Un repaso por la historia permite entender cuáles fueron las razones que permitieron que el aborto se tipificara como un delito. 

Claudia Risco

En el Perú, entre 2014 y 2021, según datos del Ministerio Público, se detuvo a 23 adolescentes y se les procesó por someterse a un aborto, lo que la justicia peruana castiga con hasta dos años de cárcel y cincuenta y cuatro jornadas de servicio comunitario. Pero ¿siempre tuvo estas consecuencias?

La opinión de un cura llamado Heinrich Kramer podría dar luces sobre la antigüedad y la ferocidad con que la Iglesia católica ha afrontado este tema. En el tratado “El martillo de las brujas”, escrito en 1486, el clérigo afirmó que las mujeres que abortaban eran brujas que tenían un pacto con el diablo. En términos globales, este configura el primer acto de persecución, estigmatización y penalización del aborto.

Para Evelyna Esquivel, investigadora de los derechos de las mujeres, la penalización del aborto responde a una alianza histórica entre la Iglesia católica y los grupos económicos que han gobernado cada sociedad.

“Esa mirada conservadora proviene de Europa”, apunta Esquivel. “Cuando los españoles vienen (a América), traen la fe católica, en esa evangelización, que ellos decían que era por el bien de los indios, nos transmiten todos estos juicios morales y patrones culturales. Ese factor religioso”, sostiene. 

Así -comenta- la función de la mujer es reproducir a los ciudadanos del mundo: “obviamente no va a estar abortando porque esa no es su función, su función es parir”.

Esquivel recuerda que, durante el siglo XIX, en los inicios del Perú como República, si tu familia tenía opulencia, el aborto se perdonaba. En cambio, si eras una persona indígena o de un estrato social más bajo se te condenaba. “Los jueces de esa época tenían que considerar la condición socioeconómica de la mujer para juzgarla”, agrega. 

Lo dicho por la investigadora se encuentra en el Diccionario de la Legislación Peruana, escrito en 1860, por el jurista Francisco García Calderon Landa. En el documento se menciona que cuando una mujer interrumpe el embarazo cae en contra de su supuesta función que, por naturaleza, es la función reproductiva. 

Otro apunte es el de la investigadora Sylvia Marcos quien afirma que “las normas referentes a la sexualidad en Mesoamérica y en todo el continente americano indígena difieren radicalmente de las importadas por los misioneros católicos”. Esta importación implicó modificaciones en las prácticas corporales con respecto al placer físico, la maternidad y el aborto.

QUINTO MANDAMIENTO

El primer Código Penal peruano de 1863 sanciona penalmente el aborto, pero considera como atenuante el “aborto por móvil de honor”. Se consideraba que una mujer sin esposo y con hijo podía ser marginada socialmente, ya que al nacer el hijo o hija era evidente que habría tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así lo mencionan las investigadoras Doris Blas y Claudia Rosas del Movimiento Manuela Ramos en el texto “Situación del aborto en Perú”. 

“Cuando se genera el primer código penal en nuestro país estamos hablando de un contexto histórico distinto donde la religión católica tiene un poder muy importante a nivel político. No hubo separación entre lo político y lo religioso, lo que se considera pecado se  considera delito”, sostiene Melissa Sánchez Esteban, responsable de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir Perú. 

En el libro “Sexualidad, religión y Estado” de la organización Católicas por Derecho a Decidir se menciona que una de las principales fuerzas políticas en la formación del Estado peruano fue la Iglesia católica. Esta delimitación de la sociedad mediante el discurso eclesiástico estuvo basada en una segmentación jerarquizada de la población, especialmente en relación con las mujeres, a quienes se les subordinó. 

“El derecho canónico (de la Iglesia Católica) ofrecía subordinar a las mujeres a los hombres. Eso estableció una desigualdad. Reducía al sexo a lo reproductivo, tenía que darse en el matrimonio. Entonces la república simplemente otorgó el poder al derecho canónico, lo que afecta seriamente a las mujeres”, señala la historiadora María Emma Mannarelli. 

En 1924, el Congreso despenaliza la causal del aborto terapéutico, y un grupo de médicos expresan sus miedos a que -según ellos- las mujeres ya no quieran formar una familia y solo satisfagan sus instintos sexuales. 

“Está muy involucrada la libertad sexual de las mujeres. El valor de las mujeres está relacionado a su útero, su capacidad de gestar. La iglesia y el Estado instrumentalizan los cuerpos de las mujeres, siempre ligadas al espacio doméstico”, menciona la historiadora Daniela Dulce. 

GRUPOS ANTIDERECHOS

La injerencia de la Iglesia católica en la penalización del aborto también se puede rastrear hacia 1990 cuando se estuvo a punto de despenalizar el aborto por violación, pero por presión de la jerarquía eclesial no se aprobó. “Su influencia se ve hasta ahora. En los últimos años se han articulado a nivel regional y también hacen incidencia en la política. Vemos representantes de la Iglesia en el Congreso”, añade Emilia Salazar, socióloga e integrante de Demus. 

Más recientemente, en  2014, la ONG católica Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda, interpuso una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud (MINSA) para que se abstenga de implementar la guía nacional del aborto terapéutico. En segunda instancia perdieron el caso y lo declararon improcedente. 

Hay una segunda solicitud, en el 2018, la Asociación de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, puso una demanda de acción popular contra el protocolo del aborto terapéutico. La finalidad es declararlo inconstitucional. Aún se espera el fallo del Poder Judicial. La asociación tiene como miembros de su consejo directivo a abogados del colectivo Padres en Acción (PEA), vinculado a Con Mis Hijos No Te Metas.

“El código en 1863 tenía una influencia muy católica, estos grupos antiderechos tienen esa misma influencia católica. Esta manera de entender a las mujeres en un rol reproductivo y no como sujeto de derechos autónomos. En Perú seguimos discutiendo temas como la autonomía de las mujeres en cuanto a nuestros derechos sexuales y reproductivos”, menciona Mayra Hinojosa, asesora de incidencia jurídica en Promsex.

El más reciente intento por evitar la despenalización del aborto viene de manos de la congresista evangelica Milagros Aguayo, quien es autora del proyecto de “Ley que reconoce derechos al concebido”. La iniciativa legislativa propone modificar el primer artículo del Código Civil peruano, de modo que consigne que «la vida humana comienza con la concepción» y que el ser concebido tiene derecho a su libre desarrollo dentro del útero.

“Ellos dicen que se preocupan por la vida pero no piensan en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres que son violadas y que a partir de este crimen resultan embarazadas. Además la falta de acceso a métodos anticonceptivos y Educación Sexual Integral, a la que estos grupos también se oponen, genera que muchas adolescentes queden embarazadas cuando sus cuerpos no están preparados”, sostiene Emilia Salazar, integrante del equipo DEMUS.

Los grupos conservadores, usualmente que profesan una religión, se oponen a la despenalización del aborto en cualquier causal. El Estado peruano pese a ser laico aún mantiene fuertes lazos con grupos religiosos que son también grupos de poder. En tanto, las mujeres, sean niñas o adultas seguirán siendo criminalizadas, insultadas, atacadas y ninguneadas por intentar ejercer su voluntad de no ser madre y por exigir condiciones seguras para abortar legalmente en un hospital.