El denominado Club de la Construcción operó en el Perú desde el 2011 hasta el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala. En esta caso, la fiscalía anticorrupción investiga la presunta concertación ilícita de empresas constructoras para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acciones que habría incluido el pago de coimas.