Por Álvaro Meneses
Tras la creación e instalación de una comisión investigadora encargada de indagar un inexistente fraude electoral, el Congreso de la República podría gastar desde S/147 mil, solo si se toma en cuenta la contratación mínima de personal y sus remuneraciones durante los 120 días de plazo que tiene el grupo de trabajo para investigar los hechos.
El pasado 19 de agosto, la mayoría del Pleno del Congreso aprobó conformar una comisión investigadora del proceso de Elecciones Generales 2021 por 120 días hábiles que se dedicará a indagar presuntos actos de corrupción y cualquier otro delito que involucre a funcionarios públicos y terceros que resulten responsables. La comisión será presidida por el parlamentario Jorge Montoya, de Renovación Popular.
Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 a favor de Pedro Castillo, su contrincante Keiko Fujimori denunció un supuesto fraude electoral en su contra. Los más de 800 reclamos presentados por Fuerza Popular fueron atendidos y resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ninguno tuvo sustento, según la institución.
Tanto el JNE, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea coinciden en que el último proceso electoral en Perú fue libre, democrático y sin pruebas sólidas de un supuesto fraude electoral.
Pese a que las denuncias se resolvieron y descartaron en las instancias correspondientes, el Congreso de la República crea una comisión investigadora que indagará por cuatro meses el supuesto fraude electoral. Y lo hará con dinero público.
Más de S/147 mil
En entrevista con este medio digital, la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilin, resaltó que las comisiones investigadoras son las más caras y en general requieren el doble de personal que una comisión ordinaria. “Normalmente lo mínimo que requieren es el doble de personal. A eso multiplícale los meses que van a trabajar, considerando además que suelen pedir más tiempo. Y también piden desplazarse a provincias, y eso significa viáticos, pasajes, alquiler de locales y más”, explica Vásquez.
Wayka pudo conocer que el mínimo de personal requerido para una comisión ordinaria es de un asesor, un técnico y un auxiliar, cuyos sueldos son de S/9400, S/6000 y S/3000 respectivamente, lo que sumaría S/18,400 en un mes. En el caso de una comisión investigadora, que según el promedio demanda el doble de personal, se gastaría S/36,800. Ese monto, por los 120 días de plazo que tiene la comisión investigadora, podría llegar a S/147,200.
Una asesora de la bancada de Fuerza Popular, que pide mantener su nombre en reserva, confirmó a Wayka lo señalado por la exparlamentaria Mirtha Vásquez. “Sí. Las comisiones investigadoras son generalmente las que gastan más”, afirma la fuente. La comisión Lava Jato del Congreso presidida por la fujimorista Rosa María Bartra, por ejemplo, gastó S/6 millones 448.157. De ese monto, S/1 millón 562,174 fueron para cinco asesores.
«En mi opinión las comisiones son también formas de dar trabajo a sus allegados», sostiene la expresidente del Congreso, Mirtha Vásquez. Cabe recordar que 15 excandidatos al Congreso fueron contratados como asesores en las bancadas de Perú Libre (5), Alianza para el Progreso (3), Fuerza Popular (2), Podemos Perú (2), Avanza País (1), Renovación Popular (1), Partido Morado (1), Somos Perú (1) y Juntos por el Perú (1), según un informe publicado en Wayka.
Cuando fue presidenta del Congreso, recuerda Vásquez, la jefa de Comisiones le alcanzó una lista del personal parlamentario de planta desocupados que podrían ser asignados a las comisiones. «Eran como 27 trabajadores disponibles. Yo no acepté para ninguna comisión que contraten gente externa y le di a los congresistas para que escojan a ese personal desocupado», rememora la expresidenta del Parlamento. «Me puse fuerte con eso. Me odiaron, pero pude controlar los contratos por clientelismo», agrega.
