En la provincia de Coronel Portillo (Ucayali), una comunidad nativa azotada por el narcotráfico y la tala ilegal pidió protección policial. La PNP se negó por la distancia y «carencia de r ecursos».
Por Álvaro Meneses
En una carta policial, el comandante PNP de la Comisaría de Pucallpa, Juan Reynaldo de la Cruz Roldán, respondió así al pedido de resguardo policial de la comunidad nativa Flor de Ucayali por las amenazas que sufren del narcotráfico y tala ilegal: “por la distancia de ubicación, no es posible implementar un esquema de seguridad y protección (…) por carencia de de recursos logísticos y humanos”.
En el marco de vivir en una zona de actividades ilícitas como el narcotráfico y la tala ilegal, el presidente del Comité de Vigilancia Comunitaria de la comunidad Flor de Ucayali, Saúl Martínez Guimaraes, envió el pasado 10 de noviembre una solicitud para que la Policía Nacional del Perú reconozca una guardia indígena comunal como medida de autodefensa y envíe protección policial a la zona.
Los miembros de la comunidad Flor de Ucayali, ubicada en la provincia de Coronel Portillo (Ucayali), han recibido ataques y amenazas de muerte en los últimos meses tras enfrentarse al narcotráfico y la tala ilegal a través del confiscamiento de madera y vigilancia a los bosques deforestados para la producción ilícita de coca. Hace menos de un mes, por ejemplo, diez sujetos no identificados irrumpieron la comunidad con armas de fuego.
Durante la pandemia, además, hasta 9 líderes indígenas fueron asesinados por proteger la Amazonía: Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pio Flores (Junín), Santiago Vega Chota (Ucayali), Lorenzo Wapagkit Yampik (Amazonas), Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios), Herasmo García Grau (Ucayali), Yenes Ríos (Ucayali), Estela Casanto Mauricio (Junín) y Marío López Huanca.
La mayoría de ellos fueron ejecutados con armas de fuego, según el registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En ese contexto, el dirigente Martínez Guimaras solicitó a la Comisaría de Pucallpa que reconozcan a una guardia indígena comunal conformada por los mismos miembros de la comunidad como forma de autodefensa, así como la implementación de un mecanismo de protección policial o militar y la intervención de las autoridades sobre las actividades ilícitas reportadas en la zona.
La respuesta de la PNP, sin embargo, fue una negativa por falta de recursos logísticos y humanos. “Mientras que el gobierno central (…) preste urgentemente el apoyo de seguridad necesaria erradicando el cultivo de la hoja de coca, el tráfico ilícito de drogas, la deforestación de los bosques y otras labores ilícitas que su comunidad denuncia, deberían gestionar la creación de una ronda campesina comunal indígena”, dice la carta policial.
Al respecto, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) dedicado a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas Juan Carlos Ruiz Molleda, enfatiza que lo sucedido en la comunidad Flor de Ucayali no es un caso aislado. «A pesar de los sistemáticos denuncias de ingresos en sus territorios de colonos, cocaleros, traficantes de tierras, madereros ilegales, el Estado no los protege. A pesar que ya varios líderes indígenas han sido asesinados y otros tantos amenazados y golpeados y apaleados», comenta.
