Redacción Wayka
Una investigación publicada por Hildebrandt en sus Trece revela que, el actual Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarthe, se reunió en 2017, con cuatro magistrados del Tribunal Constitucional para presionarlos a rechazar la acción de amparo de una comunidad campesina de Puno que solicitaba una consulta previa.
¿A quién intentó favorecer Salvador del Solar, un mes después de asumir el Ministerio de Cultura? El informe de la revista afirma que a tres empresas mineras.
La historia comienza en 2011, cuando el entonces presidente Humala otorgó a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company varias concesiones en el distrito de Tiquillaca en Puno.
La comunidad, al enterarse de dicha concesión, acudió al Tercer Juzgado Civil de Puno para solicitar una consulta previa. Según el abogado de la comunidad, José Bayardo, la población estaba en desacuerdo de entregar terrenos que se superponían a los restos arqueológicos de las Chulpas de Sillastani, declarados Patrimonio Cultural de la Nación y que son fuentes locales de ingreso turístico.
Salvador en escena
Los primeros meses de 2012, la comunidad llevó la demanda de amparo al Tribunal Constitucional, después de que fuera desestimado por el Poder Judicial. Sin embargo, el tema quedó congeló hasta el 2017, cuando la demanda logró entrar en la agenda de los jueces. Fue en ese momento donde interviene, Salvador del Solar, quien asumía la cartera de Cultura.
En enero de 2017, los magistrados del TC recibieron una solicitud del Ministerio de Cultura para interceder en el proceso. “La concesión minera no es una medida administrativa que deba ser consultada debido a que desnaturalizaría el contenido constitucionalmente protegido del derecho a consulta previa”. A pesar de la confusión, lo que en el documento se intentaba argumentar era que una concesión no requería de autorización.
Semanas después, Del Solar asistió al Tribunal Constitucional acompañado del ministro de Energía y Minas Gonzalo Tamayo Flores, para presionar a cuatro magistrados que no habían decidido su voto. Solo dos manifestaron su decisión: Marianella Ledesma votaría a favor de la consulta y José Sardón de Taboada votaría en contra.
Ese día Salvador del Solar no solo visitó a los jueces, sino también al entonces presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, y a su sucesor Ernesto Blume Fortini; y a los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos Nuñez.
Le pidieron explicaciones
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, solicitó formalmente al Ministerio de Cultura información al respecto. La respuesta fue que la reunión con los magistrados del TC se produjo con la finalidad de exponer la importancia de la cartera en el proceso.
El ministro, para no evidenciar sus intenciones, omitió en los oficios los nombres de las seis mineras que se beneficiarían con las concesiones en el distrito de Tiquillaca. Tres de ellas son canadienses: “Candente Gold”, que cuenta con 2700 hectáreas concesionadas; “Bear Greek Mining”, con 4 concesiones ocupando 900 hectáreas y “IMGOLD Company” propietaria de 300 hectáreas.
Las nacionales son la minera “Buenaventura”, cuyo dueño es el presidente de la Confiep, Roque Benavides, quien tiene 100 hectáreas y las compañías “Servicios Integrales de Producción Industrial y “Colque”.
A fines de 2018, el Tribunal Constitucional sentenció que el expediente regresara al Poder Judicial y se rehiciera el juicio.
Finalmente, la nota culmina con la declaración del abogado de la comunidad, José Bayardo: “El nombramiento del Señor Salvador del Solar, como primer ministro definitivamente que es un tema alarmante para nosotros. Vamos a estar vigilantes de la conducta que pueda tener sobre este caso”, advirtió.
