La Defensoría del Pueblo señaló que se trata de una lucha por la libertad y la vida con dignidad. Ana Estrada, de 43 años, sufre de polimiositis, una enfermedad incurable y degenerativa que actualmente la tiene casi postrada en cama y con necesidad de asistencia las 24 horas del día.
Redacción Wayka
Hoy la Defensoría del Pueblo (DP) presentó una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima para defender el derecho de la ciudadana Ana Estrada, de 43 años, a una muerte digna.
Ana Estrada padece de polimiositis desde los 12 años y actualmente vive casi postrada las 24 horas del día y conectada a un ventilador. Su enfermedad es incurable y progresivamente deteriora sus capacidades motoras, lo que va paralizando cada uno de sus músculos. Desde hace un año, escribe en el blog «Ana busca la muerte digna», desde donde trata de crear conciencia sobre el derecho que reclama.
En conferencia de prensa, Walter Gutiérrez, el defensor del Pueblo, señaló que la acción de amparo «no es una defensa por la muerte o la eutanasia, sino un alegato por la vida, por el derecho a vivirla con dignidad» .
Sobre la demanda
El documento legal presentado por la Defensoría tiene como objetivo la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, que tipifica como un delito el homicidio piadoso, que sanciona hasta con tres años de cárcel a quien(es) asistan a una persona enferma a poner fin a su vida.
«Por medio de esta demanda, lo que buscamos es que el Estado construya el medio, la fórmula para que Ana encuentre respeto a su dignidad (…) y no la obligue a padecer un camino de sufrimiento, de dolor, que sería la alternativa que quedaría si esta demanda no es escuchada», indicó Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la DP.
La acción de amparo está dirigida al Seguro Social de Salud (EsSalud), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Justicia (Minjus). Según precisó el defensor del pueblo, Ana Estrada se atiende en EsSalud, y esta sería la institución a la que le tocaría cumplir su decisión de morir dignamente. Por otro lado, el Minsa sería el ente encargado de expedir las normas técnicas que puedan hacer viable la decisión de Ana. Finalmente, el Minjus está involucrado porque se está pidiendo que no se aplique un artículo del Código Penal.
Cabe aclarar que, si se admite la acción de amparo, solo se dejaría de aplicar dicho artículo del Código Penal en el caso concreto de Ana Estrada. Sin embargo, Gutiérrez declaró que dicha decisión significaría un precedente muy importante «y tal vez el siguiente paso sea que los legisladores diseñen una norma que garantice este derecho».
Existen precedentes en la región respecto al derecho a morir con dignidad. Colombia, por ejemplo, reconoció este derecho en 1997, e implementó un protocolo en 2015 con condiciones estrictas para su aplicación.
Una lucha por la dignidad
La demanda de amparo está sustentada en el derecho a la dignidad, que incluye el derecho a morir dignamente. Ana Estrada no espera que todos estén de acuerdo con su decisión, pero sí pide respeto. «Los derechos no pueden estar ligados a creencias o ideologías», sostiene.
En un blog que estrenó en 2019, comparte sus reflexiones sobre la vida y la muerte, a partir de los difíciles episodios por los que su enfermedad la ha hecho pasar.
«(…) llevo 3 años investigando, preguntando, contactando, elucubrando mil formas de hallar la muerte sin que mi familia salga perjudicada. Y hasta he tratado de ahorrar (ingenuamente) para ir a Suiza. Pues bien, me cansé y decido que lo último que me queda por hacer es contarles de mi historia y mi lucha y así encontrar apoyo no solo de los que me conocen sino también de cualquiera que crea en el derecho a la libertad. Creo que no hay mayor gesto de amor que el de ayudar y apoyar a un ser amado a hallar su muerte y ponerle fin al sufrimiento», escribe en una de las entradas del portal.
«Este derecho nace de la autonomía de la voluntad, de la libertad que tenemos todos los seres humanos para decidir nuestra historia de vida. Más aún en el último capítulo de nuestra existencia», declaró Walter Gutiérrez.
«Ana ha agotado varias vías, ha buscado la muerte de manera clandestina pero ella no quiere esas opciones. Ella quiere que el Estado peruano reconozca que las personas, y en su caso específico, Ana tiene el derecho a decidir en qué condiciones ya no es posible seguir resistiendo los dolores que ella padece producto de su enfermedad», explicó Josefina Miró Quesada, asesora de Alta Dirección de la DP.