El tribunal de justicia alternativo promovido por el colectivo Familias Unidas por Justicia, procesó al Estado peruano por 3 feminicidios que continúan impunes e identificaron incumplimiento a los estándares internacionales. 

El Tribunal contra el Feminicidio halló culpable al Estado Peruano por incumplir sus obligaciones de impartir justicia y respetar los tratados internacionales, en los casos de Joshuany Muñoz (2019), Lesly Vicente (2020) y Mariella Baca (2021), tres jóvenes cuyos feminicidios siguen impunes.

Esta corte, que estuvo conformada por las abogadas Jennie Dador, Amire Ortiz y Diana Miloslavich, ex ministra de la Mujer, fue organizada por familiares de víctimas de feminicidio agrupadas en la asociación de Familias Unidas por Justicia, como una forma de justicia alternativa, a fin de que se reconozcan las faltas cometidas por el Estado peruano en la investigación de dichos casos. 

“Este Tribunal tenía como propósito, a través de 3 casos que continúan impunes, evidenciar y generar la responsabilidad del Estado por la forma en la que ha venido actuando la ‘justicia’ frente a los casos de feminicidio. Esto nos demuestra que hay patrones establecidos de cómo el Estado mira estos casos. Hay una inacción e incluso obstrucción de la justicia por la parte demandada”, señaló para Wayka.pe Amire Ortiz, abogada miembro del Tribunal.

Según la sentencia del caso, las juezas encontraron 3 patrones comunes de incumplimiento. Entre ellos están las demoras injustificadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. 

Además, identificaron también que las autoridades se negaron a considerar la muerte violenta de las víctimas como feminicidio. Así mismo, no se respetó el principio de celeridad, ya que las autoridades no realizaron investigaciones penales exhaustivas. 

Según la nota de prensa compartida tras la sentencia del caso “Esta falta de abordaje de los casos como delito de feminicidio deja en el camino pruebas, motivos y comportamientos sospechosos de los presuntos responsables e incluso agravantes como la flagrancia”.

Además, el Tribunal también responsabilizó a las empresas de telecomunicaciones por demorar en la entrega de informes sobre las líneas telefónicas de las víctimas, después de que se ordenara el levantamiento del secreto de comunicaciones, y del propio Poder Judicial por no exigir resultados a tiempo. 

 “Es importante señalar que el feminicidio es un delito cuya violencia no solo viene por parte del agresor, sino también del sistema estatal, de todo el aparato de justicia que genera esta situación de revictimización y violencia una vez cometido el crimen, con la falta de acceso a la justicia, la falta de acceso al derecho a la verdad, la violencia que viven las familias que buscan saber lo que ha pasado con sus víctimas o buscan que se sancione a los responsables”, aseguró Amire Ortiz, quien también es directora de Acción por Igualdad.

Por otro lado, hallaron también incumplimiento de recomendaciones de instancias internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, quienes recomendaron al Estado Peruano fortalecer sus políticas públicas frente al feminicidio, así como la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

“Lo que se busca con esta sentencia es hacer incidencia. Por lo pronto las acciones buscan que se conozcan estos hechos las entidades del Estado, instituciones que han sido participes de esta falta de atención debida, y abogados que son parte de las grandes esferas del poder judicial”, añadió Ortiz. 

Los primeros casos analizados

El caso de Joshuany Muñoz se conoció en diciembre del 2019. Tenía 22 años cuando fue hallada muerta en la habitación que alquilaba en Chorrillos. Según lo relatado por su padre en ese momento, el sospechoso era un joven de nacionalidad venezolana que siempre la perseguía. Además se encontró un mensaje del feminicida en el espejo de su habitación.

Por otro lado, Lesly Vicente, quien vivía en Tingo María fue encontrada muerta el 15 de julio del 2020, ella tenía tan solo 19 años. Según los hechos, fue encontrada muerta con 4 puñaladas en la espalda y con signos de haber sido abusada sexualmente, ya que se encontró restos de esperma en el cuerpo. Pese a eso, el caso permanece impune. 

El tercer caso en ser analizado fue el de Mariella Baca, quien murió en un accidente automovilístico el 30 de enero del 2021, provocado por Pacheco Bado, su pareja sentimental, quien anteriormente ya la había amenazado de muerte con un revólver en la mano. 

Los tres casos, como se detalló anteriormente, permanecen impunes hasta el día de hoy, y los familiares han denunciado diversas irregularidades señaladas como un patrón por el Tribunal. “No son hechos aislados, es como una sintomatología de la impunidad que reina en estos casos”, concluyó la abogada Amire.