“No es fácil asimilar que un familiar salga en la mañana despidiéndose y luego regrese a casa en un ataúd”, confiesa Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho y esposa de Leonardo Ancco Chacca, una de las víctimas de la represión militar durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte.
Por Ghiomara Rafaele
A un año del trágico 15 de diciembre del 2022 en el que diez ciudadanos fueron asesinados en la represión de las fuerzas del orden en Ayacucho, los familiares de las víctimas y los heridos aún están a la espera de la identificación de los responsables.
“Estamos estancados en una investigación en donde solo se encontraron dos culpables. Cuando designaron a la fiscal Mirella Coronel ella nos informó que las constataciones de los videos se iban a llevar a cabo vía zoom. Le manifesté mediante documentos que nosotros no contamos con zoom o internet. Durante estas visualizaciones, en la misma fiscalía, se cortaba la señal”, recuerda Ruth Bárcena.
Videos borrados y más trabas
Durante una de las visualizaciones en la Fiscalía, la hermana de Jhon Henry Mendoza Huarannca se dio cuenta que habían eliminado algunos videos. Posteriormente se recuperó la grabación.
“Uno de los videos en el que se muestra el asesinato de Leonardo Hancco Chacca y Jhon Mendoza Huarannca fue eliminado. La hermana de Jhon se dio cuenta, nosotros levantamos un acta en el que declaramos que “erróneamente” fue borrado por el trabajador que operaba el visualizador”, menciona Bárcena quien cuenta que otra de las dificultades que atravesaron los familiares de los deudos surgió por la inconsistencia en la visualización y el desconocimiento de la fiscal Mirella Coronel, debido a que no se ubicaba en las calles de Ayacucho. “La fiscal viene cuando quería, tampoco conoce los lugares en donde fueron disparados nuestros familiares. Teníamos que estar señalándole, ella no tenía ni idea”.
Por su parte, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, menciona que Ayacucho es una de las regiones con mayor avance en investigación a comparación de Juliaca, Cusco o Apurímac en los procesos judiciales; sin embargo, los cambios de fiscales por parte de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ponen en duda el trabajo fiscal.
“Además hay un conjunto de afectaciones que no han sido atendidas por el Estado peruano, como la reparación en salud. Supuestamente, con la comisión creada por el Ministerio de Justicia se buscó atender a las víctimas, pero hay un conjunto de heridos que tienen secuelas y no fueron atendidos de forma adecuada generando nuevas secuelas”, declara Dador.
Discriminación y terruqueo
- ¿Ustedes se sintieron discriminados durante este primer año del proceso judicial?
- “Claro que sí. Nos sentimos discriminados desde el primer día que fueron asesinados nuestros familiares. Escuchamos que nos decían: miren a esas esposas de los terroristas, miren a esos cholos que están haciendo su protesta. Que se jodan, para qué salen a protestar”, responde Ruth Bárcena.
Los familiares responden: no somos terroristas, a pesar de ello durante las marchas o las audiencias han sentido el repudio y la hostilidad por parte de algunos ciudadanos y también por el abogado de Alberto Otárola.
“El papá de Clemer Rojas tuvo que viajar a Lima a dar su declaración. Ahí le discriminaron preguntándole: ¿Quién le financiaba sus pasajes?, ¿por qué no dio sus declaraciones en su pueblo?, ¿por qué tenía que venir?. El abogado de Otárola le hizo esas preguntas. El familiar de Josué Ceñudo pasó por lo mismo. Le preguntaron quién le financiaba la comida, los pasajes, su cuarto”, recuerda Ruth. Bárcena.
Debido a estas preguntas los abogados de la defensa de las víctimas de Ayacucho solicitaron el cambio de declaraciones de presencial a virtual.
A la espera de justicia
«Ahora las expectativas de los familiares están en poder acceder a procesos de investigación imparciales, rápidos y capacitados en derechos humanos. Que la salida de Patricia Benavides signifique un reacomodo y permita que los procesos puedan investigarse y seguirse de una manera que debió realizarse desde un primer momento», señala Jennie Dador.
Por su parte, los familiares saben que ni los bonos ni las reparaciones civiles van a cubrir la vida que se perdió. “Han sido futuros truncados no solo de los asesinados, sino de sus hijos, de sus esposas. El Estado en vez de que nos cuide, de que nos proteja, ha vulnerado nuestros derechos al quitarle la vida a nuestros familiares”, finaliza Ruth, la esposa de Leonardo Hancco, a quien no volverá a ver.
