A días de reiniciarse las protestas en Perú, la congresista del Partido Demócrata de EE.UU. planteó una enmienda para suspender los fondos económicos destinados a los suministros y servicios de defensa que da el gobierno de Estados Unidos al Ejército y a la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta que se cumplan ciertas condiciones como el cese de la represión y nuevas elecciones generales.

Por Jair Sarmiento

La congresista del Partido Demócrata de EE.UU. Alexandria Ocasio-Cortez, presentó una enmienda a la Ley de Presupuesto Nacional de Defensa de EEUU, para que se suspenda y se condicionen los fondos económicos destinados a los servicios y apoyo en defensa que realiza el gobierno de Joe Biden en Perú.

En resumen, que ninguno de los fondos autorizados por esta ley sean asignados al gobierno peruano para proporcionar, autorizar o apoyar cualquier transferencia de artículos de defensa, servicios de defensa, suministros para el control de multitudes u otro suministro de dicho gobierno, y/o para coordinar ejercicios conjuntos con el Ejército o la Policía peruana.

Para retomar estas acciones con Perú, la parlamentaria indica que se deberían cumplir ciertas condiciones que el Departamento de Defensa de EE.UU. debería certificar, entre ellas, la celebración de elecciones generales libres y justas en Perú y el cese de la represión contra los manifestantes y las comunidades indígenas.

Asimismo, el documento señala la necesidad de llevar a cabo una investigación profunda sobre los asesinatos de manifestantes en Perú a partir de diciembre del 2022, realizada por un grupo interdisciplinario de expertos independientes, y que se señale a los responsables de las muertes y que estos sean procesados.

Además, se pide el cese de la criminalización de la libertad de expresión en el Perú y que el gobierno peruano respete plenamente las libertades civiles, incluido el derecho a la protesta pacífica. Por último, exigen que el gobierno del Perú promueva una sociedad diversa y tolerante y que cese la estigmatización de manifestantes indígenas y rurales.

En dicha línea y no menos importante, en estas últimas semanas se cuestionó el ingreso de tropas estadounidenses en territorio nacional.

Intervención de tropas estadounidenses en Perú

Como se recordará, a fines de mayo, el régimen de Dina Boluarte y el Congreso de la República del Perú permitieron el ingreso de tropas militares estadounidenses con armamentos para realizar actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), del 1 de junio al 31 de diciembre de 2023, un periodo extrañamente largo y que se da en el marco del retorno de las protestas a nivel nacional.

Esto se dio a través de de las resoluciones legislativas Nº 31758, Nº 31757, Nº 31800 —este último a solicitud de Lisa Kenna, embajadora de EE.UU. y exagente de la CIA— en Perú que fueron enviadas por el Ejecutivo y que terminaron siendo probadas por el Legislativo. Son más de 1.200 soldados de Estados Unidos que ingresaron al país.

Expertos de la talla de Ricardo Soberón,  abogado y director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), criticaron esta medida. «Es altamente inconveniente e inoportuna la entrada de las tropas, por lo delicado de la situación política que vive el país», señaló a un canal de televisión.

Violación de DD.HH. y lavada de cara ante EE.UU.

Es necesario mencionar que, otros informes como los de la CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch indican que la PNP y las FFAA están implicadas en graves violaciones a los derechos humanos producidas durante las protestas que se iniciaron en diciembre del 2022.

Asimismo, es necesario puntualizar que el régimen de Boluarte desembolsó más de 100 mil dólares para contratar a la consultora estadounidense Patriot Strategies con el objetivo de limpiar su imagen ante el gobierno de los Estados Unidos.