Foto: Andina

Tras la filtración de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegítimo tres incisos de la ley antitranfuguismo promovida por el fujimorismo, se desata una campal batalla entre los magistrados del TC y la bancada de Fuerza Popular. Bajo esa premisa, desprendemos 4 puntos que explican los antecedentes, los cambios y las posibles represalias del conflicto.

1.- Secuestro parlamentario

En octubre del año pasado, el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley antitransfuguismo con la que, en el caso de que un congresista renuncie a su bancada, quedaría inhabilitado de integrarse a otro grupo parlamentario, formar parte de la mesa directiva del parlamento y presidir comisión alguna.

Desde un mes atrás, en la Comisión de Constitución del Congreso se descubrió el conflicto interno en Fuerza Popular: la exprocuradora y entonces partidaria Yeni Vilcatoma se enfrentaba a sus compañeros de bancada por un proyecto de ley que proponía crear la Procuraduría General y cuyo titular sea elegido por el Consejo Nacional de Magistratura.

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En ese entonces y por peligrosa coincidencia, el fujimorismo estaba más interesado en aprobar la ley antitransfuguismo, que limitaría a que los congresistas que renuncien a sus bancadas puedan reintegrarse a otras. Tras la renuncia de Vilcatoma, la mayoría fujimorista aprobó la Ley Antitransfuguismo, sometiendo a todos los miembros del partido a elegir entre el apoyo incondicional a Fuerza Popular o el destierro político, como en el que se encuentra la exprocuradora.

2.- Una sentencia antifujimorista 

Con cinco votos a favor y dos en contra, los magistrados del TC declararon inconstitucional tres incisos de la ley antitransfuguismo. El fallo se conoció a través de que el congresista Gilbert Violeta difundió la noticia.

Para la mayoría del TC, el inciso 5 del artículo 37 de la ley, que impide que el parlamentario que renuncie a su bancada se integre a otra, vulnera a la libertad de conciencia, a la participación política y a la asociación a partidos políticos o alianzas electorales. 

El inciso 2 del artículo 37, que establece los grupos parlamentarios especiales, y el inciso 2,3 del artículo 76, que indica el mínimo de legisladores para presentar un proyecto de ley, también serían inconstitucionales para los magistrados.

3.- Sometidos a obediencia

Para el fujimorismo, la sentencia filtrada es un golpe antidemocrático que busca dividir y debilitar a los partidos políticos. Como era de esperarse, el único fujimorista a favor del fallo del TC fue Kenji Fujimori, quien fue suspendido por sesenta días tras sus constantes mensajes por Twitter contra su bancada.

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Por otro lado, una reciente columna del congresista Alberto de Belaúnde exhorta a los miembros del parlamento -sutilmente a los de Fuerza Popular- a reconocer lo que ordena la Constitución, en este caso, el fallo emitido por los magistrados del Tribunal.

4.- Contraataque preparado 

El pasado 27 de junio, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por la fujimorista Karina Beteta, admitió la denuncia en conjunto de once altos oficiales de la Marina de Guerra contra los magistrados del TC, por declarar la matanza del penal de el Frontón como crimen de lesa humanidad.

De aprobarse la denuncia de los once marinos, el Congreso -copado y manipulado por Fuerza Popular- podrá remover del Tribunal Constitucional a los magistrados y nombrar a cuatro de ellos.

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A pesar de que no se conoce por completo el fallo del Tribunal Constitucional, Fuerza Popular, con mayoría en las comisiones y en el pleno, podría fácilmente desaparecer constitucionalmente a los cinco magistrados que votaron a favor de la demanda la ley que promovieron para dejar a detractores del partido -como Yeni Vilcatoma- marginados de la legislación.

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