Josué Gutiérrez decidió no renovar el contrato de la secretaria general del sindicato de la Defensoría del Pueblo, lo que fue calificado como un «despido encubierto» pues el sindicato venía cuestionando al Defensor. El último escándalo fue la vinculación de Gutiérrez con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Sindicatos del país consideran este despido como un atentado a la libertad sindical, exigen la reposición de Magali González en el cargo y piden la renuncia del Defensor.

Por Jair Sarmiento

Ayer, 19 de diciembre, el cuestionado Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez decidió «no renovar» el contrato de Magali González Manco, Secretaria General del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, el cual había realizado numerosos cuestionamientos al actual defensor desde antes de ocupar el cargo.

Para la abogada y el sindicato de la Defensoría este ha sido un despido arbitraria y antisindical. «Es una actitud totalmente antidemocrática», señala González Manco.

González Manco indicó que el lunes de la semana pasada tuvieron un canal de diálogo con el Defensor del Pueblo, el cual se comprometió a defender los derechos de trabajadores CAS, procurando su continuidad laboral.

«Esto pone en evidencia la posición arbitraria y autoritaria del defensor. Ha sido una represalia por la posición crítica de nuestro gremio. No hay informe técnico de sustento para esta decisión», señaló la funcionaria, quien tenía un contrato CAS de reemplazo a tiempo indeterminado. «La plaza era financiada y por ende no se podría argumentar que no se renovó por falta de dinero», explica González a Wayka.

Josué Gutiérrez Cóndor, excongresista y personajes que pasó por cinco organizaciones políticas, llegó al cargo de Defensor en un proceso con escasa transparencia con el respaldo de Fuerza Popular y Perú Libre, ambos partidos políticos que tienen a sus líderes con procesos judiciales. Esto fue cuestionado por el sindicato de la entidad. «Nuestras observaciones y reparos al defensor eran válidas», señala González Manco.

A partir de allí, los escándalos continuarían en una entidad que debe velar por la defensa de los derechos humanos en el país.

«Ni bien asumió el cargo, empezamos a tener noticias de modificaciones de altos funcionarios para favorecer el ingreso de personas con vínculos políticos, también está la falta de pronunciamiento del defensor en temas críticos como el tema de los órganos de justicia o arbitrariedades del Congreso, situaciones clave para defender el sistema democrático del país. Por el contrario, tuvo opiniones que generaban conflicto entre instituciones», señaló la secretaria del sindicato.

El último escándalo fue la vinculación de Gutiérrez con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, de acuerdo a la Fiscalía presuntamente lidera una organización criminal en el Ministerio Público. «La elección de Josué Gutiérrez como Defensor habría respondido a componendas por intereses políticos y personales subalternos», señaló el sindicato en un comunicado de fines de noviembre de este año.

Magali González Manco trabajaba en el área del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Perú, un sector de la Defensoría que a mediados de año reportó casos que calificarían como tortura durante las protestas contra el régimen militar y policial de Dina Boluarte

González Manco menciona que el actual Defensor también cambió a su jefe inmediato, Porfirio Zacarías Barrenechea Cárdenas. «Lo reemplazó por una persona que no tenia experiencia alguna, Piero Villena Escalante, y la primera acción que hizo esta persona es despedirme», manifestó la abogada que tenía un larga trayectoria en la Defensoría desde 1998.

Los sindicatos de entidades públicas y privadas del país se han solidarizado con Magali González Manco y han exigido su reposición en el cargo. Asimismo, han solicitado la renuncia del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.

El sindicato de la Defensoría del Pueblo acatará una jornada de protesta que empezará hoy, miércoles 20 de diciembre de 2023, al mediodía frente a las oficinas de dicha entidad.

Asimismo, mencionaron que se conformará una comisión Ad Hoc, conformada por trabajadores, representantes sindicales y congresistas, con el objetivo de establecer un dialogo con el titular de la institución, para exigir que revierta su decisión.