El corredor minero del sur ha sido nuevamente interrumpido -en varios tramos- por las comunidades que viven en el entorno. La provincia de Chumbivilcas se ha declarado en paro indefinido en protesta al reducido avance y resultados de las mesas de diálogo que mantienen las comunidades afectadas por la actividad minera con el gobierno nacional. La situación política que atraviesa el país también ha tenido su cuota en este conflicto.
Wayka comparte la entrevista de Omar Rosel de Noticias SER, quien conversó con Mirtha Vásquez, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos –APRODEH
¿Cuál es la razón para que las comunidades del corredor minero del sur estén acatando nuevamente una huelga indefinida?
La razón fundamental de que las comunidades del corredor minero retomen estos procesos de resistencia es que las mesas de diálogo no han canalizado sus demandas. Se les ofreció solucionar los problemas, sin embargo, han pasado meses y no hay nada concreto. Además, la crisis política ha influenciado mucho. Se siguen postergando las soluciones a los problemas ambientales que tienen en relación con el proyecto minero Las Bambas y esa afectación que tienen con el tránsito de camiones en todo el territorio. Y no hay nadie que responda sobre esas problemática, por ello, las comunidades se ven obligadas a usar vías no institucionales como la toma de carreteras, porque es la única forma, en nuestro país, como las comunidades pueden llamar la atención del gobierno y hacerse escuchar.
Las comunidades sienten que la vía de diálogo no ha estado funcionando ¿Cuáles han sido los principales cuellos de botella?
Se ha estado intentando hacer un diálogo, pero siempre las soluciones a los problemas de las comunidades se burocratizan. Por ejemplo, en una de las mesas de diálogo sobre el problema de la carretera, los ministerios convocaron al OEFA, para que exponga sobre la contaminación . Y las comunidades no necesitan estas sustentaciones técnicas, porque la problemática es clara, perceptible y directa. Pienso que los ministerios debieron ser mucho más productivos y ofrecer una información inmediata. También se estaba discutiendo que la solución sería el asfaltado, todo una discusión de carácter técnico y burocrático de donde y quien va a asfaltar. Pero, en concreto, el problema no se soluciona con un asfaltado, sino con la regulación del transporte, de establecer un horario para reducir la afectación a la gente o finalmente volver a discutir si es posible el mineroducto o una carretera alterna.
¿Que está pidiendo la población, porque a pesar que ellos optaron por el diálogo, este camino parece no tener resultados?
Las comunidades del corredor minero del sur están hartas. En estas últimas tomas de carretera, si uno sigue los medios, lo que la gente dice es “ya no queremos ni asfaltado, ya no queremos que nos propongan cualquier solución técnica, acá lo que queremos es que la mina no pase más”, porque realmente están cansados del impacto que sufren, por eso la demanda concreta es ya no quieren que los camiones de las empresas pasen por su zona y que los dejen tranquilos.
¿Cuál ha sido la labor de los representantes de la empresa MMG las Bambas habido alguna participación que encamine mejor la solución?Las Bambas ha estado participando de las mesas de diálogo, se abrieron diferentes subgrupos dentro de las mesas donde han mandado representantes, pero tienen un perfil muy bajo, y no siento que tengan ánimo de participar en soluciones concretas, parecen observadores de lo que el Estado propone y la población reclama. Esa poca proactividad de la empresa agrava la situación.
¿La demanda de las comunidades también va en el sentido de priorizar la construcción del mineroducto y que se derogue este decreto que categorizaba como vía nacional al corredor minero?
Es parte de la problemática, porque el tema pasa por reevaluar diferentes aspectos, incluyendo el mineroducto. Y la derogatoria del decreto que declara al corredor minero como vía nacional debería tener una solución más ágil, porque en efecto al no haber considerado los derechos de las comunidades, no debió proceder.
¿Es probable que la situación se agrave considerando que el gobierno no tiene en estos momentos soluciones concretas y rápidas?
Sí, Chumbivilcas se acaba de declarar en huelga indefinida y la Federación Unificada de Campesinos acaba de declarar que se une al paro y eso incluye también Apurímac e incluso todo el corredor. El trasfondo no es solo que hay que una empresa irresponsable, sino la mala estructura institucional que no permite que se solucionen los problemas. El problema es que tenemos un país donde se hace minería y nadie vela por el derecho de las comunidades.
¿Qué debería hacer el gobierno para que las comunidades depongan estas medidas de fuerza?
Yo creo que en este momento el gobierno tiene que volver a reevaluar cuál es la estrategia para volver a encausar estos conflictos por la vía institucional, porque ahora todo se está dejando en manos del Ministerio del Interior y se está reprimiendo y mandando a contingentes que reprimen a las comunidades. El conflicto en Las Bambas no puede ‘policializarse’, esa no es la solución. Lo que vamos a tener como producto de estas acciones son más heridos y muertos. No podemos nuevamente regresar a esa estrategia. Lo que hay que hacer es retomar el diálogo, y me parece negativo que se haya removido a los funcionarios que estaban llevando adelante estos procesos, como por ejemplo la ministra Paola Bustamante, que estaba a cargo del proceso. Y aún no sabemos quién va a entrar en su lugar. Recordemos que Zeballos que ahora está de premier, en su cartera anterior activaba varios procesos para evitar la criminalización. Y retomar el diálogo es una prioridad.
