El Perú es un país agrario, por el nivel de empleo que genera y el abastecimiento al consumo nacional. Si el campo no produce, las ciudades no comen. Sin embargo, las políticas públicas implementadas como respuesta al COVID-19 por el Estado aún no generan impacto. Solo el 1% del presupuesto del Fondo de Apoyo al Sector Agrario se ha colocado; este fondo tiene como finalidad de dar préstamos para evitar la descapitalización de miles de productores agrarios.

Sumado a ello, también se tiene la importación de productos sin etiquetado y subsidiado que hizo el Estado en el marco del programa Tayta; con estas acciones y el actual contexto sanitario, cerca de 660 mil familias agricultoras peruanas podrían perder su producción. Pero… ¿cuál es la situación de la mujer rural o campesina en nuestro país que se agrava más con esta problemática?

Distribución desigual
La población peruana es ligeramente paritaria (51% es mujer y 49% es hombre). En el sector urbano sigue la misma tendencia y en el sector rural se invierte (49% mujeres y 51% hombres); sin embargo, según la ENAHO 2018 del total de personas que trabajan la tierra el 82% de propietarios son hombres frente a solo un 18% que está en manos de mujeres.

La tenencia de tierras en nuestro país es altamente asimétrica: cerca del 50% de los propietarios son dueños de minifundios y el 80% tiene incluso mucho menos de 5 hectáreas. Además, solo el 4% de los propietarios en el país tiene más de 10 hectáreas; es decir, como 14 estadios nacionales juntos para una sola persona. Imagínense la desproporción. En el caso de las mujeres el promedio de tenencia de tierra es 53% menor al promedio del hombre. Es así que, no solo es una distribución desigual en tanto propiedad y extensión del predio, también lo es de género.

Trabajo no remunerado
Las mujeres que trabajan la tierra se dedican sobre todo a actividades pecuarias, agrícolas y en menor medida a la explotación forestal, y lo hacen en la mayoría de los casos sin percibir salario. En general, en nuestro país, en el sector rural solo el 17% de las mujeres que trabajan perciben salario, el otro porcentaje -que es una amplia mayoría- lo hace prácticamente gratis.

Frente a estas disparidades urgen políticas agrarias y rurales que empoderen a las mujeres, no solo en sus actividades productivas; sino también en acceso a educación, servicios básicos como electricidad y agua; así como también promover la representatividad de la mujer rural en los diferentes espacios de gobierno. Apenas un porcentaje pequeño (7%) de mujeres ocupa cargos comunales en el país. La tierra y la gobernanza son aún lejanas para nuestras mujeres rurales y campesinas.