Rolando Gutiérrez Crespo, quien defendió al fujimorista Joaquín Dipas Huamán en dos acusaciones por corrupción de funcionarios, ahora es el juez que resolverá su caso.

En 2019 Dipas fue condenado pero el Congreso, controlado por Fuerza Popular, lo blindó e impidió que la sentencia se ejecute. Dipas también ha sido alcalde de Pichari y afronta dos procesos judiciales por la compra de terrenos durante su gestión como burgomaestre.

En 2016, Rolando Gutiérrez, hoy magistrado en Kimbiri, defendió a Dipas en una denuncia por estafa por haber condicionado la habilitación urbana del sector Señor de los Milagros en Pichari a cambio de la entrega de cinco lotes.

En ese entonces, Gutiérrez solicitó a la Fiscalía Mixta Provincial de Pichari que se declare prescrito el delito que se le imputaba a Dipas y se archive. Hoy, Rolando Gutiérrez es el juez que decidirá los procesos contra su exdefendido.

Fuente: La República

Los procesos

Uno de los procesos es por la exoneración del proceso de adquisición de 4 hectáreas de terreno para construir un laboratorio de biotecnología en Pichari, sobrevalorado en más de 140 mil soles.

Dipas fue sentenciado a 5 años de prisión en mayo de 2019, pero en diciembre los jueces superiores Vladimiro Olarte Arteaga, Raúl Ortiz Arévalo y Godofredo Medina Cancharí dejaron sin efecto la medida.

A pesar de que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho logró demostrar que Dipas se aprovechó de su cargo cometiendo el delito de colusión, los magistrados alegaron que el juez de primera instancia no sustentó este delito y ordenaron que otro juez emitiera una nueva sentencia. Rolando Gutiérrez Crespo fue el elegido.

El segundo proceso es la adquisición de un terreno sobrevalorado destinado a la Universidad Agroforestal de Pichari, cuyo costo pasó de 2 mil soles por hectárea a 85 mil soles por hectárea.

Dipas es acusado de haber suscrito un compromiso notarial de compra directa sin licitación de casi diez hectáreas del terreno en 673 mil soles. Esta transacción vulneró la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento.

El 23 de enero de 2018, la fiscal Elsi Chaupín Bautista, titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Ayacucho, solicitó 11 años de prisión para Dipas por el presunto delito de colusión ilegal en agravio del Estado y la Municipalidad de Pichari.

El plan de Gutiérrez Crespo

En setiembre de 2018, William Saavedra Yauli, juez de investigación preparatoria de Kimbiri, admitió las pruebas, los elementos de convicción y la condena propuesta por el Ministerio Público.

En junio de 2019, el caso fue derivado al despacho del juez Rolando Gutiérrez Crespo para el inicio del juicio oral. Sin embargo, el día del inicio de la audiencia (agosto de 2019), la fiscalía y los procesados quedaron sorprendidos al ver a otro juez y no a Rolando Gutiérrez.

Sin consultar ni comunicarlo, el juez Gutiérrez Crespo se inhibió del caso y envió el expediente al juez de su elección, Hernán Huamanculi Tacas, vulnerando el procedimiento de ley. Tampoco notificó a los involucrados ni a la fiscalía. El plan de Gutiérrez era que nadie sepa que había defendido a Joaquín Dipas. 

Los abogados, los involucrados y la fiscalía pidieron que se declare nula la audiencia y se informe de la decisión de Gutiérrez. Huamaculi decidió declarar nulo todo lo actuado en su despacho y lo devolvió al de Rolando Gutiérrez.

“Me he inhibido porque antes de ser juez fui defensor público y asumí la defensa de Joaquín Dipas, cuando todavía no era congresista y había dejado de ser alcalde”, dijo el juez Gutiérrez a La República.

Irregularidades

En abril de 2016, la Dirección Distrital de Defensa Pública, a cargo de Wilver Bautista Vallejo, solicitó al entonces defensor público penal de Kimbiri, Rolando Gutiérrez Crespo, que presento su descargo por una denuncia interpuesta en su contra.

Laura Carpio acusó a Gutiérrez de haber brindado atención legal a Joaquín Dipas Huamán a pesar de ser una persona con recursos cuando la Defensoría Pública es para asistir a personas con bajos recursos.