quieren escuchar los jueces es la palabra ‘violencia de género’, nos lo han dicho en nuestra cara. Lo que menos quieren escuchar es ‘feminicidio’. El propio juez dice que Kevin Villanueva saldría  en el 2026, teniendo pruebas por feminicidio, porque, según el juez, él no ha sido el principal, sino la mujer (Andrea Aguirre). El juez pudo aplicar su criterio y no decir que es un encubrimiento simple. No sería justo que después de todo lo que se tuvo que pasar tenga que salir libre en 2026, es algo injusto. Tienen para juzgarlo por acoso y violencia de género”, señala Rosario Aybar. 

El Ministerio Público ha presentado un recurso de casación para anular la sentencia; sin embargo, recién en 2025 recibirán respuesta sobre el mismo. Mientras tanto, Carlos Rodríguez y Rosario Aybar, padres de Solsiret, siguen luchando para que la justicia se aplique y que todos los involucrados en el feminicidio, desde los policías que no recibieron la denuncia hasta la familia Villanueva Castillo que cometió y encubrió el crimen, no queden impunes. 

En un país con gran ineficiencia y corrupción judicial, menos del 1% de las denuncias por violencia de género obtienen sentencia condenatoria, según datos del Poder Judicial analizados por La República. Esto habilita a que personas agresoras se vuelvan reincidentes, como en el caso del policía Darwin Marx Condori Antezana, y finalmente en feminicidas. 

Para la exministra de la Mujer (2012-2014) Aída García Naranjo, el principal problema no es la falta de normas o leyes, sino la falta de aplicación de las mismas. “En el Perú existe una situación generalizada de violencia feminicida favorecida por la impunidad estatal, la alta tolerancia a la violencia de género”, subraya. 

Por su parte, su homóloga Gloria Montenegro resaltó la falta de enfoque de género en las instituciones encargadas de ejercer justicia. “Los operadores de justicia no aplicaron el enfoque de género, tampoco se realizaron de forma exhaustiva y célere las investigaciones penales por parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder judicial, lo cual da cuenta de la escasa prioridad que reciben los feminicidios en la atención del sistema de justicia”, agrega la exministra de la Mujer en el periodo 2016-2019.