En noviembre de 2024, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso se aprobó un dictamen que busca incorporar a adolescentes de 16 y 17 años que cometan los delitos listados en el proyecto de ley al sistema penal de adultos para su juzgamiento y sanción.

Según el dictamen, esto disminuiría el índice de la criminalidad adolescente, la impunidad y inseguridad ciudadana, ante el incremento considerable de la delincuencia, que aprecia una notable participación de jóvenes adolescentes

Actualmente, existen 3 solicitudes de reconsideración pendientes de votación. Sin embargo, si se convierte en ley, adolescentes de 16 y 17 años serán juzgados y deberán cumplir sanciones en cárceles de adultos.

Al respecto, hay expertos y entidades que han manifestado su rechazo como los fiscales de Familia del Ministerio Público que rechazan tal dictamen.

En ese sentido, manifiestan que estas iniciativas vulneran los compromisos internacionales de defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes, asumidos por el Estado peruano. Un ejemplo es la “Convención de los Derechos del Niño”.

Los expertos señalan que esta ley no tendría un impacto profundo en el problema que se quiere resolver.

De acuerdo al Ministerio Público, la participación de adolescentes en la criminalidad total del país para el 2023 representó el 1,5%; y 98,5% para adultos. Solo 1 de cada 100 personas denunciadas por cometer delitos tiene menos de 18 años. 

Estas cifras demuestran que el problema de la delincuencia en Perú no lo generan los adolescentes sino los adultos. 

Javier Álvarez, representante UNICEF, afirmó que es crucial garantizar los derechos de los menores y castigar de manera firme a quienes explotan su vulnerabilidad. Además, destacó que juzgar a los adolescentes como adultos crea una falsa sensación de seguridad, mientras se les niega la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.

Por su parte, Carmen Lagos, especialista en psiquiatría infantil y adolescente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señaló que la neurociencia ha demostrado que la madurez se alcanza alrededor de los 20 años, por lo que se deben evitar sanciones severas propias de adultos, así como el riesgo de que compartan internamiento con personas adultas que puedan influir negativamente en su conducta.

Asimismo, Alejandro Morlachetti, especialista en protección de UNICEF Argentina, destacó que, en América Latina, ningún país ha optado por aplicar sanciones de adultos a los adolescentes. En lugar de eso, recomendó fortalecer las estrategias socioeducativas para una mejor rehabilitación.