Una de las empresas de productos lácteos más grandes del país realizó una jugada de “mala leche” contra su sindicato de trabajadores: infiltró a un informante entre sus afiliados.
Por Ghiomara Rafaele
Por cinco años, a cambio de una bonificación, un empleado de Laive filtró información del Sindicato de Trabajadores (SINTRALAIVE) a la Gerencia de Recursos Humanos. Por este hecho, la compañía de productos lácteos, con 113 años de trayectoria y S/715,1 millones de ingresos por ventas solo en el 2022, se encuentra en la mira de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
El 22 de octubre de 2019, el mismo “informante”, un extrabajador de Laive de iniciales D.R.R, confesó los hechos ante Sunafil. En su testimonio, el exempleado declaró que del 2011 al 2019 recibió bonos por “brindar información a la empresa”.
Posteriormente, en marzo de este año, Sunafil recibió otra denuncia del Sindicato de Trabajadores de Laive, en donde se adjuntan más pruebas de los servicios del “informante”, a los que Wayka tuvo acceso, como chats de WhatsApp, audios de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y boletas de pago.
Operación “informante”
D.R.R empezó a trabajar en Laive en 2011. Ese mismo año, según cuenta en su declaración a la Sunafil, el entonces gerente de Recursos Humanos, Sandro Solimano, le propuso infiltrarse en el sindicato: “Qué te parece ingresar al sindicato (…) porque hay información que me gustaría saber de ahí y yo sé que estando afuera en la planta no lo vas a saber”. Según D.R.R, el actual gerente de la misma área, Ángel Parodi Zevallos, también “tenía conocimiento” del servicio acordado.
Los tres primeros años mantuvo al tanto a la gerencia sobre pérdidas, indisciplinas, malos manejos de materiales, prevención de alcoholismo. Sus servicios se modificaron en el 2014 debido a su ingreso al SINTRALAIVE: ahora también informaba sobre el mismo sindicato. En el primer periodo su bono osciló entre los S/200 y S/300. Sin embargo, en el 2014 la compensación aumentó a S/500 y se mantuvo así hasta el 2019.
En el 2017 asumió cargos de confianza en comisiones negociadoras y fue dirigente a cargo de la secretaría de archivos, donde tuvo acceso a información sensible del sindicato. En su declaración a la Sunafil, D.R.R confesó que la información obtenida la entregaba a los asesores legales de Laive, Victor Portocarrero Valencia y Haylin Tello Pinto.
Como prueba de la constante comunicación entre D.R.R. y los abogados de Laive, el “informante” cuenta con conversaciones de WhatsApp con Haylin Tello de marzo del 2018 a febrero del 2019, y con Víctor Portocarrero de noviembre del 2017 a agosto del 2018, así como correos electrónicos y boletas de pago. En uno de esos chats se lee que D.R.R le informa a Tello sobre los reclamos y acciones del sindicato.
En otra conversación de WhatsApp de septiembre del 2018, se lee que el “informante” le detalla a Tello sobre una reunión de la junta directiva del sindicato convocada con urgencia. La abogada de Laive, según la captura tomada por D.R.R, le respondió: “Okey me dices si aprueban el planton”.
Wayka.pe también accedió a correos electrónicos que D.R.R sostiene haber enviado a Sandro Solimano, entonces gerente de Recursos Humanos de Laive. Según se aprecia en las imágenes, los correos guardan información sobre los “planes del sindicato”, “informes” mensuales y el “debate por trabajadores mediante Facebook”.
D.R.R continuó con sus servicios de filtración de información hasta agosto del 2019, cuando el Sindicato de Trabajadores de Laive recibió un correo que delató al “informante”. D.R.R negó la acusación, pero renunció al sindicato.
Ese mismo mes, D.R.R se percató que no había recibido su bono de S/500 y se comunicó con Haylin Tello, una de las abogadas de Laive que recibía la información filtrada.“La doctora Haylin Tello vía telefónica me respondió que ya no se me va [a] pagar el bono por el motivo de escasez de información y por haber renunciado al sindicato Laive”, cuenta D.R.R en su declaración a Sunafil escrita con su puño y letra.
D.R.R también cuenta con un audio en donde sostiene que la abogada Haylin Tello, en una conversación telefónica, le dijo: “Yo entendía que habías salido del sindicato y ya no podías seguir brindándonos información (…), ya la información no vas a poder dármela y la información que me vas a dar va a ser limitada”.
En ese contexto, el “informante” presentó una denuncia laboral ante Sunafil en octubre del 2020, en donde pidió que se realice una inspección a Laive porque “sin notificación alguna” la empresa dejó de pagarle su bonificación por filtrar información del sindicato.
Sunafil realizó la inspección el 27 de diciembre de 2019, en donde la abogada Haylin Tello asistió en defensa de Laive. En la transcripción de la diligencia a cargo de la inspectora Rosa Díaz Díaz, se lee que Tello negó que D.R.R haya sido un informante de la empresa infiltrado en el sindicato, sino que se trataba de “un mediador que ayuda a solucionar un problema (…) una especie de ayuda entre las relaciones” y que “el bono era por ayuda en las relaciones”.
Con las pruebas del “informante”, el Sindicato de Trabajadores de Laive también presentó una denuncia ante Sunafil en marzo de este año. Cinco meses después, el pasado 18 de agosto, Sunafil resolvió que la empresa habría incurrido en la vulneración de doce tratados internacionales y leyes nacionales, como la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José, el Convenio 87 y 98 de la OIT y la Constitución Política del Perú.
En entrevista para Wayka.pe, el secretario general del sindicato, Arturo Pumahuacre, sostuvo que se trata de “una clara violación a nuestros derechos, afectando la libertad como trabajador quien adquiere este derecho no solo por la ley sino también por nuestra constitución”.
Según Miguel Luján, otro representante sindical, las sospechas de filtraciones han continuado aún después de la renuncia de D.R.R en 2019. El 8 de noviembre del 2022, por ejemplo, el SINTRALAIVE inició una huelga por diversos derechos laborales. Sin embargo, un día después, cuatro trabajadores de la empresa Obiettivo Lavoro Perú, proveedora de Laive, renunciaron de inmediato y fueron incorporados en la empresa de productos lácteos. Según sostiene Luján, Obiettivo Perú habría preparado con anticipación la salida de sus trabajadores para reemplazar a los empleados en huelga.
De acuerdo a Sunafil, en esa ocasión Laive realizó “actos que impidieron el libre ejercicio del derecho de huelga (…) lo cual afectó a los 336 trabajadores afiliados a la organización sindical”. Además, según Sunafil, la empresa no permitió que su inspector ingrese al espacio laboral. Ambas conductas generaron una multa de S/ 489 348 y fueron consideradas como infracciones muy graves.
Por su lado, el abogado del sindicato, Aaron Aleman, recordó que ya existen denuncias por presuntos actos de hostilidad, incumplimientos en materia de seguridad y salud, faltas de pago, desnaturalización de contratos y vulneración de normas sociolaborales. También anunció que iniciarán una demanda contra Laive por daños y perjuicios. “Todas esas injerencias han ocasionado daños patrimoniales, pero también extrapatrimoniales. La empresa se aprovechó de su poder de dominio estructural y económico, eso ocasionó daños al sindicato”, dice.
Al buscar la versión de Laive para este reportaje respondió a Wayka.pe que descarta “cualquier práctica que vaya en contra de sus principios”. “Han transcurrido más de 10 años del caso y en todo este tiempo hemos venido demostrando disposición para colaborar con la Sunafil, a fin de aclarar cualquier situación que pueda poner en entredicho nuestra integridad como empleadores”, enfatizó.
